Los estatales nunca pierden

Por Pablo Esteban Dávila

Es una vedad absoluta, escrita en piedra. No importan las crisis, las pandemias, las siete plagas de Egipto: los empleados estatales nunca pierden. Ni un paso atrás, ni un peso menos: es la consigna de los revolucionarios del empleo público. Si no hay plata, si no se pagan los impuestos, no importa. Que alguien la ponga; no es problema de ellos.
Si algún incauto esperaba un gesto de solidaridad en esta coyuntura se equivocó de cabo a rabo. El gobernador Juan Schiaretti ya se desdijo de su inicial idea de aplicar algún recorte a los sueldos más altos de la administración provincial (excepto los de la planta política) y, por si alguien tenía alguna duda, el SUOEM acaba de declararse “en alerta” ente posibles recortes en prolongaciones de jornadas y horas extras.
La pretensión de los municipales es risible toda vez que, con excepción de ciertas áreas operativas, una buena parte de ellos están cumpliendo la cuarentena en sus casas y sin que ninguna entidad independiente pueda verificar si efectivamente se encuentran teletrabajando. No se advierte, por lo tanto, la racionalidad de pagar conceptos tales como extensión de jornadas u horas extras en este momento.
Pero, y aun dejando de lado esta exigencia fuera de toda proporción, la advertencia denota un egoísmo moralmente reprobable. Precisamente esta semana muchos gremios han tenido que acordar con sus patronales reducciones salariales para mantener sus fuentes laborales. El SMATA, pasteleros, la UOM o la UOCRA han aceptado -o se encuentran en proceso de negociación- quitas en los sueldos o pagos a cuenta no remunerativos.
Es obvio que a ningún sindicalista le agrada este tipo de cosas. No hay nada más sagrado que la intangibilidad de los ingresos de un trabajador. Pero el precio a pagar por la inflexibilidad, al menos en el sector privado, es el cierre de la empresa que le proporciona el sustento. De mantenerse irreductibles, el implacable destino es la calle.
Claro que este es un mundo desconocido para quieres revisten en las nóminas de la administración pública. La estabilidad allí es absoluta y, en el caso de los municipales, sus sueldos son largamente superiores al promedio de los que paga el mercado. La combinación entre estabilidad papal y salarios de Manhattan produce un tipo de trabajador muy alejando de la solidaridad obrera propiciada tanto por el marxismo como por el peronismo clásico.
Para agregar un componente todavía más conflictivo, debe hacerse notar que los sueldos públicos son sufragados con los impuestos que pesan sobre los contribuyentes. Merced a la crisis generada por el Covid-19, muchos de ellos están sin poder trabajar o subsistiendo a duras penas. Sin embargo, pagan puntualmente el IVA cada vez que adquieren alimentos o artículos de primera necesidad (que se coparticipa en cascada hacia provincias y municipios) o abonan, tal vez por mera inercia, los impuestos y contribuciones que les imponen aquellos fiscos.
Esto equivale a decir que la intransigencia de los estatales -o, mejor dicho, de sus conductores- se traslada hacia la población en general pese a las actuales restricciones. No es excusa postular que, en definitiva, el Estado nacional terminará financiando las cuentas de todos, privados o públicos, mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Cualquiera deduce que, para hacerlo, el Banco Central deberá emitir miles de millones de pesos, devengando el famoso impuesto inflacionario que, en definitiva, empobrecerá todavía más a la totalidad de los argentinos que dependen de ingresos fijos.
La gran pregunta es porqué el país en general se ha acostumbrado a semejantes privilegios sin protestar airadamente por tal inequidad. Mientras que los privados se exponen a ciclos económicos severos y están sujetos a ajustes y despidos, los empleados públicos no saben siquiera de que se tratan estos sacrificios. Es como si a lo público y lo privado lo separase un auténtico muro de Berlín en donde, a uno de los lados de la valla, nunca ocurre nada mientras que, en el otro, deben soportarse las tormentas más diversas sin que sus vecinos se den por enterados.
Tampoco hay equivalencias en términos de productividad. Un trabajador privado acepta que se evalúe su desempeño, que debe cumplir con métricas económicas y que le es exigido el capacitarse en forma permanente para mantener (o mejorar) sus remuneraciones. En el Estado esto es optativo. Aunque algunos de sus empleados efectivamente crean en la capacitación y, de hecho, tomen cursos o se perfeccionen, otros ni siquiera reparan en esta posibilidad, mucho menos en que se les pregunte sobre su rendimiento o los costos asociados a las actividades que desempeñan.
En muchas jurisdicciones (también en otros países) estas realidades se aceptan con estoicismo y alguna resignación merced a que existe un pacto implícito: semejantes privilegios son posibles a cambio de salarios menores a los de sus colegas privados. Así, surge un equilibrio de expectativas. Quienes prefieran la estabilidad a los ingresos, encontrarán en el Estado su mundo, en tanto que, quienes se inclinen por lo opuesto, fatigarán el mundo corporativo o emprenderán sus propios negocios.
No ocurre tal cosa en el municipio capitalino, como ya se sabe. Esto es extensible, por supuesto, Al Poder Judicial (en donde ni siquiera se paga el impuesto a las ganancias) y a empresas públicas tales como EPEC, también con salarios mucho más elevados que el resto. Y, para hacer de esta situación un verdadero cólico social, nunca nace de estos privilegiados la iniciativa de compartir algo del esfuerzo que el resto de la sociedad realiza para que siempre puedan cobrar en tiempo y forma.
Es sorprendente, asimismo, que ningún político nunca postule algo así como mayor equidad en quienes se desempeñan en el Estado. Parecería como si todos, tanto en campaña electoral como en funciones, aceptaran mansamente que trabajarán más tiempo para los empleados de la Administración antes que para el resto de los ciudadanos. La explicación más a mano para tal mansedumbre reside en que, con matices, la clase política argentina ama más al Estado que al mercado y que, en el fondo, aspira a que las grandes soluciones del país, contra todas las evidencias disponibles, todavía provengan de aquél.
Así nos va, así nos irá. Con o sin coronavirus, los estatales nunca pierden.