El Panal piensa en fortalecerse con la reactivación del Congreso

Aunque todas las provincias ganarían peso con el regreso de la actividad legislativa a la Nación, Córdoba sería una de las más beneficiadas, por la distancia política que existe entre el Centro Cívico y la Casa Rosada, y por la importancia del Interbloque Federal en la conformación del quórum en Diputados.

Por Felipe Osman

Inserta en un concierto nacional en el que la gran mayoría de las provincias (sino todas) transitan dificultades similares, Córdoba anunció la semana pasada el lanzamiento de un bono digital por 9.000 millones de pesos para cancelar deuda con proveedores.
Según lo explicó el ministro de Finanzas, el instrumento tiene el objeto de “conectar deudas con acreencias” y traer un alivio a las cuentas públicas, afectadas por una crisis de base a la que se sumó el coma inducido por el Gobierno Nacional a la actividad económica como efecto colateral de la cuarentena.
En ese escenario, de una crisis agravada por la parálisis económica que demanda el aislamiento social, la recaudación de marzo fue un 25 por ciento menor a la que hubiera podido esperarse sin recesión. Pero la peor parte de la historia es que apenas está empezando. ¿Qué pueden esperar recibir Córdoba y el resto de las provincias en calidad de coparticipación del IVA recaudado durante abril, con una actividad económica reducida a su más mínima expresión?
La emisión de este bono no llega a ser la emisión de cuasi moneda. La diferencia central entre una y otra cosa es que el bono tiene una circulación mucho más acotada, y no necesariamente debe ser aceptado como medio de pago al momento de perfeccionar una transacción entre privados. Es decir, el bono no es cuasi moneda, pero para muchos es la antesala a su emisión.
A este anuncio se sumaron, en los días sucesivos, nuevas declaraciones de Giordano que vertieron serias dudas sobre la capacidad de la Provincia para pagar los salarios de abril si la Nación no se avenía a asistir económicamente al Centro Cívico.
Desde Balcarce 50 acusaron recibo de la presión que, de manera coordinada con otras provincias, Córdoba lideró, y el Gobierno Nacional dispuso que repartirá 120 mil millones de pesos entre los gobiernos locales. El auxilio -aunque probablemente insuficiente- fue comprometido. Pero lejos de ser un asunto resuelto, ahora empiezan las negociaciones por el reparto, por la tajada que cada provincia logrará.
De los $120.000 M anunciados por la Nación como ayuda financiera a las provincias, hasta el momento, se distribuyeron 20.000 M, y el criterio de reparto que se impuso para distribuir esa cantidad entre los gobiernos locales estuvo determinado en un 80 por ciento por el coeficiente de coparticipación y en el 20 restante por la población de cada distrito.
De los 100.000 M restantes, 40.000 M provendrán -al igual que los 20.000 M antes referidos- de Asignaciones del Tesoro Nacional, pero nada hay sobre papel que diga que serán repartidos según el mismo criterio que la cuota inicial, ni sobre la periodicidad con la que Balcarce 50 los distribuirá. Se presume que el criterio de reparto será similar, pero no hay garantías.
Respecto de los otros 60.000 M que totalizan los 120.000 M como suma global, éstos llegarán a las provincias como créditos concedidos por la Nación desde el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. En otras palabras, no imperarán para el reparto del 50 por ciento de los fondos anunciados criterios prefijados. El Gobierno Nacional se guarda un enorme margen de discrecionalidad para repartir estos fondos entre las provincias, que deberán cinchar para lograr una tajada.
Córdoba tiene cómo plantear una posición de negociación frente al Gobierno Central, pero necesita, para reforzarla, de la reactivación del Congreso de la Nación.
Por estos días, Máximo Kirchner, líder de la bancada del Frente de Todos, prepara junto a Carlos Heller, ex presidente del Banco Credicoop, un proyecto de ley para gravar las fortunas superiores a los 20 millones de pesos, limitar las ganancias de los supermercados y hacer tributar a quienes ingresaron al blanqueo de capitales habilitado en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri.
Estas iniciativas, por modificar materia tributaria, están excluidas del alcance de los Decretos de Necesidad y Urgencia que puede firmar el Ejecutivo, y deben transitar el trámite legislativo indefectiblemente por disposición de la Constitución Nacional. Reabrir el Congreso se transforma entonces para el oficialismo en un imperativo del propio interés. Y allí es donde Córdoba tiene para ganar.
Sin quórum propio en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos necesita conquistar votos de dos interbloques para sesionar y aprobar sus iniciativas, del Interbloque Federal presidido por Eduardo “Bali” Bucca, y del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo presidido por José Luis Ramón.
Con once integrantes, el Interbloque Federal es el mayor de los dos, y dentro de él el bloque con mayor peso es el de Córdoba Federal, que aporta cuatro diputados que responden cerradamente al Centro Cívico. Esos cuatro escaños cobrarán gran importancia en las próximas semanas, y pueden convertirse en una de las llaves para que Córdoba logre acceder a los créditos que la Nación instrumentará a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, $60.000 M que representan el 50 por ciento de los fondos comprometidos, hasta el momento, para asistir financieramente a las provincias.