Panal “ajustará” diálogo con fiscales para calmar a CGT

Desde la Provincia aseguran que el ejercicio de la libertad sindical está plenamente garantizado y ponen como ejemplo el conflicto con AOITA. De todas maneras, anticipan una mayor coordinación con el Ministerio Público Fiscal para mediar entre conflictos gremiales y las reglas del contexto extraordinario de pandemia.

Por Yanina Passero
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La libertad en tiempos de coronavirus ha sido uno de los ejes de debate más interesantes en un momento de cambio de las dinámicas conocidas hasta ahora. Organismos internacionales recomiendan a los gobiernos proteger a las personas e instituciones adoptando un enfoque más cooperativo, global y basado en los derechos humanos. Se anticipaban a los conflictos de intereses que no tardaríamos en observar. Esta semana sucedieron dos altamente esperables.
Los comerciantes, que sólo contaron pérdidas durante la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, lanzaron un ultimátum y planean abrir sus puertas el lunes próximo. Es de suponer que la advertencia busca acelerar la incorporación del sector mercantil a la lista de flexibilizaciones que ya se barajan a nivel nacional y provincial, más que un interés talibán de buscar conflictos con la ley.
La CGT Regional Córdoba aportó el segundo ejemplo al denunciar una avanzada sobre el libre ejercicio del derecho sindical en la empresa Bagley del Grupo Arcor por la intervención policial durante una asamblea; también, por la detención de cuarenta trabajadores municipales de Jesús María que realizaron un piquete, supuestamente, autorizado.
“Estos hechos han movido a esta CGT a dirigirse a las autoridades del Ministerio Público Fiscal reclamando garantías para el desarrollo de la actividad gremial, como derecho constitucional y en el marco de la Emergencia Sanitaria. De lo contrario cabe preguntarse: ¿quién protegerá a los trabajadores frente a posibles situaciones de conflicto como las señaladas si los representantes de los trabajadores están expuestos a la detención si lo hacen?”, el párrafo más contundente del descargo epistolar.
La Provincia no se siente interpelada por la acción de la central obrera porque aseguran que las libertades gremiales están perfectamente garantizadas, incluso en un contexto de caos epidemiológico. Ubican como ejemplo el paro de Aoita que se sostiene desde el 13 de abril en el marco de un conflicto salarial.
Por consiguiente, desde el Panal encasillan la movida cegetista como una “sobreactuación”, como un gesto de camaradería entre Pihen y el secretario General del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, Héctor Morcillo, amigos desde su temprana militancia en la juventud sindical cordobesa. Igualmente, reconocen la legitimidad de los reclamos que representan pero recomiendan otros métodos alternativos de negociación para evitar la confrontación con la Justicia.
Prometen “ajustar” el diálogo con el Ministerio Público Fiscal para evitar “un embarazo de pandemia”, es decir, lograr la convivencia entre la actividad sindical y las disposiciones del DNU 297/20, que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
En definitiva, se busca una mayor participación del Ministerio de Trabajo de la Provincia en la solución de los conflictos que, como se sabe, explotarán al ritmo de la profundización de la crisis.

Cumplió 24 días el paro en el transporte interurbano de Córdoba

El servicio de transporte interurbano de pasajeros de Córdoba cumplió ayer 24 días ininterrumpidos de paro total de actividades en reclamo del pago salarios adeudados, una medida gremial que afecta a usuarios de toda la provincia.
El secretario general de la Asociación Obreros de la Industria del Transporte Automotor (Aoita), Emilio Gramajo, manifestó ayer a los medios que hay conformada una mesa de diálogo en la que, hasta el momento, “no se presentaron propuestas concretas” por parte del sector empresarial, por lo que “el paro continúa por tiempo indeterminado”.
El sindicalista precisó que se está reclamando la deuda pendiente de los salarios correspondientes al mes de marzo y precisó que hasta el momento se liquidaron entre el 40 y el 70% del total, y hay “mucha preocupación por los sueldos de abril y mayo”.
El Ministerio de Trabajo de la Provincia mantiene abierta una mesa de crisis, con la participación del sector sindical y los empresarios nucleados en la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) y de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Córdoba (Asetac).
El paro comenzó el 13 de abril y los empresarios sostienen que no cuentan con los fondos para hacer frente a los pagos salariales debido a la baja de recaudación desde la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, y por la inactividad debido a la medida de fuerza.
En ese marco, los empresarios vienen solicitando asistencia de recursos estatales.
El transporte interurbano de pasajeros es esencial para conectar la capital local con las localidades del Gran Córdoba, y la medida gremial también afecta a los servicios urbanos en el interior por la competencia sindical que tiene Aoita en el sector.