Protagonismo de “caso Nisman” en batalla por control de fiscales

Impugnaron la candidatura de Daniel Rafecas, el juez federal que desestimó la denuncia del fiscal fallecido en contra de la ex mandataria y actual vicepresidenta

La Procuración General de la Nación (PGN) está a cargo de un interino desde que Alejandra Gils Carbó renunció, a fines de 2017.
Eduardo Casal tomó el control del organismo y aceleró reformas para facilitar su conducción hasta que se designara al relevo de la cofundadora de Justicia Legítima, algo que no sucedió, ya que el macrismo no tuvo éxito al postular a la vocal de la Corte porteña Inés Weinberg de Roca.
La dimisión de Gils Carbó aceleró los pases de factura a sus “leales”. El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN), Carlos Rívolo, aseguró que la actividad política dentro del Ministerio Público no debía existir y, en ese contexto, criticó a algunos colegas -cordobeses incluidos- que llamaron “golpistas” a los agentes que marcharon para homenajear al fiscal Alberto Nisman, en febrero del 2015.
Además, valoró que no hubo una política de persecución de la corrupción durante el kirchnerismo y que Gils Carbó sumergió a la PGN en una crisis porque eligió ser “procuradora de un Gobierno”.
Sobre Justicia Legítima, la fuerza de choque del kirchnerismo en el Judicial, dijo que participó en la primera reunión del grupo y que salió “espantado” porque se afirmó que la Corte “tenía que acompañar con sus fallos” al Ejecutivo.

Comunicado
La semana pasada, las últimas novedades sobre la investigación de la muerte de Nisman motivaron que Rívolo emitiera nuevas declaraciones. En un comunicado que lleva su firma, la AFFUN manifestó su preocupación por los dichos de Alberto Fernández con relación a las pericias producidas en la pesquisa.
Cabe recordar que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, sacudió la escena política y judicial al adelantar su intención de “revisar” el estudio de Gendarmería Nacional que estableció que Nisman fue asesinado bajo sumisión química por dos personas y que la escena del crimen se modificó para simular un suicidio.
El primer mandatario adelantó su punto de vista sobre el anuncio con motivo del estreno del documental “El fiscal, la presidenta y el espía”, que lo tiene entre sus protagonistas.
Entrevistado en 2017 por el director británico Justin Webster, Fernández apuntaló la hipótesis del crimen. “Dudo de que se haya suicidado”, aseguró. Sin embargo, como en otros asuntos, su opinión mutó. Consultado sobre su participación en el film, valoró que hasta ahora no hay “prueba seria” que diga que a Nisman lo mataron y que “apareció una pericia absurda que contradice los más elementales principios”.
La AFFUN argumentó que la versión de la más alta autoridad del Poder Ejecutivo carece de sustento legal y que implicó “un intento de injerencia en el sistema de Justicia y en el desempeño del Ministerio Público”.
“Solicitamos la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos”, dice también el texto del documento que difundió la entidad que encabeza Rívolo.
Ahora, a días de que el Gobierno oficializara la postulación del juez federal Daniel Rafecas para encabezar la PGN, la Fundación Apolo impugnó su candidatura ante el Ministerio de Justicia.
Representada por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, con el patrocinio de José Bulacio, cuestiona la idoneidad moral de Rafecas para el puesto.
Los letrados apuntaron a la falta de independencia del juez y, principalmente, su actuación en la denuncia de Nisman en contra la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el presunto encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA, que desestimó en tiempo récord.
Además, recordaron que la Máxima Instancia ratificó la sanción que el Consejo de la Magistratura de la Nación le impuso a Rafecas por “recibir en privado a personas ajenas a la causa iniciada por la denuncia de Nisman, adelantarles la decisión a tomar, omitir dar intervención a quienes eran parte, extendiendo un manto de sospecha sobre el trato igualitario que debe prodigarse a los sujetos procesales”.
“Resulta un despropósito pretender que el Ministerio Público sea conducido por quien demostró no ser independiente, eludió investigar la denuncia que llevó a la muerte a un destacado integrante del organismo que hoy pretende conducir y, finalmente, puso en duda -sin fundamento alguno- la salud mental del fallecido funcionario”, reza también el texto del planteo de la fundación que se dedica a promover agentes de cambio en el sector público inspirados en la tríada libertad, progreso y república.