En elecciones, mejor no hablar de retenciones

Por Guillermo Geremía

De eso no se habla. La campaña oficial que impulsa a Juan Manuel Llamosas por la reelección tiene vedado dos temas. Uno de mucha repercusión pública y otro de cotilleo interno político. La posición del padre de Llamosas sobre el aumento de las retenciones y el regreso de Mauricio Dova (súper-poderoso secretario renunciado en esta gestión) al equipo del intendente como candidato a presidir el Tribunal de Cuentas.
“Creo que en el tema de las retenciones voy discrepar con algunas de las posiciones… yo creo que son necesarias. No creo que sean un mal impuesto. Sobre todo en este momento. No puede ser que sectores que aún siguen oponiéndose y amenazando con toda la fuerza se nieguen a resignar parte de sus ganancias en una situación como en la que está el país. A lo mejor es un mal impuesto, pero en este momento es necesario”.
Las declaraciones radiales de Esteban Miguel “Chachi” Llamosas son la comidilla de esta semana de la campaña. Tal vez con la llegada de Bautista, el segundo nieto que le da Juan Manuel, pase a abuelo-modo-silencio, por lo menos en lo que respecta a sus manifestaciones sobre asuntos públicos. En un tiempo electoral que viene “tan planchado, por qué hacernos olas nosotros mismos”, aseguró un operador cercano al intendente.
En cuanta entrevista periodística tiene, Gabriel Abrile, candidato de la alianza UCR-PRO, no pierde la oportunidad de oponerse a las retenciones establecidas por el Gobierno Nacional, ni de demandarle a Llamosas que haga público su posicionamiento. Los dichos de Llamosas padre en el día de apertura de sesiones del Concejo Deliberante hacen suponer que en el gabinete las aguas están divididas. Unos alineados con la postura provincial de no abandonar el surco del sector agropecuario, y otros saliéndose de la huella para empezar -al menos por lo bajo- a cuestionar las eternas letanías de los hombres del campo.
Es que la relación campo-ciudad en estas tierras está tramada con una creación de sentido histórica. En tiempo de las protestas de la 125, empleadas domésticas aplaudían al pasar el tractorazo del sector, en una adhesión que parece de difícil explicación social.
El aumento de las retenciones a la soja en 3% implicará la salida de recursos adicionales de la región por más de $2.747 millones de pesos anuales. La discusión cobra un valor político y económico adicional cuando se piensa que esos recursos no volverán en obras, como lo indica el pasado reciente, aunque tampoco garanticen un derrame distributivo si se quedan.

Subas y bajas
La economía regional agropecuaria se sostiene, básicamente, con cuatro productos. La soja, cuyas retenciones pasaron del 30 al 33%, aunque el aumento no afecta a todos los productores. Tal incremento está contemplado en la Ley de Solidaridad aprobada por el Congreso Nacional en diciembre pasado. El maíz, que se mantiene en 12%, pero que aumentó de cero a ese porcentaje con el nuevo gobierno. El maní, que pasó del 12% al 7% de retenciones (-5). Y el trigo, que también mantiene el 12% de retenciones.
“En el caso de la soja este aumento mete una mayor presión en el margen agropecuario afectando especialmente a regiones como la de Río Cuarto, un poco más alejadas del puerto. Desde 400 kilómetros en adelante empiezan a tener una ecuación más complicada que se va a traducir en una caída de la producción de soja, menos inversión en fertilizantes y semillas… seguramente veremos un traspaso a maíz”, afirma David Miazzo, economista en jefe de FADA (Fundación Agropecuaria para el desarrollo de Argentina).
En ese think tank del sector moderan sus críticas en comparación con las patronales del campo. “Creo que, en general, la baja en las economías regionales se celebra. Tanto en el gobierno de Macri como en el de Fernández es una mala medida el derecho de exportación en general, y en particular en las economías regionales que siempre están en una situación más vulnerable de competitividad”.
“Solamente el 3% a la soja para toda la provincia de Córdoba significa un aporte impositivo adicional de 140 millones de dólares. Río Cuarto será algo menos que un cuarto de ese valor, algo así entre 30 y 40 millones de dólares es el costo para el Departamento”, adelanto Miazzo sin que todavía hayan afinado el lápiz de los costos y beneficios del nuevo esquema de aranceles a la exportación.
La suba y baja de las retenciones no sólo se mide en cuestión de porcentajes sino en volúmenes de comercialización. El Departamento Río Cuarto tiene sembradas unas 600 mil hectáreas de soja, que implican 2 millones de toneladas. Por ser segmentadas, el 20% de los productores riocuartenses pagarán menos retenciones (escala entre el 20 y el 30%) mientras que -según los cálculos de la Bolsa de Cereales Córdoba- quienes tengan sembradas 300 has. o más pasarán a pagar 33% de arancel del “maldito impuesto”.
“El campo ha sido suficientemente generoso poniendo el hombro en cada crisis que soportó el país, pero la realidad del productor ahora es totalmente distinta. Ya no se puede sacar de donde no hay, mientras el sector observa con preocupación que los esfuerzos no son parejos y que poco y nada se hace para bajar el costo de la política y el enorme gasto público”, afirma el comunicado de la Sociedad Rural de Río Cuarto.
El duro comunicado de la entidad ruralista es leído con lupa en el Palacio de Mójica. Los asesores de Llamosas saben que en estas latitudes “no se deben meter con el campo”. De hecho el Intendente convocó a Germán Di Bella, un referente del sector, para que encabece sus equipos técnicos, como una manera de afianzar su compromiso con la agroindustria. Por eso ya se lo advirtieron al padre del intendente: mejor no hablar de ciertas cosas.