Ansiedades en alza por la inmovilidad del Judicial

Los colegios de abogados recuerdan la esencialidad de la Justicia y reclaman soluciones para ciudadanos y profesionales

Por María del Pilar Viqueira

Pocos días después de que el Gobierno nacional decretara la cuarentena obligatoria por el Covid-19, los profesionales independientes de todo el país comenzaron a expresar sus reparos.
En el caso de los abogados, con el Poder Judicial en situación de feria y asegurando solo prestaciones mínimas, fueron sumándose las voces que sostienen que la Justicia presta un servicio que no puede interrumpirse porque es equiparable al de los hospitales.
La semana pasada, la Federación Argentina de Colegios de Abogados cuestionó la suspensión de la emisión de órdenes de pago y le reclamó medidas fiscales al Ejecutivo.
La prolongación del denominado aislamiento social, y con ello, de la parálisis del Poder Judicial, agravó el cuadro de ansiedad del sector.
El Colegio de Abogados de Córdoba emitió un comunicado recordando que la Justicia es esencial para el Estado de Derecho. Bajo esa premisa, reclamó que se ponga en marcha con un plan de funcionamiento acorde a la situación.
Además de citar el mandato constitucional, la entidad advirtió que la parálisis afecta directamente el sustento de los letrados, enfatizó que hay herramientas tecnológicas y jurídicas para trabajar y planteó que todo depende de la decisión política del TSJ.
Así, le pidió que imite la modalidad que vienen acatando los demás poderes, en los diferentes órdenes (nacional, provincial y municipal), y que ponga a funcionar aquellos instrumentos, flexibilizando algunas cuestiones para permitir la actividad remota.
Resaltó que se impone garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la fuente de trabajo de los abogados y, entre otras acciones, reclamó que se suprima la feria de julio y que se limite la aplicación de la ley de mediación prejudicial obligatoria, al entender que es un escollo para el efectivo acceso a la Justicia porque su aplicación en el escenario actual es imposible, por las prohibiciones y restricciones vigentes.
A nivel interno, prorrogó el vencimiento de la deuda de aportes colegiales hasta el 30 de junio y condonó el 100% de los intereses por atrasos correspondientes al año pasado.
“Creemos que el esfuerzo que estamos realizando los abogados y abogadas debe ser replicado por los integrantes del servicio de Justicia”, manifestó.

Apagón
El apagón del Judicial comenzó a mediados de marzo. En efecto dominó, los judiciales provinciales comenzaron a declararse en situación de feria y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se sumó: relevó al personal de la obligación de concurrir a los tribunales y declaró que los días serían inhábiles por el plazo de vigencia de la cuarentena.
La suspensión de clases que dispuso el Gobierno, sumada a la presión que ejercieron durante las jornadas previas el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación aceleraron el curso de los acontecimientos.
Antes de que se conociera el tenor de la decisión de la Administración que comanda Alberto Fernández, sin tener aun en mira las repercusiones institucionales y laborales de la medida y poniendo el foco en el aspecto sanitario, la entidad que nuclea a los letrados porteños reclamó el cese de movimientos en los juzgados. Advirtió que el alto tránsito de personas los convertía en zonas “de altísimo riesgo de contagio y propagación” del Covid-19.
El gremio que lidera Julio Piumato se alineó con el colegio capitalino. De hecho, mientras se aguardaba la definición de la Corte dijo que sindicato analizaba convocar a un “paro sanitario nacional” si no había definiciones. Por su parte, los tribunales federales de Comodory Py se cortaron solos: suspendieron audiencias de juicios orales, anunciaron videoconferencias y otros planes para evitar aglomeraciones en los edificios.

Tensiones
Mientras los supremos estudiaban los pasos a seguir no faltaron las tensiones. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, no veía con buenos ojos abandonar los despachos y propició explorar alternativas, pero los requerimientos de los actores del sistema en esa instancia y la conveniencia acatar las mandas del Ejecutivo en materia de política sanitaria determinaron el cierre de los tribunales.
Ahora, las consecuencias de la inmovilidad generan críticas, y no solo de abogados. La sociedad está inquieta porque advierte que no se están resolviendo cuestiones urgentes y, sin distinguir entre funcionarios y empleados judiciales, reniega de que el sector tenga ingresos asegurados haciendo poco.
Mientras el grupo liderado por Piumato no acusa recibo y se vanagloria se haber motorizado la feria para protegerse de posibles contagios, Rosenkrantz tomó otro camino: escribió un artículo en un reconocido matutino nacional para detallar los fundamentos de la medida y mitigar el impacto de los reproches.
Así, el ministró se encargó se recordar que más allá de sus especificidades, el Poder Judicial es una burocracia pública y que, por consiguiente, cuando debe resolver una cuestión que no es jurisdiccional o que no puede afectar su independencia no debe actuar unilateralmente, al margen del accionar del resto de las burocracias públicas.
“Frente a amenazas sistémicas como la actual pandemia, las respuestas estatales solo serán eficaces si son generales, y las respuestas estatales generales deben ser adoptadas por los poderes del Estado en mejores condiciones epistémicas para decidir y con mayor legitimidad para hacerlo”, alegó el supremo.
“Las respuestas generales en casi todos los casos presentan complejidades dilemáticas porque exigen optar entre alternativas difíciles de conmensurar entre sí”, añadió.