Tres meses claves para definir el 2020

En este primer trimestre se debe resolver la renegociación de la deuda. Además de “amigable” los acreedores deben entender que la oferta es sustentable, que podrá ser cumplida por el país. Entre los economistas hay cautela respecto de cuáles van a ser los resultados del paquete fiscal puesto en marcha, no hay certeza de que la actividad reaccione en el mediano plazo y de que las pautas de recaudación se cumplan.

Por Gabriela Origlia

Los primeros tres meses de este año son claves para definir la economía del 2020. No en el sentido del “segundo semestre” que planteaba Juntos por el Cambio, sino que en este trimestre debería resolverse la negociación de la deuda y evitar, así, caer en el default. Todos los expertos coinciden que este plazo –a lo sumo hasta abril- el tema debe estar resuelto. La decisión del Gobierno es, hasta tanto, seguir pagando los vencimientos de los bonos soberanos, tanto en pesos como en dólares.
Por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva el Ejecutivo está autorizado a usar reservas del Banco Central (BCRA) para pagar deuda. Ya a través de la Resolución 5/2019, con fecha del 27 de diciembre pasado, la autoridad monetaria le cede al Tesoro unos US$1300 millones con una Letra en dólares a 10 años. El tope fijado es de US$4571 millones.
Los mercados ven con buenos ojos el paquete de medidas que instrumentó el presidente Alberto Fernández, así lo muestra la suba de los bonos de la deuda que estaría mostrando que se espera un acuerdo “amigable” con los acreedores. El asesor en el tema es Daniel Marx, quien ya le acercó algunas propuestas al ministro Martín Guzmán. La posibilidad que se baraja es una quita de 20% y una postergación de los pagos por tres años, un cupón de intereses del 2% anual y un “exit yield” del 8%.
Además de “amigable” los acreedores deben entender que la oferta es sustentable, que podrá ser cumplida por el país. Entre los economistas hay cautela respecto de cuáles van a ser los resultados del paquete fiscal puesto en marcha, no hay certeza de que la actividad reaccione en el mediano plazo y de que las pautas de recaudación se cumplan.
La mayor incógnita es que el consumo se reactive. Para alcanzar esa promesa, el Gobierno confía en los bonos otorgados a jubilados, a beneficiarios de la AUH, la suba por decreto de $4000 de los salarios privados a cuenta de paritarias y el congelamiento  de tarifas públicas. No hay que perder de vista que esa medida alcanza a Ciudad de Buenos Aires y Área Metropolitana, no a las provincias que deberán decidir qué hacer.
Claro que para que el consumo se reponga es clave lo que pase con la inflación. Para eso echan mano al dólar oficial que está controlado con el cepo extra large y la puesta en el freezer de las tarifas. Para precios, por ahora sólo hay un acuerdo débil con supermercados para que no traspasan el total del regreso del IVA. Una mirada está puesta en la evolución del dólar paralelo, que ya empezó a seguir el camino del “solidario” (están $82 a $79). El “dólar bolsa” (el que se logra comprando en pesos y vendiendo en dólares bonos) es el que quedó abajo, a unos $72 pesos.
En lo que hace a control de gastos, un análisis de la consultora Quantum describe que el ahorro por congelamiento ajuste en jubilaciones y pensiones, implicaría una baja de 0,5% del PBI, suponiendo que se congelan durante los primeros primeros meses del año, y luego se ajustan en julio y diciembre en base a la inflación del período, que asumimos con un sendero decreciente (del orden del 20% en el semestre).
En la estimación de los subsidios se requiere un conjunto de supuestos, uno de ellos hace a la distribución del impacto del anunciado congelamiento de tarifas por 180 días y cuáles serán los criterios de ajuste posteriores. Partiendo del supuesto de un tipo de cambio real constante, inflación de 43% anual (de diciembre a diciembre) y que el Gobierno se hace cargo de los subsidios durante el primer semestre de 2020 y que, luego de 6 meses las tarifas se ajustan por inflación, estima un aumento de subsidios del orden del 0,2% del PBI.
Sin control de gasto, la emisión podría volver a niveles muy altos. El Iaraf advierte que la Argentina tiene un problema fiscal crónico y recurrente: de los últimos 59 años, en 52 se va a terminar con déficit fiscal.  “El gasto público requiere ser financiado. Se lo puede hacer con impuestos legislados, con impuesto inflacionario (vía emisión monetaria) o con endeudamiento. También hay que financiar los vencimientos de capital de la deuda. En definitiva, sumando ambas necesidades, el Tesoro debe financiar el desequilibrio financiero que surge tanto de sobre la línea como de bajo la línea”, agrega.