El Gobierno nacional resolvió no apoyar a Buenos Aires en el pago de su deuda para evitar fricciones con otras provincias complicadas por vencimientos en dólares. Ayer Axel Kicillof confirmó que no podrá hacer frente al pago de 277 millones del bono BP21 y propuso a los acreedores diferir el pago hasta el 1 de mayo. En paralelo, Córdoba confirmó, mediante un comunicado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el pago de US$16.031.250 en concepto de intereses de su bono CO27, previsto para el 3 de febrero próximo.
Kicillof sostuvo que buscará la aprobación de los tenedores del bono para postergar por algo más de 90 días el pago de unos 250 millones de dólares y 27 millones de intereses, que debe enfrentar el próximo 26 de enero con un plazo de gracia de diez días hábiles. Para lograr la postergación del pago, necesita la aprobación de los tenedores de al menos el 75% del capital antes del 22 de enero de 2020, dentro de ocho días.
Los economistas ya venían descontando la situación y daban por hecho una negociación con los acreedores; buena parte de los bonos estarían en manos de Anses por lo que sería posible que haya acuerdo. Los tenedores de bonos aceptarán una negociación si se confirma que la Nación no pondrá la plata para salvar a la Provincia; tal vez por eso Martín Guzmán adelantó el escenario el domingo. Quitó así un incentivo al rechazo de la propuesta de Kicillof.
Ayer, desde la administración bonaerense indicaron que la decisión de postergar el pago fue acordada con el presidente Alberto Fernández y con Guzmán. Insistieron en que la deuda es “impagable” y en que la situación de la provincia es “delicada”.
Los acreedores ya designaron a dos estudios de abogados para que inicien el diálogo. Se trata de Arnold & Porter como asesor internacional -un estudio jurídico que tiene su oficina central en Washington DC-, y Bruchou, Fernández Madero y Lombardi como abogado argentino. En diciembre, ese comité contrató a Mens Sana Asesores, liderada por el argentino Marcelo Delmar, y a BroadSpan Capital como asesores financieros.
Por su lado, Córdoba en su comunicado señala que la Provincia hará “efectivo el pago” en tiempo y forma, de acuerdo con el cronograma previsto. Este año la provincia está entre las que registran más necesidades de fondos. Según Quantum, son Buenos Aires, con US$2000 millones seguida por CABA, US$700 millones y Córdoba y Neuquén, US$250 millones cada una.
La confirmación de pago por parte del gobierno de Juan Schiaretti apunta a que los bonos provinciales salgan lo menos dañados posibles por la presión y el malhumor que habrá en el mercado. Hay analistas que sostienen que podría haber un “efecto contagio” de bonos provinciales aunque no todos los distritos están en la misma situación.
La lógica de la Casa Rosada fue evitar el riesgo de que otros distritos fueran por detrás de Buenos Aires pidiendo auxilio; pero los expertos subrayan que si la Provincia no avanza en un acuerdo sería muy riesgoso para el país dejarla caer en default.
El analista financiero Federico Furiase planteó que el paso de ayer es un tanteo previo como primera alternativa y que si no se alcanza el objetivo, “debe haber un salvataje de la Nación porque lo que está en peligro es la renegociación de la deuda del país” lo que implicaría un empeoramiento del escenario macroeconómico.
Fernández dijo que el 31 de marzo es la fecha límite para renegociar la deuda y que un Fondo Monetario Internacional más «innovador» aprueba el rumbo de su Gobierno. «Creo que de acá al 31 de marzo vamos a tener bien claro cómo estamos», indicó en una entrevista con la web El Cohete a la Luna. «Es el tope que nos hemos puesto, porque hay un vencimiento importante. Nos hemos puesto esa fecha como para saber exactamente dónde estamos parados», agregó.
