El Judicial local ya definió pautas para otorgarle beneficios a personas alojadas en penales y previene tanto el caos intra muros como las consecuencias para las víctimas de delitos evitando seguir los pasos que dio la Justicia bonaerense.
La semana pasada, la Cámara de Receso Judicial Extraordinario rechazó el pedido de domiciliaria formulado por la defensa de un detenido que invocó peligro de contagio de Covid-19.
El tribunal estableció que la solicitud solo podría proceder si existiera un grave riesgo actual para la salud del reclamante y si, además, no se estuvieran desarrollando medidas para evitar la propagación de la enfermedad, cuadros de situación que descartó.
Además, explicó que el decreto presidencial 260/20 restringe el artículo 14 de la Constitución Nacional y las Convenciones Internacionales; en particular, en relación con la libertad ambulatoria.
Así, sostuvo que la habitual jerarquía de autoridades cambió y que la competencia en la emergencia sanitaria a nivel penitenciario en Córdoba le fue atribuida al COE, conformándose una nueva organización institucional unánimemente admitida por las autoridades provinciales.
Tampoco prosperaron los hábeas corpus para que se permita que los detenidos en Bouwer usen celulares, ya que se concluyó que su comunicación con sus allegados está garantizada con la provisión de tarjetas telefónicas y se determinó que las limitaciones que rigen están justificadas y que son razonables y proporcionadas.
Los magistrados cordobeses tomaron en cuenta las amenazas que recibió la diputada Carolina Píparo por parte de su victimario, alojado en una cárcel bonaerense, que la contactó apenas obtuvo un celular merced a las políticas que implementan las autoridades penitenciarias.
En e contexto, advirtieron que la utilización de esos dispositivos sin supervisión adecuada causa un problema mayor al que pretende solucionar.
En la jurisdicción que comanda Axel Kicillof la situación se descontroló tras el primer positivo por Covid-19 en la Unidad 23 de Florencio Varela.
El miércoles hubo un motín en el establecimiento que dejó un saldo de un muerto y 40 heridos y en este momento unos 1.500 presos acatan una huelga de hambre para que se agilicen el análisis de los pedidos de morigeraciones de encierro.
Exigen que se cumpla el polémico fallo dictado el 8 de abril por Cámara de Casación Penal bonaerense, que ordenó que se le otorgue la domiciliaria a personas vulnerables (mayores de 65 años o con enfermedades preexistentes) o detenidas por delitos leves.
Gracias a esa directiva ya salieron centenares de internos y el procurador provincial, Julio Conte Grand, hizo declaraciones que generaron polémica.
El funcionario dijo que no hay certeza de que no se den a la fuga, pero minimizó las consecuencias de esa posibilidad porque se trata de personas que cometieron ilícitos menores.
El fallo de la Casación no fue pacífico y Conte Grand fue señalado como uno de los responsables de la superpoblación carcelaria, al destacarse que aunque “parece erigirse como una suerte de héroe o líder mediático en medio de la pandemia” fue el artífice de instrucciones que los defensores que ahora piden liberaciones no cuestionaron.
Para el tribunal, esas iniciativas “colaboraron de modo sustancial la situación de hacinamiento” que Conde Grand parece internar revertir “oscilando entre Torquemada y Mandela”.
La sentencia fue recurrida por el fiscal Carlos Altuve, quien pidió que la Suprema Corte de Justicia provincial la revise. El agente cuestiona la forma en la que se implementó y denunció que no detalla cómo evaluar qué es un delito leve, entre otras falencias.
Las víctimas
Desde que trascendió el tenor del decisorio de la Máxima Instancia Penal bonaerense las víctimas de delitos claman por ser escuchadas.
El miércoles, pasaron de la ofuscación a la desesperación cuando 19 defensores generales le pidieron al gobernador Kicillof que conmute las sanciones de los condenados con fecha de agotamiento de pena durante este año.
Usina de Justicia, la ONG fundada y dirigida por la filósofa Diana Cohen Agrest, viene planteando que la pandemia no puede usarse como excusa para consagrar impunidad y que enviar a los detenidos a sus casas es un despropósito, por sus consecuencias sociales y porque se pone en peligro a la ciudadanía.
Junto a otras asociaciones, pidió informes sobre las condiciones en las que se cumplirán las domiciliarias.
La respuesta de la Casación fue intimar a los jueces para que ejecuten en forma inmediata su sentencia (recurrida) e instruirlos para que le notifiquen sus fallos a los damnificados por los delitos que llevaron a los beneficiarios a perder la libertad.
Crisis
En Buenos Aires hay unos 50 mil detenidos y los penales provinciales están convulsionados desde diciembre.
El énfasis que pusieron los referentes del actual Gobierno en la necesidad de que el Judicial dispusiera la soltura de ex funcionarios detenidos por corrupción (“presos políticos”, según su narrativa), impactó en la población carcelaria y más de 10 mil internos hicieron huelga de hambre.
Ocuparse de la crisis penitenciaria cedió ante la necesidad del gobernador de promover a Daniel Gollán en Salud y a Cristian Girard en la agencia de recaudación.
Kicillof acudió al concepto del lawfare para nombrarlos en su gabinete. La cita en el banquillo del primero por irregularidades en el Plan Qunita y la incriminación del segundo en la causa dólar futuro son, según sentenció vía norma el mandatario, meras persecuciones.
