Por Yanina Passero
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Son días difíciles en la Municipalidad de Córdoba. El equipo de gobierno que encabeza el intendente Martín Llaryora se prepara para atender dos frentes que explotarán en simultáneo: 1) el aumento de casos de contagiados por coronavirus en una ciudad que no escapa a los altos índices de hacinamiento y pobreza que han reflejado los últimos estudios difundidos acerca de las realidades de los grandes conglomerados urbanos; y 2), grave en igual proporciones, el impacto de la recesión potenciada en las endebles arcas del Palacio 6 de Julio.
La principal “espalda” del peronista que maneja los hilos de la ciudad desnudó sus flaquezas. El gobernador Juan Schiaretti fue el primer mandatario en anunciar un bono para cancelar deudas con contratistas y proveedores del Estado. Al día siguiente, su ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, confirmó lo esperable: el Panal tiene serias dificultades para cumplir con los compromisos salariales de abril contraídos con sus empleados activos, también con los jubilados.
Es probable que el combo de anuncios –sin dejar de ser real- buscó presionar a la Casa Rosada por asistencia especial en momentos de excepción. Sin embargo, independientemente de la evolución de estas negociaciones políticas que se hacen al calor de la paralización del sector productivo, la caída de la recaudación y la coparticipación, el intendente Llaryora debe pensar en su propio plan de contención.
Como Schiaretti, tratarán de descomprimir la presión de los proveedores, para luego ir domando los coletazos de la crisis a medida que se presenten. Es por eso que el secretario de Economía de la Municipalidad, Guillermo Acosta, autorizó ayer la emisión de un título por $2.000 millones para cancelar la deuda que adquirió el exintendente Ramón Mestre durante su administración, fundamentalmente con contratistas de obra pública.
La información fue confirmada a este medio por el director General de Finanzas, Diego Bono, quien aclaró que el plazo de vencimiento del bono será a 36 meses, a una tasa Badlar de bancos privados que ronda el 25%. En tanto, la amortización del capital será semestral –en total cuatro, del 25% cada una- a partir del mes 18.
“El título se va a poder negociar con distintos mercados y se registra en Caja de Valores. El tenedor va a poder conservarlo, negociarlo o aplicarlo para la cancelación de tributos vencidos con fecha al 31 de diciembre de 2018”, detalló el funcionario.
Cabe recordar que la semana pasada, el municipio apeló al mercado de capitales con la colocación de Letras por casi $ 450 millones a una tasa de interés del 35 %, precisamente para saldar intereses de compromisos tomados antes del desembarco del PJ en la intendencia capitalina.
Las medidas esperan calmar impaciencias comprensibles de los proveedores del Estado y garantizar la continuidad de las obras en ejecución y servicios públicos clave, en el marco del cimbronazo sanitario y económico que aceleró la expansión del Covid-19.
Este medio pudo conocer que la Secretaría de Economía inició conversaciones con empresas concesionarias de servicios y obras, con el objetivo de sondear sus pretensiones y, llegado el caso, reperfilar los cronogramas de pagos de deuda.
A continuación un ejemplo para graficar el panorama. Las empresas de Higiene Urbana fueron las primeras en reclamar la atención de los funcionarios de Llaryora por motivos más que conocidos: la prestación se lleva más del 15 % del Presupuesto, sin contar el pasivo y los juicios que quedaron pendientes de la gestión radical. El diálogo entre las partes debe mantenerse aceitado.
En concreto, el Ejecutivo llevó tranquilidad a sus directivos sobre el desembolso del canon mensual que cobran por la recolección mecanizada de residuos sólidos en zona norte, sur y microcentro de la Capital. La ansiedad no sólo se explica por el contexto, sino porque manejan una minuta de costos que no se redetermina desde junio de 2019 y además acumulan deuda mestrista que, en el caso de Lusa, supera los $ 90 millones.
La respuesta oficial llegó antes de lo que esperaban y las concesionarias podrán aceptar el bono recientemente emitido, en caso de que lo consideren conveniente.
Salarios
El esquema diseñado por la cartera de Finanzas del Palacio 6 de Julio es un paliativo, aunque se sabe que el salvavidas municipal sigue atado a la cintura de Schiaretti y los acuerdos que anoche se cocinaban en Buenos Aires. De todas maneras, el llaryorismo dilatará la comunicación de medidas drásticas mientras pueda. Sin dudas, que una de ellas es el recorte salarial a parte de la populosa planta municipal que se lleva, en promedio, más de $ 120 mil mensuales por agente.
La relación con el Suoem se mantiene en tregua por el estado de excepción y cautela que impuso la pandemia. Pero lo cierto es que al menor atisbo de recorte, el sindicato municipal ha dado señales que marcarían el fin de la cooperación. Llaryora sabe que puede usar la tijera, pero el precio sería muy alto para su gestión y los vecinos que necesitan del Estado más que nunca.
Por caso, la liquidación sin prolongaciones de jornada de una parte de la planta encendió rápidamente el alerta de los dirigidos por Beatriz Biolatto. Como marca las generales de la ley, horas después de lanzado el grito de guerra, la Secretaría de Capital Humano anunció que hubo un error de sistema y se procedió a cargar los reintegros.
La quita salarial, como ya anunció el Gobernador a funcionarios y personal jerárquico, seguirá siendo la herramienta de última instancia para el referente de la Municipalidad, aunque altas fuentes reconocen extraoficialmente que no está descartada en caso de extrema necesidad.
Pese al escenario negro, el municipio logra llevar calma a sus proveedores mostrando voluntad de pago en momentos sensibles; pero también, tendría garantizada la normal prestación de los servicios a cargo de los empleados públicos si se mantiene el delicado equilibrio con sus gremios municipales.
Llaryora ya sumó un punto a su favor al lograr utilizar la incertidumbre sobre el pago de haberes. El razonamiento sería el siguiente: si no se sabe si se podrán cumplir con las obligaciones salariales contraídas con los 12 mil agentes, entre municipales y empleados del Esop y Tamse, resulta improcedente iniciar las tratativas paritarias con los sindicatos involucrados, Suoem, Surrbac y Uta. Las negociaciones han sido aplazadas hasta nuevo aviso, con el consentimiento de las comisiones directivas, a excepción de los choferes que dependen de un acuerdo nacional.
