Financiamiento de bomberos, una sirena que no para de sonar

Por Guillermo Geremía

“Nos vemos perjudicados, no podemos salir a cobrar a nuestros socios, no pudimos hacer los eventos que teníamos previstos para recaudar fondos en marzo y abril. Venimos un millón de pesos abajo en el presupuesto. Más ahora que tenemos que luchar para que nuestra gente este protegida y pueda salvar a quien tenga un accidente en la ruta, por ejemplo”, afirma Darío Monetti, presidente de la Sociedad Civil que administra el cuartel de Río Cuarto.

La historia reciente del financiamiento de la actividad de bomberos voluntarios está escrita con recurrentes polémicas entre los integrantes de bomberos y funcionarios municipales o provinciales encargados de garantizar los fondos para que los servidores públicos puedan cumplir su rol. El reproche de hoy está relacionado con el monto anual que recibe de la provincia apenas superior al medio millón de pesos, igual para todos los cuarteles de Córdoba. Monetti se quejó que no se tenga en cuenta si la ciudad es de 200 mil o 20 mil habitantes y todas reciban el mismo monto fijo. Lo mismo ocurre a la hora de la asignación de elementos para la protección personal o insumos específicos. “Podemos asistir a emergencias en eventos de gran magnitud. El tema es que después no estaremos en condiciones de reponer nuestros elementos que se pueden romper o insumos como productos químicos para determinado tipo de incendios. Estamos alertando eso porque desde hace tiempo bregamos por la redistribución de los recursos y de los subsidios”, ha repetido en sus apariciones públicas el presidente de la entidad. No resulta producto de la casualidad el planteo de Monetti en plena emergencia por la pandemia. Más bien es una irrupción planificada para instalar un debate.

Un par de días después de que la “sirena de bomberos” sonara por los medios de comunicación, el legislador departamental delasotista Franco Miranda, presentó un proyecto de creación del “Fondo Complementario de Sustentabilidad de la Actividad Bomberil, con el objeto de compensar los mayores gastos diferenciales por niveles de siniestralidad y población que afrontan las Sociedad de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba”.

El reemplazante de Adriana Nazario en la banca regional de la Unicameral propone un cálculo para la distribución de los aportes acumulados según la densidad demográfica que cubran los cuarteles y el nivel de siniestralidad de cada jurisdicción. Es el mismo criterio que reclama se aplique el presidente de los bomberos del “Imperio”.

Miranda viene trabajando activamente, desde su primer mandato como legislador, con los bomberos de distintas localidades de la provincia. En esa recorrida por los cuarteles pudo advertir que no todos los bomberos tienen el mismo déficit de recursos. “Algunos no saben de dónde sacar plata para funcionar y otros tienen cuarteles que parecen de Manhattan”, asegura con sorpresa el parlamentario. Es decir que el financiamiento provincial y la colaboración local les alcanzan a algunos bomberos para estar actualizados en unidades, recursos técnicos y humanos. Y otros no pueden hacer frente al pago de la boleta de EPEC a fin de mes. Río Cuarto está entre estos últimos. ¿Es por falta de financiamiento? ¿Río Cuarto no colabora con los bomberos como sí lo hacen otras ciudades? ¿Depende de la impronta de quienes conducen los destinos del cuartel juntar fondos para funcionar y crecer? ¿Debe la capital alterna dejar de tener bomberos voluntarios para profesionalizar su actividad como ocurre en la ciudad de Córdoba?

Las preguntas que incomodan alimentan una discusión que se torna cíclica y recurrente en una ciudad que tienen a los bomberos voluntarios en la cima del reconocimiento entre los servidores públicos pero que no se ocupa de garantizarle los recursos para su funcionamiento sin la amenaza constante de que no salga más agua de la manguera.

Ignacio Puelles, ex presidente de la asociación, cree que es trascendente el rol del voluntariado en el prestigio de los bomberos, sostener la figura de quienes “hacen sin pedir nada a cambio”. En el cuartel de Río Cuarto una veintena de bomberos son rentados y pagados con recursos de la institución mientras que el resto asisten por pura vocación de servicio. Puelles afirma que ese no es un elemento menor, además de considerar que a la Provincia le costaría financiar un cuartel con un centenar de bomberos, 100 millones de pesos por año como mínimo. “Si la provincia le destina 100 litros de gasoil por mes y le perdona la luz a bomberos resuelve el problema, cuánta plata gana y tiene los bomberos funcionando”, pregunta el veterinario.

Puelles fue durante su mandato protagonista de intensas discusiones públicas en la puja de recursos para el cuartel. En mayo de 2012 le reclamó al entonces Intendente Jure, el pago atrasado de la tasa municipal que sostenía a bomberos, lo que le valió que lo acusaran de encabezar un reclamo político dado que había sido candidato a concejal de un sector del peronismo. Al año siguiente, en setiembre de 2013, polemizó con el Gobernador De la Sota porque la provincia adeudaba 8 meses del Plan Provincial de Manejo del Fuego, pese a que estaban firmados convenios de rigor que exigían el pago de una suma fija mensual. Ahora lo señalaron por su identificación con el kirchnerismo. Después de esas dos encendidas polémicas bomberos pasó a manejar en Río Cuarto la central de emergencia y Defensa Civil, sendas fuentes de financiamiento extras que le permitió seguir funcionando con relativa normalidad.

Ya más cercano en el tiempo, la discusión se reavivó debido a que con los tarifazos energéticos del macrismo se empezó a mirar con detalle la factura de EPEC. Allí se cobraba el fondo del fuego que permitía recaudar unos 100 millones de pesos anuales. La tasa había sido creada en 2004 durante la segunda gestión de José Manuel De la Sota para equipar a los cuarteles tras un verano tórrido que quemó miles de hectáreas. Alineado con Macri, Schiaretti en agosto de 2017 eliminó el cobro de la tasa en la boleta de EPEC pero prometió mantener el Fondo con los recursos de rentas generales. El flujo de financiamiento a los 196 asociaciones existentes en Córdoba (14 de ellas en el Departamento Río Cuarto) ya no fue el mismo desde entonces.

Ya más cercano en el tiempo, en julio de 2018 y 2019, bomberos tuvo que salir a reclamar por la falta de recursos restringidos por disposiciones del Gobierno Nacional al incumplir la Ley 25.065 que garantizaba recursos provenientes de las primas de seguros. En noviembre del año pasado los bomberos debieron hacer su “full monty” porque no podían pagar las onerosas facturas de EPEC, servidores públicos obligados a desnudar sus miserias.

La sirena económica de los bomberos ha vuelto a sonar fuerte por estos días debido al precario equilibrio de sus finanzas. Esta vez se mezclan con innumerables alarmas que están saltando en todos los sectores de la sociedad debido a la profundización de la recesión económica. Es posible que este no sea el mejor momento para que surja una decisión definitiva a largo plazo para garantizar el funcionamiento del cuartel. A lo mejor sucederá que esa respuesta llegue el día que los bomberos no puedan asistir a un siniestro porque no tenían los recursos para hacerlo. Lamentablemente la historia nuestra es demasiado pródiga en este sentido. Así son las cosas.