Los abogados se impacientan y denuncian nula actividad del Judicial

Sube la tensión entre los letrados y el TSJ. Para complicar el panorama, el gremio de empleados ya adelantó que no aceptará que se mida el rendimiento de los agentes que hacen teletrabajo.

El malestar de los abogados cordobeses por el estado de feria extraordinaria del Judicial provincial va en aumento y se acumulan los reclamos para que se active; es decir, para que se abran los edificios y haya presencia de funcionarios y empleados.
Esta semana escaló la tensión entre los letrados y el TSJ a raíz de la nota redactada por la presidenta del Alto Cuerpo, Marta Cáceres de Bollati, quien aseguró que la Justicia no está paralizada y les indicó que le cursen sus pedidos al Poder Ejecutivo Nacional.
La vocal les endilgó desconocer tanto la vigencia del marco jurídico que “expresa y explícitamente” se fijó para el régimen legal de desempeño de tareas laborales como “las vías legales pertinentes para gestionar o ampliar las excepciones contempladas” en el decreto 297/20 y mandas complementarias.
Además, Cáceres de Bollati adelantó que los tribunales seguirán apoyándose en el teletrabajo para cumplir sus tareas.
El sermón de la magistrada alteró los ánimos de las autoridades del Colegio de Abogados, que le exigieron a la Máxima Instancia que defina acciones concretas.
En un comunicado, la entidad que preside Ignacio Segura manifestó que el TSJ intenta mostrarle a la sociedad una “aparente continuidad” que no refleja la realidad.
Para los letrados, el esquema actual de trabajo es “irremediablemente insuficiente” y afecta gravemente sus sus derechos y los de los justiciables.
“No se puede desconocer que el funcionamiento de los tribunales en cada una de las sedes y fueros es mínimo y de casi nula productividad”, expuso. Bajo esa premisa, cuestionó los datos sobre causas que difunde el TSJ, al valorar que de ninguna manera se puede pretender argumentar con números o estadísticas que el servicio está asegurado.

Producción
Para complicar en cuadro de situación, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) rechaza que se mida la productividad del trabajo remoto por agente porque, a su entender, viola derechos laborales.
“Gran parte de la tarea judicial no es asimilable a producción por cantidades, no es medible como si de una línea de producción se tratara. Cada expediente toma diferentes caminos procesales, aborda diferentes materias reguladas por distintas leyes de fondo y forma y, por tanto, hay diversos tiempos de elaboración, con líneas argumentales distintas. Esto no se puede homogeneizar, lo sabe cualquier funcionario judicial y cualquier abogado litigante”, disparó el sindicato.
La postura del grupo que lidera Federico Cortelletti -quien estima que ningún judicial “puede sentirse obligado por una decisión unilateral que altera las relaciones de trabajo establecidas”- genera un nuevo frente de batalla para el TSJ y otra preocupación para los letrados.

Litigantes
Aunque se suman las voces para que el rol de la Justicia se equipare al de un hospital, cualquier paso tendiente a que cese la situación de feria debería articularse con la flexibilización de la cuarentena para los actores del sistema.
La mayoría de los litigantes opina que la Administración de Justicia no está garantizada y denuncia que el ejercicio de su profesión se limita a casos urgentes.
Por ahora, el oficialismo en el colegio encabeza las gestiones, pero la oposición viene solicitando mayor participación en la toma de decisiones.
El 24 de abril naufragó en una sesión de directorio el pedido de ocho consejeros para convocar a una asamblea extraordinaria con la Máxima Instancia y el Ministerio de Justicia, a fin de esclarecer cómo y cuándo se retomará el trabajo presencial en los tribunales.
Los letrados Fabián Videla, Guillermo Lucero, Cristian Oliva, Candela Susa, Carolina Romero, Cecilia Coca, José Viale y Martín Navarro plantearon la necesidad de hacer una reunión virtual, con participación de los colegiados, para definir un protocolo de actuación que contemple las medidas sanitarias relacionadas con la prevención del Covid-19 y los pasos a seguir para normalizar las actividades.

Modelo
En los poderes judiciales de todo el país hay jueces, funcionarios y empleados trabajando. Sin embargo, son pocos los que ponen el cuerpo y asisten a tribunales y el grueso del sector sigue en su casa y se vale de herramientas informáticas. Ese es el cuadro de situación en Córdoba y en otras jurisdicciones.
La actividad es mínima y los conflictos se acumulan. La feria extraordinaria declarada por las Máximas Instancias provinciales y por la Corte Suprema por la emergencia sanitaria que generó la propagación coronavirus en el país paralizó a la Justicia.
Los empleados se resisten a volver a sus puestos y los gremios los respaldan. Lo propio sucede con magistrados y funcionarios que, por su edad, integran el grupo más susceptible a virus.
Un modelo para romper la inercia ya se puso en marcha en Entre Ríos, que implementó un esquema de trabajo especial hasta que finalice el aislamiento obligatorio.
Vía acuerdo especial, el Superior Tribunal entrerriano que la actividad se retome a puertas cerradas, por la mañana, con jueces, funcionarios y un empleado por despacho.
El sistema incluye la disponibilidad de todo el personal, en forma presencial o virtual, en el horario de servicio, y establece que la gente “de riesgo” (por edad, salud o convivencia con personas añosas o enfermas) no vaya a las sedes pero sea tenida en cuenta de manera prioritaria para teletrabajar.