Los intendentes, el servicio de espionaje de precios que pretende Fernández

Históricamente, nuestros presidentes han tenido dificultades para entender la economía con la excepción, probablemente, de Arturo Frondizi, Carlos Menem y Mauricio Macri (lo cual no significa que la hayan domesticado).

Por Pablo Esteban Dávila

Es comprensible que el gobierno de Alberto Fernández mantenga dudas respecto del manejo de la pandemia originada por el Covid-19. En todo el mundo sucede lo mismo; basta con mirar al pobre de Boris Johnson (actualmente en terapia intensiva por culpa del virus) para coincidir que los esfuerzos del presidente argentino son los de rigor en medio de esta crisis global y que tan mal no lo está haciendo.

En cambio, no son tan aceptables los diagnósticos de Fernández sobre la suba de precios que, por estos días, se verifican en alimentos y bebidas en todo el país. El presidente insiste con la teoría de la conspiración: los grandes empresarios del rubro, a los que ahora se suman los almaceneros de barrio, remarcan artificialmente estos productos. Según su particular visión económica, “los empresarios tienen la tendencia a construir inflación solamente por expectativas, (que) en economía lo llaman inflación autoconstruida (o) psicológica”. Nace otro premio Nobel para la Argentina.

No está claro si el primer mandatario afirma estas tonterías para la tribuna o si realmente las cree. Si fuera lo primero poco habría de objetarle: nada mejor que un culpable para aplacar la ira del pueblo. Todos los populistas -desde Trump a López Obrador- utilizan el recurso a destajo; ¿porqué él debería limitarse? Ahora bien, si efectivamente considera que los precios suben porque empresarios y almaceneros se encuentran coaligados para expoliar a los consumidores, o atraviesan por trances psicológicos, entonces tenemos un problema.

Históricamente, nuestros presidentes han tenido dificultades para entender la economía con la excepción, probablemente, de Arturo Frondizi, Carlos Menem y Mauricio Macri (lo cual no significa que la hayan domesticado). Les cuesta, especialmente, aceptar que la ley de la oferta y la demanda rige las transacciones del mercado y que, cuando el Estado interfiere, generalmente no logra cumplir ninguno de los objetivos trazados en forma permanente.

Esto debería entenderse también respecto a los precios máximos que, con infinito candor, Fernández y su equipo establecieron cuando el coronavirus llegaba para quedarse. Es increíble pero se sigue insistiendo en esta utopía cuando, salvo en contadísimas excepciones alrededor del mundo, jamás funcionó un experimento semejante. Si a esto se le suma el fenómeno, en absoluto desdeñable, de la inflación, el asunto deviene, siendo amables, en un auténtico cuento de hadas.

Sucede que los precios, a idénticas cantidades, dependen de la cantidad de dinero en circulación. Si hay más billetes dentro de una economía con una productividad constante (o en declive, como lo es el caso argentino) pues aquellos subirán. Hay matices, por supuesto, pero en el fondo todo se reduce a esto.

¿Porqué hay más billetes? Porque el Banco Central imprime por cuenta y orden del Tesoro Nacional. ¿Y por qué éste demanda más dinero? Porque con la recaudación de impuestos no alcanza para cubrir los gastos del Estado y porque, además, ya nadie le presta al país, ni los inversores privados ni el Fondo Monetario Internacional. El resultado es que hay más pesos circulando (que ya nadie demanda) y una coyuntura sanitaria que agrega presión a la compra de alimentos y bebidas. El resultado es simple: sus precios suben. No hay nada que hacer frente a esta realidad.

Y, sin embargo, el presidente se obstina en tapar el sol con las manos. Ahora pretende que los intendentes controlen los precios que, hace ya tiempo, él y sus burócratas fijaron con el asentimiento forzoso de empresarios que sólo querían que la reunión terminase. Y, esto es lo más risible, que lo hagan sobre almacenes y minimercados de barrio, que lo único que intentan es mantener su capital de trabajo merced a las remarcaciones.

¿Se prestarán los intendentes a desempeñarse como el servicio de espionaje presidencial en materia de góndolas y escaparates? Suena estrambótico, pero probablemente lo hagan más allá de cualquier raciocinio. Simplemente, ninguno de ellos querrá malquistarse con el único tipo en el país que puede imprimir los billetes que tanto necesitan para pagar sus cuentas, pero tal vez no pongan en el cometido el celo que Fernández pretenda que empeñen.

¿Clausurarían los comercios de cercanías que sus vecinos (es decir, los votantes de cada dos o cuatro años) necesitan para abastecerse? ¿Se malquistarían frente a pequeños comerciantes que argumentarían, sin mentir, que ellos sólo cumplen con listas de precios sugeridos por otros integrantes de las diferentes cadenas de suministros?

Son preguntas con respuestas obvias y negativas en todos los casos. La inflación, por definición, es una suba generalizada de precios, no incrementos puntuales de un producto o de sólo de un sector. Si un empresario, concedamos que oligopólico, decide acrecentarlos porque se le viene en real gana, esto no significa que el resto de los sectores económicos lo imite sólo porque les gusta remarcar. La inflación impacta en los precios, pero antes lo hace en los costos de producción de toda la economía, sin distinciones. Esto es lo que el gobierno no entiende pese a que, teóricamente, el ministro Martín Guzmán enseña en los Estados Unidos.

Para colmo, el propio Estado ignora a los precios máximos que con tanta enjundia pretende hacer cumplir. La cartera de Desarrollo Social acaba de adquirir los mismos productos “cuidados” con valores muy superiores a los establecidos por Fernández, pese a haber negociado millones de unidades y no una compra minorista. Dicho en castizo, el Estado pagó mucho más caro a sus proveedores los mismos productos que el presidente exige a supermercadistas y almaceneros que vendan a los consumidores con los precios que el propio gobierno señala. Es un verdadero galimatías, que revela la profunda ignorancia que campea en los despachos de la Casa Rosada sobre lo que ocurre en la economía nacional.

El asunto se vuelve todavía más bizarro al constatar que la compra del ministro Arroyo costó al cerca de cuarenta millones pesos, prácticamente la mitad de los fondos que recaudó -mega producción televisiva mediante- la primera dama Fabiola Yáñez para enfrentar al Covid-19. Es inevitable suponer que la beneficencia se encuentra muy devaluada o que el Estado compra pésimo.

En medio de todo este berenjenal se encuentra la Ley de Góndolas, una iniciativa sorprendentemente bendecida por el expresidente Macri y aprobada ya durante la gestión de Fernández. ¿Serán también los intendentes los encargados de velar por su cumplimiento? ¿Ingresarán, cinta métrica y calculadora en mano, a las grandes superficies para verificar los porcentajes de ocupación y distancia respecto a los extremos de los exhibidores de cada producto beneficiado por la norma? Esperamos que no se les requiera este servicio, tan inútil como el control de unos precios que ya nadie recuerda a cuánto ascendían cuando se estipularon.