CGT, ahora prioriza crisis: en alerta por quitas salariales

El arco sindical nacional y local ya se pronunció sobre el dilema “control de la pandemia” versus “im- pacto en la economía”. Advierten a políticos y empresarios que no tolerarán despidos ni reducciones salariales. Sin embargo, la Provincia anunció quitas que llegarán al 30% para el sector público.

Por Yanina Passero
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La CGT nacional se anima a arriesgar números: advierten que la pandemia por coronavirus y sus efectos en la economía argentina arrasará con un millón de puestos laborales. El presidente Alberto Fernández ubicó a los sindicatos y al sector productivo en su lista de interlocutores diarios asumiendo una preocupación que amenaza con desestabilizar la confianza social en torno a las medidas de aislamiento social obligatorio. La duda se resume en la tensión la contención sanitaria y los efectos en la economía.

Las centrales obreras comenzaron, más rápido de lo que se esperaba, a inclinar sus preocupaciones iniciales por frenar la peste hacia el resguardo de las fuentes laborales y el cobro íntegro de los salarios. Son tiempos de paritarias postergadas y con bases menos sólidas para su negociación que hasta hace menos de un mes; también de pérdidas para los castigados de siempre, los monotributistas e informales.

Ahora bien, en el sector público hay una preocupación adicional. Si se da por descontado que la llegada del COVID-19 a la Argentina dejaría al desnudo las décadas de desinversión en materia de salud pública, los sindicalistas que representan a los empleados públicos comienzan a temer por otra constatación que podría llegar más temprano que tarde. Los diferentes niveles del Estado pueden funcionar con una menor cantidad de empleados que los que emplea, al menos así parece demostrarlo la cuarentena.

Es por eso que las distintas regionales expresan su apoyo a los oficialismos, pero deciden condimentarlo, ahora, con advertencias. Este es el caso de la CGT Córdoba que comanda el referente de los agentes estatales que dependen de la Provincia, José “Pepe” Pihen.

“La crisis sanitaria exige los mayores esfuerzos de la sociedad, pero especialmente de los que se encuentran en mejor posición económica. Es por ello que se exige la preservación de los puestos de trabajo evitando todo tipo de despidos y/o suspensiones y garantizando el pago íntegro de las remuneraciones”, reza el comunicado que dedica un párrafo especial a la intervención pública.

“Reclamamos la asistencia de los Estados para asegurar los ingresos de los trabajadores, formales e informales; la provisión de los recursos alimentarios y de subsistencia, así como los recursos necesarios para la preservación de la salud”, cierra la circular en la que también reclaman el “control de los precios de los artículos de primera necesidad, junto a la aplicación de medidas impositivas, suspensión de cargas e implementación de sistema de pagos directos sustitutivos de salarios”.

Las arcas públicas sentirán un cimbronazo y las presiones de las bases no tardarán en llegar a sus representantes sectoriales. En épocas de gestos políticos, los estatales quieren permanecer al margen, pero se da por descontado que la crisis también los alcanzará. De hecho, Schiaretti se mantuvo firme con el levantamiento de la cláusula gatillo para la corrección salarial. Las noticias que seguirán este ejercicio no serán alentadoras para ninguno de sus protagonistas y no tardaron en llegar.

Ayer, el Gobierno de Córdoba anunció un recorte en el pago de los salarios de abril, con excepciones (ver página 5). La información fue confirmada por la ministra de coordinación Silvina Rivero, quien se comprometió a citar a los sindicatos para analizar los mecanismos de implementación.

Se presume que la negociación será ardua porque el comunicado de la CGT Córdoba comenzó a circular horas antes que se oficializara una noticia esperada. Desde la semana pasada, otra vez la oposición logró instalar el debate sobre el gasto público en salarios y se pidieron “gestos” concretos de la clase política para acompañar el esfuerzo social. Schiaretti decidió ir un paso más allá atendiendo a las necesidades obvias de la caja provincial.

CGT nacional pide mesa ejecutiva

El secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, pidió ayer “la conformación de un comité de crisis entre el Gobierno, empresarios y sindicatos para analizar la situación de la producción y los empleos” en el contexto generado por la pandemia de coronavirus.

“Todavía no hay una mesa armada sino que estamos solicitando un comité que empiece a tratar en plena crisis sanitaria la situación económica porque cada sector, en menor o mayor medida, está comenzando a tener problemas”, expresó Sola.

El también secretario general del Sindicato del Seguro consideró que “hay que lograr que todos los empleos sigan en pie en una situación muy difícil, porque estamos ante un escenario nuevo y los gremios estamos a disposición para a ayudar”.

“Está claro que esta crisis sanitaria va a dejar tierra arrasada en la economía, con más empleo en negro, desempleados, pobres e indigentes”, evaluó. En relación con los despidos de 1.450 trabajadores en Techint -sin efecto tras la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo dispuesta ayer-, Sola opinó que “hay casos oprobiosos”.

“Esos despidos son una estrategia de (el director de la empresa) Paolo Rocca y un grupo de importantes empresarios para demostrar que quieren achicar los costos durante la pandemia”, agregó.

En este sentido, el dirigente de la CGT indicó que “Rocca tiene la principal fortuna del país y es uno de los que puede ganar menos, lo que se diferencia de la realidad de las pymes a las que sí hay que atender con menor presión fiscal y créditos blandos”. Sola entendió que “el Gobierno está tomando la situación de forma madura, responsable y con medidas acertadas” y confió en que, “con la economía, también va a acertar en los ejes que hay que transitar”.