Por Felipe Osman
En declaraciones a La Voz del Interior, la secretaria general de la Municipalidad de Córdoba, Verónica Bruera, explicó que el municipio hará un “esfuerzo tremendo” para pagar los salarios de sus empleados de abril, que en promedio rondan los 126.000 pesos. “En mayo -agregó- el panorama es absolutamente incierto”.
Las expresiones de Bruera son categóricas por su contenido. Tras denodados esfuerzos, el municipio apenas logrará pagar una plantilla salarial incluso menor a la ordinaria, al no incluir las extensiones de jornada de los municipales alcanzados por el receso administrativo ni los aportes patronales por el último aumento salarial, cuyo blanqueo quedará postergado.
Pero más aún lo son porque adelantan que la decisión del Ejecutivo de no abonar las extensiones de jornada no surge de una deliberación subjetiva, sino de una resolución impuesta por la realidad: no existe la posibilidad de pagar más, el municipio no tiene dinero para hacerlo. Se trata, en términos ajedrecísticos, de una “jugada forzada”, de un accionar inexorable. Y no es este un asunto menor.
La crisis, entendida como coyuntura inestable que conmueve la situación preexistente y depara cambios profundos hacia el futuro, no puede tomar el timón. Y, en rigor, tampoco puede gobernarse. Es necesario gobernar por delante de la crisis.
Días atrás representantes de la CGT Nacional firmaron con representantes de la UIA un acuerdo que dispone una reducción salarial del 25 por ciento para los empleados del sector industrial que no prestan servicios por razón de la cuarentena, para garantizar la subsistencia de los puestos de trabajo. Ayer, el sindicato de Comercio hizo lo propio. Buena parte de los analistas entiende que fue sólo un primer paso, y que si la crisis sigue profundizándose -como se espera- las reducciones pronto alcanzarán a los activos.
Si el sector privado, motor de la economía, muestra éstos síntomas, ¿qué puede esperarse de la recaudación de las distintas órbitas del Estado, que ya viene evidenciando una caída sostenida, que en la provincia alcanza 21 meses consecutivos?
Gestionar una crisis de estas dimensiones demanda tener el control de la situación, y tomar las medidas necesarias de la forma adecuada antes de que la realidad termine imponiéndolas a su manera: sin control. Ahora bien, si se gobierna por delante de los acontecimientos, la crisis también puede convertirse en una oportunidad.
La gravedad de las circunstancias ofrece al Ejecutivo una serie de herramientas y argumentos que, bien utilizados, y sumados a otras fortalezas previas, podrían permitirle emprender una tarea tan ardua como indispensable: redefinir una estructura de costos del municipio asfixiada, principalmente, por la pauta salarial del Suoem y, en segundo orden, por un oneroso servicio de recolección gobernado por otro sindicato que también jaquea las cuentas municipales, el Surrbac.
En primer lugar, una situación sumamente adversa para el sector privado que conlleve a una profundización de la caída de sus salarios legitimaría por completo, ante los ojos de la opinión pública, un recorte a las partidas salariales del municipio, que actualmente financia sueldos exorbitantes para sus empleados. Tal aprobación, cabe esperar, podría convertirse luego en un liso y llano reclamo, como el que ya aconteció con las demandas a los planteles políticos para que rebajaran sus haberes.
Pero amén de ello, es probable que el propio Suoem -en vistas de un descalabro económico que, según los especialistas, sólo resultaría comparable con el de 2001- ponga algún límite a su beligerancia. Desde luego no lo haría públicamente, para cuidar las formas ante sus afiliados, pero tal vez sí flexibilizaría sus posiciones puertas adentro del despacho del intendente o de la secretaria general.
En este punto cabe destacar un acierto de Martín Llaryora, a saber, no convertir a Rubén Daniele en su antagonista como lo hizo la anterior gestión. A fin de cuentas, Daniele resuelve un problema: en él converge toda una “federación de reparticiones” que se llama Suoem. Por lo tanto, sin él no hay un interlocutor único con quien negociar.
Finalmente, la actual gestión municipal cuenta con un formidable respaldo del Centro Cívico y del gobernador Juan Schiaretti, que también se ha embarcado en tareas complejas y similares, como la disputa que sostiene con el Sindicato de Luz y Fuerza, a cuyas desmesuradas pretensiones ha logrado poner algún límite.
Valiéndose de las oportunidades que entraña la crisis, Hacemos por Córdoba puede reconfigurar los costos del municipio y lograr una gestión que, pasada la emergencia, mejore los servicios y vuelva invertir en obras para los cordobeses. De lo contrario, el pronóstico parece reservado.
