Entre 2013 y 2019 la transparencia de la información presupuestaria de las provincias mejoró un 38% según la serie histórica del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe encabezaron el ranking del año pasado y del anterior; Chubut, San Luis y Jujuy fueron las de peor desempeño el año pasado.
A fines de noviembre, once provincias aún no habían publicado en sus sitios web el proyecto de ley de presupuesto para este año. Además, cinco distritos no habían difundido la Cuenta de Inversión de 2018, con la cual el Ejecutivo provincial informa a la Legislatura cómo invirtió los recursos. En la mayoría de los casos, los datos sobre cómo se ejecuta el gasto aún no suelen ser suficientemente detallados. Pocas publican los perfiles proyectados de interés y capital a corto y mediano plazo para sus deudas.
El ITPP es elaborado por los economistas Ricardo Carciofi, Pablo Carreras Mayer y Alejo Sorrentino, investigador principal, coordinador y analista, respectivamente, del programa de Desarrollo Económico de CIPPEC.
Entre 2013 y 2019 el ITPP muestra una mejora “apreciable” en el nivel general de transparencia presupuestaria: ha pasado de un puntaje promedio de 5,8 en 2013, a 8 en 2019, según los valores de la serie histórica. La mejora general se combina con una reducción sostenida de la dispersión en los puntajes de las 24 jurisdicciones.
En cuanto a los resultados del 2019 y su relación con 2018 se observa que 13 provincias experimentan aumentos en su puntaje, dos conservan los del año anterior y nueve egistran un descenso. El resultado neto es una mejora en el promedio general. Hay dos factores principales a la hora de explicar los cambios de un año a otro: el proyecto de presupuesto 2020 y la cuenta de inversión 2018.
El informe del Cippec plantea que si bien el índice registra indudables avances, se detectan dos áreas donde es posible mejorar la calidad de la información fiscal: la desagregación sobre la ejecución del gasto y la deuda pública. En términos de las clasificaciones de gasto reportadas se aprecia que “la desagregación utilizada en muchos casos es más bien escueta y de actualización esporádica”. Respecto de la deuda, no obstante que la gran mayoría de jurisdicciones provee información detallada del stock, son pocas las provincias que presentan los perfiles proyectados de interés y capital a corto y mediano plazo.
El CIPPEC señala que la mayoría de las provincias reporta los gastos realizados haciendo uso de los clasificadores según finalidad-función, objeto y naturaleza económica, todas ellas requeridas por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Por el contrario, el reporte por programa presupuestario o ubicación geográfica resulta mucho menos extendido; esta diferencia en la variedad y cantidad de clasificadores de gasto utilizados por las provincias refleja en última instancia una capacidad muy desigual de dar detalle sobre el destino de los fondos públicos, en términos de en qué, quién, para qué, dónde, con qué financiamiento y en el marco de que política o programa de gobierno se ejecutan los gastos.
En este sentido, el ITPP da cuenta de que son pocas las jurisdicciones que ofrecen un desglose completo de su gasto bajo todas estas dimensiones: en 2019 solo tres distritos informan gastos bajo las seis clasificaciones contempladas (CABA, Entre Ríos y Córdoba), mientras que cuatro jurisdicciones dan cinco de las seis (Buenos Aires, San Juan, Santa Fe y Tierra del Fuego).
La institución recuerda que las provincias ejecutan más del 40% del gasto público del país y son responsables de la provisión pública de servicios esenciales para la sociedad: educación, salud, y seguridad. En ese contexto, la mayor transparencia presupuestaria es un mecanismo “fundamental para lograr un debate más informado sobre las decisiones de gasto y de impuestos, y mejorar los procesos de rendición de cuentas. Es crucial entonces que se consolide el rumbo observado en los últimos años”.
