Por Yanina Passero
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La presión social, otra vez, obligó a la dirigencia política –a una parte de ella- a resignar un porcentaje de su sueldo para la emergencia sanitaria. Antes, habían congelado salarios del poder ejecutivo y legislativo para solidarse con la crisis y la frustrante presión inflacionaria.
Ahora, constatado el descontento por los esfuerzos del ciudadano común que cumple con el confinamiento obligatorio, el cambio drástico en su rutina y la merma de los ingresos que, en algunos casos se redujeron al 100%, surgen estas disposiciones oficiales que entran en el terreno de lo opinable. ¿Por qué debería un mandatario donar su salario si se supone que trabaja sin descanso para contener los contagios por coronavirus?
Los prejuicios vigentes sobre la vieja política operaron y, para evitar reproches, los responsables democráticos sucumbieron. No importa el impacto real de la poda, lo que cuenta es que se hizo y las cacerolas no retumbarán en los balcones cordobeses. Tal sería el razonamiento dominante.
El gobernador Juan Schiaretti se desmarcó del presidente Alberto Fernández y anticipó el recorte del 30% en los salarios de abril de la planta política y empleados jerárquicos. La modalidad se someterá a negociación con los gremios que rechazaron el ajuste independientemente de la noble causa. Sin embargo, el intendente Martín Llaryora, esta vez, no replicó con exactitud la medida de su padrino político.
Minutos después de que la ministra de Coordinación del Panal, Silvina Rivero, comunicara la resolución, Llaryora dispuso que los funcionarios del gabinete municipal, el viceintendente Daniel Passerini, las sociedades del Estado y entes descentralizados, sufrirán una reducción del 30% de sus haberes. Los fondos serán destinados a una cuenta específica para insumos de salud y alcanzará sólo a secretarios.
En el comunicado, se encargaron de destacar que la medida se complementa con la decisión adoptada por el intendente, al comienzo de su gestión, de reducir en un 25% la planta política y congelar los salarios de los funcionarios por 180 días. Esto último implica que a la fecha los funcionarios municipales no percibieron el incremento del 8.89% acumulado que tuvieron los empleados del Ejecutivo Municipal, con los incrementos correspondientes al mes de diciembre de 2019 y enero. De esta manera, la merma en sus salarios del mes que vienen será superior al 35%.
En el Suoem, la alarma se encendió apenas se conoció la disposición. Pero el titular del Palacio 6 de Julio, a diferencia de Schiaretti, no nutrirá el fondo sanitario con los sueldos de los empleados, ni siquiera de los que mejores cobran, pese a que se sabe que hay personal de planta permanente que tiene ingresos que doblan a los del intendente. El gremio puede estar tranquilo porque no hay señales de que el peronista vaya a tensar esa cuerda, por ahora.
El sindicato dirigido por Beatriz Biolatto y el poder ejecutivo suscribieron tácitamente a la cláusula de no innovar en tiempos de pandemia. Es conveniente para ambos.
Llaryora no tendrá que apagar incendios propios de la gestión mientras dure la pandemia. Podrá mostrarse atento al plan de contención y reubicar los recursos que considere necesarios para atender las urgencias impuestas por el Covid-19. Los municipales se mostrarán cooperativos a pesar de los reclamos ordinarios y los que surgen del nuevo contexto.
Tampoco, la paritaria salarial que debía discutirse este mes empañará la lucha contra la peste. Como adelantó este medio, el Suoem no pedirá la reapertura de paritarias en lo inmediato. Los motiva el sentido común. Presionar sobre las arcas públicas en momentos de caída drástica de la recaudación y los giros por coparticipación, más la economía general al borde del colapso, sería un atentado. ¿Cuánto tardarían los municipales, pese a los esfuerzos de su avezada representación, en experimentar las generales de la ley? Las centrales obreras están hoy más preocupadas por frenar los despidos y las reducciones salariales que en mostrar su pericia negociadora en tiempos adversos.
También, hay otro factor que explicaría el supuesto altruismo sindical. Por el receso administrativo, carecen de su habitual mecanismo de presión que es la retención de servicios. Aparece otra realidad: mientras dure el confinamiento –del que no se sabe cómo ni cuándo conviene salir- los vecinos no requerirán en masa la atención presencial en el municipio y sus reparticiones.
Es por eso que varios entendidos en la política municipal afirman que Llaryora está frente a una oportunidad histórica de corregir desfasajes que cada intendente de turno alimentó y se reducen a una dedicación salarial que supera el 65% del presupuesto. Sin embargo, los actores centrales de la Municipalidad habrían convenido que es más positivo mantener el estatus quo.
