¿Dónde está el derecho durante la pandemia?

La enorme maquinaria jurídica sigue casi paralizada mientras sectores con menos recursos e infraestructura funcionan. Lejos de buscar soluciones, la crisis por el Covid-19 dio lugar a un amplio repertorio de chicanas en tribunales, colegios sindicatos y otras instituciones.

Por María del Pilar Viqueira

El apartamiento del mundo del derecho respecto al ciudadano de a pie es un rasgo señalado por las ciencias sociales y en los discursos de sentido común.
El progresivo distanciamiento entre el derecho y la cultura (entendida como forma de hacer, sentir y pensar generalizadas en una sociedad determinada) generó que las normas, cada vez más pulidas desde la técnica legislativa, poco tengan que ver con las prácticas e ideas de las personas sin formación jurídica formal.
Un típico ejemplo se da en materia de castigos, en la que los juristas suelen sostener posiciones mas blandas. La experiencia reciente demostró que cuando el mundo del derecho permite que los legos tomen decisiones, como sucede los juicios por jurados, las distancias se reducen.
Los aspectos a partir de los cuales abogados y ciudadanos valoran determinada práctica o decisión son diferentes: mientras que primeros aprecian la faz técnica de los argumentos, los segundos tienen más en cuenta los mecanismos que se utilizaron para llegar a determinada conclusión.
De acuerdo a la mirada del sociólogo americano Tom Tyler, la legitimación de los jueces se apoya más en los pasos que siguieron para dictar sus sentencias que en lo que dicen.
Según la corriente denominada “justicia procedural”, los ciudadanos estiman la seriedad, celeridad y hasta la empatía con que su caso es tratado y que, incluso, aceptan fallos adversos si se emitieron respetando esas y otras pautas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, los Tribunales Superiores de varias provincias, los gremios de trabajadores del Poder Judicial, los colegios profesionales, las asociaciones de magistrados y las facultades de Derecho vienen demostrando que, aun ante una crisis de esta magnitud, son incapaces de superar su endogamia.
Cual cántico futbolero, todos entonan el “tomala vos, dámela a mi” y hacen circular el balón de la responsabilidad social que les cabe ante una ciudadanía que mira atónita, desde tribunas que arden, el espectáculo que montan.
Justo es decir que algunos se pusieron la cinta de capitán y siguen cumpliendo con sus trabajos en condiciones laborales cuestionables: hay unidades judiciales, cámaras penales, áreas de los fueros Laboral y de Familia, abogados y docentes que están activos, pero su compromiso no parece ser un rasgo estructural del campo jurídico.
Lejos de buscar soluciones, la emergencia sanitaria dio lugar a un amplio repertorio de chicanas y aprovechamientos entre las facciones políticas de las distintas instituciones.
La resistencia a la incorporación de medios informáticos -un clásico a esta altura- y el apego a modos sacramentales erigidos en dogma contrastan con las ágiles formas en que se dan las interacciones en el resto de los campos sociales.
Resulta curioso que otros sectores de la sociedad argentina, con menos recursos e infraestructura, funcionen o estén prestos a hacerlo resguardando la seguridad de sus integrantes y la enorme maquina jurídica siga en pañales.
Y no es en vano señalar que esta situación no es casual y que si bien estamos ante circunstancias excepcionales hay un hilo conductor entre los diferentes actores colectivos del derecho y en su historia. Podría decirse que esta en los orígenes mismos de la formación de los abogados. Repárese en que, dentro la Facultad de Derecho de la UNC, a un mes del inicio de clases, muchos profesores todavía no se contactaron con sus estudiantes. Como sucede en la administración de Justicia, hay docentes, no docentes, cátedras, departamentos y alumnos que están cargando con un problema colectivo.
Concebir como servicio al derecho y a la Justicia representa el desafío cultural mas importante que el mundo jurídico tiene por delante. Ello no solo supone afianzar su rol como custodios del Estado de Derecho, sino también profundizar la orientación de sus actividades hacia el ciudadano.
No se trata, como sostuvo algún trasnochado, de someter al Judicial a otros poderes, sino de dirigirlo hacia el bienestar de la gente que con el pago de impuestos derivado de magros salarios solventa ingresos que están por encima de la media.
Si el campo jurídico y sus actores institucionales no advierten esto, corren el riesgo de terminar de mellar su legitimidad social, con consecuencias graves e impredecibles. Si lo notaron, deben poner inmediatamente en conocimiento de los argentinos la agenda que seguirán para restituir, con la mayor normalidad posible, un servicio esencial garantizado por la Constitución Nacional.
La hora requiere que el derecho no se quede en casa. Impone que entre en los hogares de millones de argentinos que viven momentos aciagos.