Justicia: Entre Ríos intenta romper inercia y se activa

El grueso del sector judicial argentino trabaja desde su casa, pero el Tribunal Superior de la provincia del NEA trata de activar el servicio y mandó a los jueces a sus despacho. En Córdoba sigue imperando el trabajo remoto

En los poderes judiciales de todo el país hay jueces, funcionarios y empleados trabajando. Sin embargo, son pocos los que ponen el cuerpo y asisten a tribunales: la mayoría del sector sigue en su casa y se vale de herramientas informáticas. Ese es el cuadro de situación en Córdoba y en otras jurisdicciones.

La actividad es mínima y los conflictos se acumulan. La feria extraordinaria declarada por las Máximas Instancias provinciales y por la Corte Suprema por la emergencia sanitaria que generó la propagación del Covid-19 en el país paralizó a la Justicia.

Los empleados se resisten a volver a sus puestos por temor a contagiarse y los gremios los respaldan. Lo propio sucede con magistrados y funcionarios que, por su edad, integran el grupo más susceptible a virus.

Aunque se suman las voces para que la Justicia se active y se considere que su rol es equiparable al de un hospital, no se trata de una tarea sencilla. Lo cierto es que si la prestación del servicio se normaliza -algo que, para algunos, ocurrirá en el corto plazo- los abogados y otros actores del sistema seguirán sin poder circular por los tribunales en virtud de las restricciones dispuestas por el Ejecutivo nacional.

Así, cualquier medida tendiente a que cese la feria debería articularse con la flexibilización de la cuarentena para los actores del sistema de Justicia.

Por lo pronto, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dio un paso para romper la inercia e implementó una nueva modalidad de trabajo hasta que finalice el aislamiento obligatorio.

Vía acuerdo especial, ordenó que la actividad se retome a puertas cerradas, por la mañana. Desde el lunes, jueces, funcionarios y un empleado por tribunal concurren a los despachos y las áreas administrativas funcionan con un jefe, tres dependientes administrativos y un ordenanza.

Los nuevos lineamientos incluyen la disponibilidad de todo el personal, en forma presencial o virtual, en el horario de servicio.

El decisorio aclara que la gente “de riesgo” (por edad, salud o convivencia con personas añosas o enfermas) no puede asistir a tribunales pero será tenida en cuenta de manera prioritaria para teletrabajar.

El Supremo entrerriano dictó las nuevas pautas luego de mantener consultas con los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa; con la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial; con la Asociación de Empleados Judiciales y con el Colegio de Abogados.

El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, se metió en el tema y denunció que la cabeza del judicial entrerriano “ignoró estado de excepción” por la pandemia.

En otras provincias la Justicia sigue hibernando y hay reclamos. En Buenos Aires, un abogado, invocando representación de todos sus colegas matriculados en el departamento judicial de La Plata, inició un amparo para que se restablezca el servicio mediante teletrabajo.

Solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la resolución de la Suprema Corte bonarense que dispuso el asueto judicial y la suspensión de los términos procesales y pidió que se ordene el inmediato restablecimiento de la prestación del servicio mediante la urgente y definitiva implementación y puesta en funcionamiento del trabajo remoto.

TSJ

En Córdoba, tras extender el receso judicial extraordinario hasta el 26 de abril, el TSJ informó sobre acciones para “profundizar” la prestación del servicio cumpliendo con el aislamiento social obligatorio; esencialmente, con trabajo no presencial “salvo justificadas excepciones”.

Entre otras pautas, precisó que los tribunales de todos los fueros podrán sentenciar, tomar audiencias mediante con herramientas informáticas y notificar con cédulas electrónicas.
Desde que comenzó la feria extraordinaria el Judicial cordobés receptó cuatro mil presentaciones y el fuero más activo es el penal.

Apagón

El apagón de la Justicia comenzó a mediados de marzo. En efecto dominó, los Altos Tribunales provinciales comenzaron a declarar la situación de feria y la Corte se sumó.
La suspensión de clases que dispuso el Gobierno, sumada a la presión que ejercieron durante las jornadas previas el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la UEJN aceleraron el curso de los acontecimientos.
Antes de que se conociera el tenor del DNU de Alberto Fernández, sin tener aun en mira las repercusiones institucionales y laborales de la medida y poniendo el foco solo en el aspecto sanitario, la entidad que nuclea a los letrados porteños reclamó el cese de movimientos en los juzgados. Advirtió que el alto tránsito de personas los convertía en zonas “de altísimo riesgo de contagio y propagación” del virus. Piumato se alineó y amenazó con un “paro sanitario nacional”.
Mientras los supremos estudiaban los pasos a seguir no faltaron las tensiones. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, no veía con buenos ojos abandonar los despachos y propició explorar alternativas, pero los requerimientos de los actores del sistema en esa instancia y la conveniencia acatar las mandas del Ejecutivo determinaron el cierre de los tribunales.
Ahora, las consecuencias de la inmovilidad generan críticas, y no solo de los abogados. La sociedad está inquieta porque advierte que no se están resolviendo cuestiones urgentes y se queja de que el grueso del sector tenga ingresos asegurados haciendo poco.