En la CGT temen recorte generalizado de salarios estatales

Los gremios de los empleados provinciales esperan precisiones y alcances de la reducción salarial y reclaman que el Gobierno pida gestos a los sectores socioeconómicos que tienen mayor capacidad de aporte.

Por Bettina Marengo

La CGT Regional Córdoba espera las precisiones del gobierno provincial sobre el alcance del recorte salarial a los empleados del Estado, pero teme que la poda sea generalizada. La única información oficial que salió de El Panal es que a partir de abril se reducirán los “salarios más altos”, sin discriminar planta política o plantel estable, en porcentajes que podrían ser superiores al 30%. Hasta ahora, las provincias que anunciaron algún tipo de recorte salarial para engrosar los fondos destinados a la lucha contra el coronavirus, lo hicieron sobre los funcionarios del Ejecutivo y planta política en general, no transversalmente sobre los sueldos altos. Lo  mismo en el caso  de la Municipalidad de Córdoba, que dispuso un 30% de reducción para los salarios de la planta política pero que en principio no afectaría a los dependientes del Suoem. Desde el Centro Cívico indicaron que los detalles del ajuste se difundirán en los próximos días. Lo que sí aclaró fue que ni policías ni personal de salud ni de otras áreas afectadas a la lucha contra la pandemia sufrirán la merma salarial.

En ese marco, y mientras gremios como la Uepc no firmaron aun el primer acuerdo salarial del 2020, la central obrera que conduce el legislador peronista José Pihén emitió un comunicado en el que manifestó “su más claro rechazo” al recorte. La organización reclamó que el aporte solidario provenga de los funcionarios de los poderes del Estado y recordó que los legisladores provinciales de origen gremial (caso Pihén, que es titular de la central y secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, y de Sara García, secretaria general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), solicitaron el descuento de un porcentaje de sus dietas para que el tesoro provincial lo destine a la emergencia sanitaria. “No tenemos ninguna certeza de que no se esté  pensando en aplicar un recorte generalizado en todos los sueldos ni que sea solamente por el mes de abril. De lo que dijo la ministra Silvina Rivero no se desprende nada concreto”, señaló una fuente gremial informada. La titular de la cartera de Coordinación, quien en la práctica maneja los números de la provincia, fue la vocera del anuncio en medios y redes sociales, que se emitió luego del cacerolazo en reclamo del recorte del “gasto político” y del comunicado del G6 empresarial reclamando un gesto del Estado en ese sentido.

Uno de los temores gremiales es que el gobierno aplique las reducciones “mes a mes”, según el comportamiento de la recaudación, con la promesa de reintegrar la quita a futuro, cuando pase la crisis del coronavirus. Luego de recordar que muchos trabajadores del estado provincial  están en situación de precarización laboral o tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza, la CGT puntualizó sobre “la ausencia de iniciativas que pudieran afectar a sectores socioeconómicos que claramente pueden realizar aportes superiores para la atención de la emergencia”.

Por fuera de la Regional Córdoba, aunque ayer se mantuvo en contacto con sus dirigentes, el titular de la Unión de Personal Superior (UPS), Domingo Ovando, fue el primero que salió a quejarse en los medios por el recorte, que en principio afectaría a todos sus representados. La UPS incluye a unos 1.500 empleados jerárquicos de la administración pública, hasta el rango de directores de jurisdicción, cuyos sueldos máximos de bolsillo llega a unos 120 mil pesos, con una franja inferior que llega a los 70 u 80 mil pesos.

La Provincia destina unos 12 mil millones de pesos a la masa salarial total, lo que representa aproximadamente  un 45% del gasto total mensual. El razonamiento de los gremios es que el gobierno de Juan Schiaretti no resolverá la estrechez económica de la provincia con el recorte salarial, salvo que este llegue a niveles social y legalmente inaceptables, y que la medida es “una decisión política”.

Lo que sí comparten Ovando y Pihén es que ambos esperan que el gobierno respete los acuerdos salariales homologados en marzo (16%) y que rige hasta agosto. En cambio, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba firmaría en breve el aumento que ronda el 16,7% a julio en tres etapas: febrero, mayo y julio.

Por su parte, el gremio de los Judiciales de Córdoba, cuyo titular, Federico Cortelletti, es el secretario de Prensa de la CGT, también adelantó rechazo al recorte. En este caso, será el  Tribunal Superior de Justicia quien deberá autorizar los descuentos. En comunicado, el gremio resaltó que a los empleados judiciales todavía se les debe una parte del aumento de 2019, concretamente un 10 % a diciembre de 2019 y retroactivos que hoy totalizan una deuda de más del 60 % del sueldo con cada empleado judicial.