Por Pablo Esteban Dávila
No hay dudas que la Caja de Jubilaciones es la eterna piedra en el zapato de las administraciones cordobesas. Originariamente establecida para el pago de haberes a los pasivos provinciales, con el tiempo se ha convertido en un barril sin fondo. Reclama para sí no solamente los descuentos que la ley establece sobre la nómina de los estatales, sino también una parte importante de los impuestos que paga el resto de la sociedad.
La injusticia es flagrante. La Caja es deficitaria y debe ser equilibrada, todo el tiempo, por aportes de quienes jamás verán un peso de ella. El asunto se vuelve incluso más irritante al comprobar que las jubilaciones que otorga son mucho más elevadas que las que paga la ANSES, un verdadero caso de “Hood Robin”, en donde los pobres subsidian a los ricos.
Este es un tema recurrente. Cuando Ramón Bautista Mestre se negó a transferirla a la Nación en el marco de la privatización del sistema jubilatorio que, hacia 1994, impulsó Carlos Menem, condenó a sus sucesores a penar por su financiamiento. Desde entonces es la historia de nunca acabar. En épocas de bonanza -que, por cierto, no abundan en absoluto- la opinión pública tiende a olvidar que existe el problema. Sin embargo, cuando sobreviene una crisis, todas las miradas se vuelven hacia este elefante blanco de las cuentas públicas.
Los gobiernos peronistas han intentado ajustarla al menos en dos ocasiones. En 2008, durante el primer mandato de Juan Schiaretti, la discriminación que sufría Córdoba luego de la crisis del campo obligó al gobernador a reformar la Ley de Jubilaciones, estableciendo una nueva fórmula de cálculo y un aporte forzoso de los haberes más altos. La decisión motivó una serie de protestas que incluyeron la vandalización de la peatonal cordobesa y la quema de una parte de la Plaza San Martín.
En 2012 José Manuel de la Sota intentó utilizar la inflación como medio para licuar el déficit del organismo. Mediante una ley presentada por él mismo en la Legislatura y tratada sobre tablas de inmediato, difirió seis meses los incrementos a los jubilados contados desde la fecha de los aumentos concedidos a los activos. Esta norma fue posteriormente derogada por Schiaretti pero, mientras tanto, cumplió adecuadamente su propósito.
Ahora, con la crisis generada por el Coronavirus, la Caja regresa al tope de la agenda. Mediante una, cuanto menos, ingeniosa interpretación del recorte de los haberes del gobernador dispuesto por el Decreto 255/2020, sus autoridades han dispuesto una serie de deducciones en las jubilaciones y pensiones que superen los 110.789 pesos. Se estima que la poda rondará el 7 por ciento de los haberes y que impactará en unos 9 mil beneficiarios, con un ahorro de casi 100 millones de pesos mensuales. Es, claramente, una estudiada secuela del ajuste político impulsado por Schiaretti. La próxima vez que se reclame airadamente por un gesto de la clase gobernante, los pasivos provinciales tendrán que pensárselo dos veces.
La mayor parte de los damnificados por esta medida son jubilados de la municipalidad de Córdoba. Esto no debería motivar a sorpresa dado que, en promedio, los afiliados al SUOEM reciben más de cien mil pesos mensuales en su condición de activos. Por este motivo, el gremio ha anunciado que estudiará, junto con sus abogados, una presentación ante la medida dispuesta por el gobierno.
La reacción era esperable pero, a decir verdad, ahora resulta módica. Está muy lejos de sugerir que devendrá en vandalizaciones del tipo de las cometidas en 2008. Además, debe decirse que otros sectores del mundo gremial han acogido con fraterna comprensión este recorte, especialmente los sindicatos que representan a los trabajadores privados. Ocurre que, esta vez y a diferencia de los antecedentes reseñados, el horno no está para bollos.
Debe tenerse en cuenta que las restricciones en el sector privado comenzaron hace rato y que no parece que vayan a morigerarse en las próximas semanas. Varios gremios han acordado con la contraparte patronal importantes reducciones salariales, en tanto que el gobierno ha debido comprometerse a pagar parte de los sueldos de quienes no pueden trabajar debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio en vigencia.
La situación es más grave entre los que militan en la vaporosa categoría de monotributistas. Ellos son sus propios empleadores y comprenden desde pequeños comerciantes hasta profesionales, pasado por el variado universo de técnicos, plomeros o electricistas. Impedidos de trabajar y, las más de las veces, carentes de ahorro, deben ingeniárselas para reinterpretar la cuarentena de modo tal de llevar adelante pequeños trabajos o changas orientadas al mantenimiento.
Además, y si de jubilados se trata, los nacionales también tienen su propio calvario. Una de las primeras decisiones del presidente Alberto Fernández consistió en derogar la fórmula de ajuste impuesta por Mauricio Macri en 2017 y reemplazarla por decretos presidenciales ad hoc. Esta medida, tomada cuando la amenaza del Coronavirus era algo así como una distopía, luce en este momento como anticipatoria, habida cuenta las apremiantes exigencias que la pandemia impone sobre las cuentas públicas. Es otro argumento para validar el recorte dispuesto por la provincia. Si los beneficiarios de la ANSES dependen de que Fernández se levante con el pie derecho para ilusionarse con un aumento, los de la Caja bien pueden soportar una medida de excepción.
El contexto es, por lo tanto, lo suficientemente precario como para que el anuncio de la Caja sea asimilado con cierta ecuanimidad. Si, de por sí, es complicado exigir que el resto pague por jubilaciones que exceden largamente las que ellos tendrán cuando se retiren, mucho más resulta hacerlo en ahora. El Covid 19 ha resultado en un ajustador mucho más persuasivo que la inflación, el déficit público o la carga impositiva. Schiaretti, fiel a su instinto de contador, ha visto en la coyuntura la oportunidad para mostrar al resto del país que, con las limitaciones harto conocidas, el Estado también es capaz de aportar lo suyo sin morir en el intento.
