Por Yanina Passero
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El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, prometió una reunión virtual al gobernador Juan Schiaretti para explorar las posibilidades de incrementar la asistencia financiera a un servicio que, en momentos de pandemia, nadie se atrevería a esgrimir argumentos en contra de su carácter esencial, como se ha escuchado en debates no tan lejanos en el tiempo.
Las expectativas son de moderadas a baja porque gobernadores e intendentes saben que la Casa Rosada acudió a la emisión monetaria para dar respuesta a la amplia lista de urgencias que impuso la llegada del coronavirus al país y la consecuente paralización de la economía. No desconocen que el apoyo a las medidas dispuestas por el comité de expertos del presidente Alberto Fernández fueron retribuidas con fondos frescos. Sin embargo, los expertos en transporte afirman sin pestañear que el cuarto día hábil del mes de mayo puede arrancar con un paro general del transporte en todo el país, con excepción de Capital Federal y área metropolitana de Buenos Aires.
Aun con tiempo a favor, en el Panal pedirán atención especial exhibiendo como argumentos la paralización total de los corredores interurbanos de Córdoba hace 15 días por sueldos adeudados de marzo. El servicio en la ciudad también atraviesa sus complejidades, pese a que pudieron cancelar el anticipo salarial o “vale” y la compensación por inflación de 2019 de $4 mil, también con recursos girados por el poder central.
Desde el municipio destacan la buena sinergia con la Nación porque este último concepto que representó $ 118 millones se cubrió con subsidios autorizados por la cartera que dirige Meoni. Se logró así desactivar el segundo paro de UTA durante la cuarentena, previsto para el pasado viernes.
Pese a los esfuerzos, la tercera amenaza sindical llegaría la semana que viene si el staff del intendente Martín Llaryora y Fetap no consiguen una partida superior a la anterior. En concreto, de $ 289 millones que se requieren mensualmente para cancelar el compromiso de abril con la plantilla de personal se necesitan unos $ 159 millones para completar ese total. Si llegan antes de la fecha tradicional de cobro, el municipio garantizaría la normal prestación al menos por 15 días. Se sabe que cerca del 20 los choferes esperarán otra vez el desembolso de “vale”. La faena vuelve a comenzar sin tiempo para el recupero.
En el Palacio 6 de Julio reconocen que la prioridad la tienen los sueldos municipales, pero reposan su confianza en la incursión de Schiaretti por el tema porque tampoco alcanzan las cuentas para asistir a la Fetap, la cámara que nuclea a las concesionarias privadas del servicio.
El clima de tensión es tal que durante el fin de semana se comprobaron las primeras tensiones entre el municipio y Provincia, a través del Centro de Operaciones de Emergencia. Sucede que Llaryora autorizó la circulación de las unidades a capacidad llena, esto es, unos 70 asientos disponibles. Eliminó por lo tanto la disposición zigzag anunciada, argumentado que era innecesaria por el uso obligatorio de barbijos y el muy acatamiento de los pasajeros a la medida.
El COE le bajó el pulgar y las unidades podrán circulan con una carga no mayor a los 20 vecinos sentados y las frecuencias deberán ser las de un día hábil. Hasta la semana pasada funcionaban con los tiempos de un sábado.
Esto impacta de lleno en la rentabilidad ya diezmada. La comparación permite ver con claridad las urgencias de un sistema que se sostiene en un 70 % con tarifas, según fuentes municipales: en abril de 2019 se cortaron 850 mil boletos; el sistema traslada hoy a no más de 65 mil personas, la mayoría de ellas exceptuadas del pago porque se desempeñan en servicios esenciales.
Además de día a día, preocupa el futuro del servicio post coronavirus.
