En la última semana el Gobierno planteó un sendero de resultado primario que considera para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública: una reducción gradual del déficit primario, partiendo de 0,9% del PBI de 2019 hasta alcanzar el equilibrio en 2023, y niveles de superávit del orden de 0,6-0,8% en los años siguientes. Aun cuando se tomaron una serie de importantes medidas, el resultado previsto en relación al PBI para 2020 no varía significativamente comparado con 2019 debido a la ausencia de ingresos no recurrentes (ventas de activos, entre otros, contabilizados en ese año) y a que la proyección de la situación tomando el fin del ejercicio es bastante más comprometida que el promedio del año.
Un análisis de la consultora Quantum sobre otras experiencias de reestructuración de la deuda, observa que la velocidad del aumento del superávit primario presentada por el ministro Martín Guzmán es relativamente baja. Por ejemplo, Uruguay pasó de un déficit primario de 0,9% del PBI a un superávit de 3,5% del PBI entre 2001 y 2006 –aunque se deterioró tras la crisis de 2002 producto de políticas tendientes a mitigar sus efectos sobre el sistema financiero y la recesión.
En términos de deuda, la reestructuración de 2003 no incluyó quita de capital ni reducción de intereses. No obstante, la replicabilidad en Argentina es limitada, principalmente por características y circunstancias particulares que presenta el proceso.
Suponiendo que se avanza sobre el sendero definido, resulta importante considerar que, para que el déficit de 2020 sea igual al de 2019, se requirieron un conjunto de medidas para revertir su dinámica. El 0,9% del PBI de déficit de 2019 refleja el balance entre ingresos y gastos de todo el año y oculta una dinámica del gasto muy superior en el segundo semestre de 2019 respecto del primero, En consecuencia, la “punta” de 2019 demandaba decisiones fiscales para alcanzar el magro resultado de un déficit primario en 2020 similar al año anterior.
Teniendo en cuenta esa inercia, a fines del año pasado se aprobó la Ley de Emergencia. Por el lado del gasto, esencialmente se desactivó el mecanismo de indexación automática de jubilaciones y pensiones (representa más del 60% del gasto primario), logrando una reducción del gasto en términos reales.
Quantum indica que aún queda pendiente resolver lo que se hará con las tarifas de los servicios públicos –congeladas- y, en consecuencia, con el monto de los subsidios que el Gobierno finalmente otorgará al sector privado. Por el lado de los ingresos, hubo decisiones que apuntaron al aumento de la recaudación de varios tributos, en particular en las retenciones a las exportaciones. Con estas decisiones se incrementó aún más la presión tributaria que de por sí parte de tasas elevadas, con un diseño de impuestos, que incluye tributos muy particulares y, además, una recaudación reducida producto de elevada informalidad.
Sin embargo, aun en el contexto de convergencia fiscal, el Gobierno seguirá teniendo necesidades de financiamiento para cubrir el déficit primario, obligaciones con organismos multilaterales de crédito y con el Club de Paris (si no se renegocia), y, eventualmente, una parte de los intereses de la deuda que se reestructure.
Algunas de las fuentes utilizadas para ello podrían ser: el impuesto inflacionario”, más allá de que su utilización tiene un límite, inclusive en el marco de control de capitales como el actual, la expansión monetaria para comprar las divisas que el Gobierno necesita para pagar las obligaciones en moneda extranjera aportará en ese sentido. Ello significará que habrá que administrar estos efectos, pues el riesgo es una reducción en la base de la “recaudación” de este concepto por caída en la demanda de dinero. Asimismo, para que esto sea posible, será necesario contar con un superávit en el mercado cambiario que pueda ser comprado por el BCRA.
Otra variable es el crecimiento económico: con efectos positivos sobre la recaudación y la estabilización de la relación deuda a PBI. El crecimiento de la economía impacta sobre las importaciones y reduce el superávit comercial que provee los recursos para el pago de los servicios de la deuda. Entonces, se debería producir un aumento en exportaciones u otras mejoras en la cuenta corriente de la balanza de pagos o, también, una mejora sostenida en el resultado de la cuenta capital. Esta es función de confianza y deseable reversión de las salidas de capitales verificadas. Complementariamente, están los flujos de inversión directa y deudas del sector privado.
En 2020-2021 deberán enfrentarse servicios de deuda por USD 7,2 mil millones promedio (capital e intereses), de los cuales USD 2,2 mil millones corresponden a pagos al Club de Paris en 2020. Si se negocia un nuevo acuerdo con el FMI, se contribuiría a renegociar vencimientos y tasa de interés de la deuda con el Club de París, habilitar nuevos préstamos del BIRF y BID y se podría obtener recursos de esa misma institución.
Por otro lado, la renovación de los vencimientos en pesos del Tesoro sirve para estabilizar la economía, captar recursos internos que antes salían de la circulación local y disminuir las vulnerabilidades manifestadas recurrentemente. Ello se condice con minimizar el uso del impuesto inflacionario como fuente de financiamiento. En ese sentido, la credibilidad y el ofrecimiento de alternativas realistas a los inversores son importantes para recrear el mercado de capitales.
