En casi dos meses de gestión, el intendente Martín Llaryora y el gobernador Juan Schiaretti dieron sobradas muestras de cuán ligadas estarán sus administraciones. O más bien, de cuánto necesitará la Municipalidad de la Provincia y de hasta dónde está dispuesta a ayudar política y económicamente ésta última.
Tan indiscutido es el tutelaje, que en muy poco tiempo el Centro Cívico auxilió financieramente al municipio capitalino, le prometió importantes obras, hubo firma de numerosos convenios y una gran adhesión a distintos programas provinciales.
Todos condimentos que, se supone, allanarán la estadía de Llaryora en el Palacio 6 de Julio y que a su vez potencian un contraste con lo que fue la administración del radical Ramón Mestre.
De hecho, hace algunas semanas el ex intendente expuso públicamente su enojo por el pago a la actual gestión local de fondos que su gobierno le venía reclamando hacía tiempo y sin suerte a la administración de Juan Schiaretti. Se trata de una deuda por los servicios prestados en salud y educación.
Lo cierto es que en la línea de construcción del PJ para gestiones gemelas, esta semana Llaryora ratificó el trabajo conjunto en uno de los aspectos más sensibles para cualquier gobierno: la seguridad.
Decidido a llevar acciones y estrategias conjuntas, el intendente y el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, visitaron el Centro de control operativo de video-vigilancia de la Policía de la Provincia. Hubo compromiso para agudizar tareas en materia de ordenamiento urbano, seguridad pública y seguridad ciudadana.
“Conjuntamente con el jefe de la Policía, visitamos las distintas dependencias y fundamentalmente, el centro de control operativo de video-vigilancia donde la Directora General de Tecnología de la Información y Análisis Estadístico, Claudia Salgado, brindó detalles de la operatividad del sistema de video-vigilancia que cuenta con más de 1000 cámaras ubicadas en distintos puntos de la ciudad capital”, dijo Mosquera. A lo que de inmediato agregó que el mismo trabajo se realiza también con otros municipios.
Ese es un punto que varios de los funcionales insisten en destacar al momento de hablar sobre la adhesión municipal a propuestas provinciales: aseguran que la anterior gestión era la que no quería sumarse, en contraposición a lo que sí ocurre -dicen- con otras jurisdicciones del interior, incluso, con las que no son de Hacemos por Córdoba. Desde la Provincia admiten la voluntad de apuntalar al gobierno municipal argumentando que toda colaboración redunda en beneficios para los vecinos. Desde la oposición, en cambio, le imprimen un carácter netamente político a esa asistencia: garantizar el éxito de Llaryora pensando en darle continuidad del proyecto político de la ex Unión por Córdoba en 2023.
