Por Guillermo Geremía
Un supermercado de propietarios de origen asiático clausurado temporariamente, varias multas aplicadas, precios obligados a ser retrotraídos a los valores del 6 de marzo tal lo establece la resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación y la amenaza constante de consecuencias gravosas, en un tiempo donde el azote de la crisis por la pandemia empieza a doler en el bolsillo, son el saldo de la primera semana de mayor rigor en los controles de precios antes los abusos detectados en las góndolas y en las cajas de la venta de alimentos, artículos de limpieza e higiene personal.
“Lo que más hemos hecho es hacer bajar los precios”, asegura Luis Amor recientemente asumido jefe de la AFIP Río Cuarto, una de las delegaciones que más recauda en el interior del país. Esta semana las autoridades del ente recaudador dejaron en claro, en reunión con miembros del Centro Empresario Comercial y de Servicios de Río Cuarto (CECIS), que la resolución de precios máximos alcanza a toda la cadena de distribución desde los fabricantes de los productos, mayoristas y distribuidores y todo el tramo final de comercialización. Esa noria de precios debe ir reclamando hacia atrás que se retrotraigan los valores. “Muchachos, ustedes tienen que reclamarle también a su proveedores que vuelvan los precios a la primera semana de marzo”, explicó Amor a los comerciantes del CECIS que le mostraban las facturas de los proveedores con aumentos recientes.
En donde más costó hacer entender la normativa fue en el Mercado de Abasto porque creen que sigue vigente la lógica de definición de precios por oferta y demanda. “No hay definición de precios por oferta y demanda en este marco de la emergencia, hay precios máximos y si los hay es para toda la cadena”, asegura el funcionario recaudador. El martes, con la presencia de los inspectores de la AFIP las naves donde están los puestos, los precios retrocedieron a sus valores normales pero ya sin la ronda de “sabuesos”, ayer volvieron a aumentar entre 50 y 100 pesos en cada bulto de productos.
Una treintena de inspectores están recorriendo los supermercados, farmacias, verdulería y carnicerías del sur de Córdoba vigilando de cerca a los comerciantes para evitar abusos. Parecen pocos para controlar y detectar irregularidades en una amplia zona que incluye a Río Cuarto, Laboulaye, Bellville, La Carlota, Marcos Juárez, entre otras ciudades importantes. Se trata de seguir de cerca a los exceptuados de una economía que sufre su paralización y están cometiendo continuamente excesos. Actualmente la Administración de Ingresos Públicos está aplicando la Ley de Abastecimiento, la 20680 del año 1974. En su artículo 42 establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”. Serán las autoridades quienes proveerán a la protección de esos derechos, reza la normativa.
Los agentes de la AFIP encontraron resistencias en muchos puntos de venta, sobre todo en las sucursales de marcas trasnacionales. Ante el engaño en los papeles respecto de los precios en las góndolas debieron acudir a un mecanismo que se implementó en Río Cuarto por primera vez y que se replica en el resto del país. Los inspectores entran a la sucursal, toman un carrito, lo cargan con los productos de la lista de los precios máximos y de dirigen a la caja. Hacen tickear los productos y ahí establecen cuál es el real valor. Encontraron que no sólo había inconsistencias entre las listas de precios en administración, distintos de las góndolas y a la vez diferentes de los precios en las cajas. Tres valores dentro del mismo supermercado. Un verdadero despropósito que embauca a desprevenidos consumidores más pendientes de cumplir con el aislamiento que de andar controlando precios.
La AFIP está trabajando de manera coordinada con la Municipalidad de Río Cuarto, el Defensor del Pueblo y la delegación del Ministerio de Industria y Comercio de la Provincia de Córdoba. El 0800 del municipio recibe las denuncias que se replican en cuentas asociadas del organismo recaudador. Constantemente llegan acuso de recibos de abusos de precios en productos altamente demandados por estos días. La delegación recepta directivas diarias de Buenos Aires y además se aplican estrategias de intervención propias. Ahora dirigen su mirada hacia los mercaditos de barrio donde también se están cometiendo excesos; pero a la vez deben una y otra vez volver sobre reincidentes. Una farmacia de Río Cuarto estaba cobrando el alcohol en gel a un valor desmedido. Fue el primer producto al cual se le puso precio máximo y todavía lo siguen remarcando.
“Hay un miedo en el sector comercial al reabastecimiento, a lo mejor el precio que vende hoy está pensado en cuando tenga que volver a comprar el producto. Muchos no tienen mala intención sino que están preocupados en la próxima compra que tienen que hacer”, asegura el flamante jefe de la AFIP. El funcionario debuta con una exigencia extrema, se calzó el traje tras asumir Alberto Fernández y tras evitar las flechas cambiadas que encontró en el camino de propios peronistas cercanos al Intendente y al hombre fuerte del gremio que pretendían para sí un puesto de alto poder político en Río Cuarto. Hoy son minucias de la arena política ante la magnitud del problema que estamos atravesando. Mientras se acumulan las amenazas verbales desde el Presidente al último funcionario controlador, es de esperar que tanto estilete discursivo se traduzca en sanciones efectivas. Porque en el mientas tanto, los precios siguen aumentando. Así son las cosas.
