Por Javier Boher
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Allá por 2002 Steven Spielberg y Tom Cruise lograron convertir un relato de Philip K. Dick en un éxito cinematográfico que en América Latina fue titulado “Sentencia previa”. Allí se expone un sistema de “precrimen” que es utilizado para detectar y evitar crímenes que ocurrirían en el futuro.
Aunque la trama de la historia implica una crítica a la posibilidad de castigar a alguien antes de que cometa un ilícito, la idea de evitar el sufrimiento derivado de actos violentos que conspiran contra el contrato social es algo que se ha mantenido vigente a lo largo de la historia. La forma que puede adoptar esa prevención ha cambiado muchas veces, pero la idea de la reducción del daño no.
En las antípodas de la prevención de las nefastas consecuencias de la acción humana se encuentra Argentina, un país en el que la anticipación a los problemas parece ser una mala palabra, algo que las sucesivas gestiones han dado muestras de preferir evitar. Aunque sucesivamente se ha hablado de la prevención como medio eficaz para evitar problemas, poco han hecho en esa línea los que se han turnado para gobernar.
Por supuesto que nadie quiere un sistema de prevención tan ridículo como el de la película, aunque sí medidas que apunten a la eliminación de las causas de los problemas. Nada de eso pasa aquí, en donde todos eligen legislar con posterioridad a los hechos, nunca de manera proactiva, sino absolutamente reactiva. Para peor, la inmensa mayoría de las veces todo ocurre de una manera demagógica, dándole a la gente lo que pide, todo para aplacar a las fieras y sumar algunos puntos más de imagen positiva que eventualmente se puedan cobrar el día de la elección.
El caso más reciente es la propuesta de la “Ley Fernando”, una iniciativa por la que ya se han pronunciado a favor el ex diputado nacional Daniel Lipovetzky (hoy diputado bonaerense por Juntos por el Cambio) y Leandro Santoro (legislador porteño kirchnerista). A través de la misma se pretende establecer mecanismos para castigar a los deportistas y a las instituciones a las que pertenecen si cometen episodios de violencia.
Tal proyecto llega tarde a una cuestión que tampoco es abordada por el mismo, que es la de la violencia y el descontrol en un país en el que la mayoría de las leyes son letra muerta para aquellos con los medios para transgredirlas. Nuevamente hay gente tratando de lucrar (en términos políticos) con una tragedia familiar producida por un grupo de inadaptados que de casualidad jugaba al rugby.
La “Ley Fernando” es otro ejemplo de lo que en otro momento pueden haber sido la “Ley Carrasco” por la que se eliminó el servicio militar obligatorio, con la que se terminó también la discusión sobre los abusos y malos tratos que tantos vivieron hasta ese momento.
También se podrían mencionar lo que fueron las leyes de Blumberg, que lograron el endurecimiento de penas tras las masivas movilizaciones en contra de la inseguridad que encabezabó Juan Carlos Blumberg, padre de Axel Blumberg, que en 2004 fue secuestrado y asesinado, esto último como resultado del pésimo manejo que la policía hizo respecto al asunto.
La “Ley Cromañón”, cuando decidieron que para proteger a varios políticos lo mejor era prohibir cierto tipo de recitales o concentraciones de gente, evitando el mucho más engorroso trámite de controlar que los locales y eventos se ajusten a las normas vigentes.
¿Para qué pedirles a los miembros de las Fuerzas Armadas que respeten los derechos de los conscriptos si se puede eliminar la obligatoriedad del servicio militar? ¿Para qué pedirle a la policía que desbarate a las bandas delictivas o a la justicia que se encargue de velar por las víctimas, si podemos endurecer las penas para que la gente deje de marchar? ¿Para qué pedirles a los bomberos o a los inspectores municipales que revisen los locales a conciencia, si suspendiendo las actividades logramos el mismo efecto de que no haya accidentes? ¿para qué enseñarles a los deportistas que está mal resolver los problemas a los golpes, si podemos sancionarlos a ellos y a sus clubes cuando terminan matando a alguien en la calle?.
Cuando hace unas semanas se accidentó un niño en un castillo inflable (porque los padres prefirieron desentenderse de lo que estaba haciendo su vástago) la respuesta de algunos políticos fue proponer un registro de prestadores de entretenimientos inflables, más una tasa municipal destinada a hacer frente a las posibles consecuencias de tales juegos. Impensado, dijo nadie nunca.
Es muy difícil no trabajar de manera reactiva a los hechos que son tan trascendentales en la vida de las sociedades, pero la cuestión punitiva por sobre la preventiva quizás debería evitarse. Impuestos, registros o prohibiciones suelen ser las reacciones de una mediocre clase dirigente a los problemas de la gente, que sin embargo no modifican sustancialmente las cosas.
Siempre es más fácil pegarle a un hijo que no hace caso antes que enseñarle a que entienda cuáles son los límites y por qué existen. Las leyes demagógicas como la propuesta Ley Fernando son una mala reacción ante el hecho, que pretende castigar a los infractores (que siempre son visibilizados cuando el problema es demasiado grande para ocultarlo) antes que generar prácticas que eviten llegar a los extremos como el del episodio que desató el debate. Seguramente una ley que prohíba hacer leyes demagógicas resolvería el problema, ¿o acaso no es ese el razonamiento de los legisladores que proponen esta?.
