Las deudas que mantienen con el Estado los funcionarios públicos suelen ser tema de debate, también de indignación, cuando se filtra algún monto con nombre y apellido. En Córdoba, distintos medios de comunicación publican con frecuencia el pasivo de hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de cuidar los recursos de todos.
Durante el ciclo institucional pasado, altos referentes del gabinete del gobernador Juan Schiaretti o del entonces jefe del Palacio 6 de Julio, Ramón Mestre, tuvieron que dar explicaciones públicas y desembolsar los fondos reclamados en concepto de impuestos o infracciones de tránsito.
Parece que el intendente de la ciudad, Martín Llaryora, quiere evitar a toda costa que su flamante equipo de gobierno sea objeto de escraches mediáticos por estas “desprolijidades”. También, porque sabe que las necesidades de recaudación y la inflación en permanente alza obliga a los contribuyentes a hacer esfuerzos extra, en momentos de crisis.
Cabe recordar que el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza tarifaria con subas para los bienes inmuebles de hasta el 53 por ciento, aunque cabe aclarar que el promedio del reajuste representa 48 puntos. También, para los hogares humildes la suba ordenada será del 41 por ciento, conforme a lo dispuesto por Mestre.
Es razonable que en un contexto de presión impositiva nacional, provincial y municipal se pida a los funcionarios predicar con el ejemplo. La tolerancia vecinal será menor y en consecuencia, un simple escrache puede desencadenar crisis de confianza que el peronismo no quiere imaginar para un bastión que, después de décadas, le permitió manejar sus hilos.
Entonces, el staff político de Llaryora tiene un mes para ponerse al día con las deudas, en caso de tenerlas, o “chequear” que no se haya traspapelado algún pago o multa. Caso contrario, peligra su puesto.
El pedido corre para toda la planta política: desde secretarios a subdirectores. Sin excepciones.
Por caso, ya hubo algunos movimientos en las terceras líneas, como por ejemplo en Señalamiento donde la remoción de un recién designado habría sido porque se constató una importante deuda con AFIP.
