El año pasado Córdoba recibió $11.277 millones menos de coparticipación que en 2018, la caída fue del 6,4% y sólo perdió más Santa Fe, $11.693 millones, lo que equivale a 6,5%. En 2019 la única provincia que ganó en el reparto fue Buenos Aires que registró un incremento interanual de 9,6%. Todo el resto de las jurisdicciones recibieron entre uno y siete por ciento recursos menos. La Ciudad de Buenos Aires –a la que, según anunció el Presidente, le bajará un punto de su participación- recibió 19,6% menos de transferencias en la comparación interanual.
Los datos se desprenden del trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadín Argañaraz. Para Buenos Aires las transferencias en valores absolutos fueron $39.066 millones superiores a 2018 así en el cálculo por habitantes la “ganancia” fue de $2.249 millones.
Entre los distritos que menos perdieron están La Pampa ($27.896 millones) y Tierra del Fuego ($ 18.247 millones). En comparación con 2018, fueron 1,1% y 3,8% menos, respectivamente. En la simulación por habitante que hizo el Iaraf, San Luis fue la más impactada: $5.784 menos por persona; Tierra del Fuego, $5.287 y Catamarca, $4.485. En cambio, las que menos perdieron en ese formato fueron La Pampa ($1.116) y CABA ($1.413).
Otro modelo que empleó el Iaraf fue el impacto que tiene la baja de las transferencias nacionales sobre el total de recursos de las provincias. En promedio, la coparticipación fue 71% de los recursos provinciales en 2018. En algunos, los más chicos, alcanza el 90%. CABA es una excepción, con el 25%. Sobre esa base, las que más perdieron el año pasado fueron San Luis (5%), CABA (4,9%), Santa Fe y Buenos Aires (4,2%) y Córdoba (4%).
Que Córdoba y Santa Fe hayan quedado muy impactadas se debe a que a fines de 2015 –junto a San Luis- tuvieron un fallo favorable de la Corte Suprema que obligó a la Nación a dejar de descontarles ese 15% de la precoparticipación para financiar a Anses. Esa resolución se extendió al resto de las jurisdicciones pero en un esquema de devolución gradual, 20% por año y 15% en el corriente, con el que se termina.
Buenos Aires ganó porque en el pacto fiscal de 2017 derogó el artículo de la ley de Ganancias que establecía que el 36% de su recaudación no se sumaba a los fondos coparticipables y una parte iba al Fondo del Conurbano con un tope de $650 millones. En 2019 la “compensación” por ese ítem fue de $44.000 millones.
Un reporte de la consultora Idesa también abordó el tema de la coparticipación en el que subraya que la coparticipación “se sigue reformando sin transparencia”. Repasa que en 2019, la distribución automática de impuestos entre la Nación y las provincias fue de $2,7 billones. De este monto, el 40% fue a la Nación (que adicionalmente recibe el impuesto al cheque y los recursos de seguridad social y aduaneros) y el 60% se distribuyó entre las provincias. Entre este 60% que fue a las provincias se observa que Buenos Aires recibió el equivalente a $21.000 por habitante; CABA, $28.000 por habitante y el resto, $48.000 por habitante.
El trabajo indica que los datos muestran que Buenos Aires recibe por habitante menos de la mitad del resto; CABA –que ahora sería perjudicada con una quita- también recibe menos pero no son las únicas arbitrariedades. Córdoba, Santa Fe y Mendoza reciben unos $35.000 per cápita, cuando Santa Cruz recibe $66.000 y Tierra del Fuego $108.000. Provincias con similar nivel de atraso, como Jujuy y Formosa, reciben $55.000 y $90.000, respectivamente.
“La arbitraria distribución de la coparticipación es solo una parte de la mala organización del federalismo. La otra fuente de inequidad e ineficiencia es la forma en que se asigna el presupuesto nacional”, define. Por ejemplo, si bien la Ciudad de Buenos Aires recibe relativamente poca coparticipación, es la más beneficiada con el gasto público nacional. La Nación a la Ciudad de Buenos Aires le paga la Justicia, la seguridad (con Gendarmería y Prefectura nacionales), obras de infraestructura (agua, cloacas y calles) y el subsidio al transporte público (trenes y colectivos). El texto menciona que, con la Ley de Solidaridad, se revirtió el avance del anterior gobierno, que había eliminado los subsidios nacionales a la electricidad, gas y agua en la Ciudad de Buenos Aires, y sumó un beneficio adicional más para la Ciudad.
