Bonistas rechazan la oferta de canje; Gobierno decepcionado y default más cercano

Aun antes del confinamiento, el gasto público corriente creció por encima de la inflación (63% en el primer trimestre) y el gasto público en inversiones cayó 18%. El resultado es que el 2020 arrancó con un déficit fiscal primario equivalente al 2,3% del PBI y de seguir la tendencia se agudizaría el rojo. Otro riesgo es acelerar la emisión más de lo que se hizo hasta ahora porque podría empujar la inflación.

Tres importantes grupos de acreedores de bonos de la deuda argentina expresaron formalmente su rechazo a la propuesta de canje presentada por el Gobierno argentino. Se trata del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Cambio de Argentina que representan colectivamente un amplio y diverso espectro de tenedores de bonos soberanos.

La decisión es a cuatro días antes del cierre de la oferta -pautado para el próximo viernes 8 de mayo- y pone al Gobierno ante la disyuntiva de flexibilizar la propuesta o asumir que el país marchará a un nuevo default; con el rechazo de estos grupos no se alcanzará el porcentaje de adhesión que le permita concretar el canje.

Por la oferta formulada -básicamente se plantea una quita de capital de entre 5% y 12%, dependiendo el plazo del nuevo bono; no se pagarán capital ni intereses hasta finales del 2022 y entre el 2023 y 2025 se pagará una tasa de interés muy baja (del orden del 0,5% anual)- la gestión de Alberto Fernández no tendrá que destinar prácticamente ingresos a los bonistas. Los acreedores plantean que la propuesta es mezquina y arbitraria y el ministro Martín Guzmán ya argumentó en reiteradas veces que el país no está en condiciones de pagar hasta tanto no recupere el crecimiento económico.

“El Gobierno de la Argentina ha revisado y está decepcionado con la declaración del día de hoy por parte de tres grupos de acreedores. Mucho puede cambiar en el transcurso de una semana. Tenemos la esperanza de que nuestros acreedores reconozcan que, especialmente a raíz de la crisis del COVID-19, Argentina no puede pagar más”, plantea un escueto comunicado de prensa de Hacienda de ayer, el mismo día en que todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, con excepción del puntano Alberto Rodríguez Saá, firmaron una solicitada en apoyo a la Nación en el proceso de reestructuración de la deuda externa.

Los mandatarios reafirmaron que “en un contexto mundial adverso y de alta incertidumbre por el impacto del Covid-19, la República Argentina procura ante la comunidad internacional un plan de pagos sustentable y creíble, hecho con seriedad, en base a la capacidad de pagos del país, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, desterrando cualquier tipo de especulaciones”.

Un trabajo de la consultora Idesa ratifica que uno de los ítems que integra el problema permanente de la deuda y que es la alta propensión a gastar por encima de los recursos. La dinámica de las finanzas públicas en el primer trimestre del 2020 –antes de que la cuarentena pegara de lleno a la economía- marca que los ingresos públicos crecieron 36% con respecto a igual período del año anterior.

El gasto público corriente (salarios, jubilaciones, prestaciones sociales y transferencias al sector privado) creció un 63% y el gasto público en inversiones cayó 18%. Estos datos muestran que los ingresos públicos crecieron muy por debajo de la inflación que en el período fue del 50%. Sin embargo, los gastos crecieron muy por encima de los precios.

“Esto se explica por el desaforado crecimiento del gasto corriente ya que la inversión pública en términos reales se redujo a menos de la mitad respecto al 2019. El resultado es que el 2020 arrancó con un déficit fiscal primario equivalente al 2,3% del PBI”, agrega el estudio.

En ese delicado contexto fiscal apareció el coronavirus en el que el Gobierno adoptó la medida del confinamiento absoluto. Una de las consecuencias es que desde el 19 de marzo gran parte de la producción se paralizó. “No se tiene todavía los resultados fiscales de abril, pero según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto presupuestario de las acciones tomadas por el gobierno para paliar el confinamiento asciende a otros 2,3% del PBI. Esto implica que el déficit fiscal ya debe estar por encima del 5% del PBI, dado que todavía falta computar el efecto caída de la recaudación”, describe Idesa.

Esta situación marca una diferencia sustancial con los países desarrollados (Estados Unidos y la mayoría de los de la Unión Europa) que apelan al endeudamiento y a la emisión para paliar las consecuencias de la parálisis productiva. Pero la Argentina no está en las mismas condiciones. No puede endeudarse -aun suponiendo que resultara exitoso el canje de deuda- y tiene muy limitado espacio para emitir. Si el confinamiento se sigue prolongando, el déficit fiscal puede llegar a superar el 10% del PBI.

Para la consultora, esto obligaría a una masiva emisión monetaria que duplicaría la base monetaria (actualmente en el 8% del PBI) y la cantidad de dinero que la gente tiene en efectivo, en cuentas corrientes y caja de ahorro (12% del PBI) y tiene implícito un alto riesgo de hiperinflación.

Para los analistas, no se están considerando suficientemente los daños productivos, sociales y sanitarios que genera el aislamiento y tampoco se adoptan las medidas tendientes a explicitar y distribuir equitativamente el sacrificio de paralizar la producción: “La prueba más contundente es la resistencia a reducir los sueldos de los empleados públicos. En este contexto, el desenlace del canje de deuda pública es un tema menor frente a los enormes costos sociales que genera la mala administración del Estado”.