Blancos y rojos, ¿la nueva grieta?

Por Pablo Esteban Dávila

Es un hecho que la cuarentena ha ingresado en una fase crítica. Al inicial consenso social sobre su implementación, le sucede ahora una mezcla de hartazgo personal y preocupación por la subsistencia. Los sectores que reclaman una urgente flexibilización advierten sobre las graves consecuencias que el aislamiento social, preventivo y obligatorio está teniendo sobre la economía y el empleo a lo largo y ancho del país.

El presidente no es ajeno a este clima, pero no sabe como salir de la jaula dorada que él mismo ha construido. Repárese, por ejemplo, en su anuncio de las “salidas recreativas”. Tan pronto de formulado, les delegó a los gobernadores la tarea de implementarlas. Como ninguno de ellos piensa ser noticia por disparar los picos de contagio en sus jurisdicciones ante una actividad cuyos efectos se ignoran, la idea quedó fulminada por el rayo sanitario que, por ahora, todo lo condiciona.

Como la fórmula para salir del aislamiento todavía no se conoce y muchos dudan de que, efectivamente, el gobierno la tenga, surgen propuestas de forzar atajos por doquier. Los intendentes de todo el país son los niños exploradores que investigan diversas alternativas tendientes a escapar de una situación que se les ha tornado apremiante y ante la cual sus electores comienzan a alzar la voz.

En Córdoba esto se ha vuelto particularmente intenso, especialmente en los últimos días. Hay muchos departamentos y ciudades importantes que no tienen ningún caso de coronavirus, como si la pandemia los hubiese pasado por alto. Sus intendentes se preguntan (y lo hacen ante el Comité de Operaciones de Emergencias – COE) por qué demonios deben mantener a sus poblaciones encerradas cuando no existe riesgo de contagio ni, aparentemente, circulación local del Covid-19.

Es un buen punto. Habida cuenta el comportamiento social verificado en buena parte de la geografía cordobesa, no sería aventurado suponer que en tales lugares podrían levantarse, prácticamente sin riesgos, las restricciones existentes. Es cierto que, a cambio de tales liberalidades, habría que adoptar un protocolo para evitar la plena circulación de personas desde y hacia conglomerados con noticias de infección, pero se antojan molestias mínimas frente al panorama actual. No parece demasiado complejo hacerlo.

En el Centro Cívico esta idea está siendo evaluada con prudencia. Por de pronto, ya hay un mapa de las zonas “rojas” y las “blancas” en la provincia. Las primeras son aquellas en donde existen infectados y muertos por el virus; las segundas, en donde éste no ha ingresado. Naturalmente se prevé, en lo inmediato, mayores concesiones hacia estas últimas.

Las autoridades de las áreas blancas alientan esperanzas de que la pesadilla, al menos en la forma actual, comience a desvanecerse, en tanto que las de las rojas comienzan a presionar para que su situación se revea. Ciertos poblados están dentro en esta categoría sólo por pertenecer a un departamento con casos positivos, aunque los infectados habiten en otras partes. Es la tiranía de la división administrativa mediterránea.

Es obvio que la alternativa bicolor goza de genuina predisposición en el equipo del gobernador. Si buena parte de la provincia puede retomar la normalidad esto significará que allí comenzará una bienvenida recuperación económica, con el correspondiente flujo de impuestos propios. Es en materia tributaria, precisamente, en donde el impacto de la cuarentena se siente con particular virulencia.

Esto, obviamente, no es privativo de Córdoba. En la provincia de Buenos Aires existen preocupaciones similares y aun mayores, dada la situación sanitaria del conurbano y de otras importantes ciudades. El gobernador Axel Kicillof enfrenta dificultades propias de un distrito con déficits y carencias estructurales, ahora agravados por la pandemia en curso. Sus intendentes están más que preocupados por lo que allí ocurre, al igual que el propio Fernández. Puede que Buenos Aires no haya logrado hacer un presidente de uno de sus gobernadores, pero está comprobado que es perfectamente capaz de destituir al ocupante de la Casa Rosada cuando las cosas se complican.

El común denominador es la falta de recursos. Según publica Clarín en la edición de ayer, en el partido de Tres de Febrero, por citar sólo uno, el 67% de las industrias están cerradas, el 56% de los comercios permanecen con las persianas baja y los que están funcionando venden menos que antes. En algunos partidos, especialmente los más pobres, la caída en la recaudación de recursos propios orilla el 70%. Son números escalofriantes, apenas por debajo de los datos que, hasta hace poco, llegaban desde Italia o España. No hace falta ser demasiado pesimista para adivinar las consecuencias que, para la vida del común de las personas, traerá aparejada esta debacle.

En otras jurisdicciones surgen consideraciones similares. Santa Fe, por caso, tiene sus propias áreas blancas, potenciadas por el hecho de que el distrito cuenta, apenas, con dos casos mortales. Alejandro Bongiovanni, de la prestigiosa Fundación Libertad con sede en Rosario, se ha preguntado públicamente si el aislamiento dispuesto no es, acaso, “casi un suicidio colectivo (…) el acto de irracionalidad colectiva más grande de la historia contemporánea del ser humano” que, en su provincia, se agrava aún más por haberla paralizado por completo con tan baja letalidad. Es un cuestionamiento que puede amplificarse en los próximos días sobre bases perfectamente cartesianas.

Es posible que comience a surgir una nueva grieta en un país que ya tiene varias: la que separa a las áreas blancas de las rojas. En aquellas, presumible cotidianeidad; en estas, continuidad de restricciones forzosas. El muro divisor, invisible a los ojos, será la ocurrencia de infecciones (y de decesos) en determinados lugares, independientemente de las conductas o del compromiso sanitario de sus habitantes por evitarlas.

El gran problema consistirá en que quienes habiten las rojas no se quedarán de brazos cruzados, al menos para siempre. Habrá demandas de “blanquearlas” si, por ejemplo, no surgen nuevos contagios en determinado tiempo o si el índice de letalidad no supera tal o cual ratio. El presidente y los gobernadores deberán administrar, como si no tuvieran suficientes desafíos, también la coexistencia de dos países diferentes e incomunicados entre sí a pesar de ser parte de la misma Nación. ¿Podrían, efectivamente, hacerlo? ¿Por cuánto tiempo? Es una cartografía cuya confección final está en manos de Fernández, a menos que prefiera, como ya lo hizo, derivarla hacia los atónitos mandatarios provinciales.