La comisión paritaria local de los docentes universitarios se reunió el viernes y acordó la distribución de 80 nuevos cargos de profesor ayudante A de dedicación simple. Se trata de nuevo financiamiento que se incorpora de manera permanente al presupuesto de la UNC, según se decidió en la paritaria nacional.
El pasado 4 de diciembre, aún en la gestión de Mauricio Macri, los funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación (SPU) refrendaron junto a las seis centrales gremiales y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional la distribución de centenares de cargos entre las universidades nacionales, de los cuales 80 fueron para Córdoba.
En la Casa de Trejo, de la negociación participaron el secretario Roberto Terzariol y los decanos Mirta Lutri (Odontología), Marcelo Conrero (Ciencias Agropecuarias) y Gustavo Chiabrando (Ciencias Químicas), como representantes del Consejo Superior, y el secretario general de Adiuc, Javier Blanco, y la dirigente Araceli Acosta, en representación del gremio.
Los cargos han sido asignados a profesores que actualmente realizan tareas no rentadas o tienen sobrecarga de trabajo. Estos docentes serán designados interinamente por cada unidad académica desde el pasado 4 de diciembre por el plazo de un año. Antes de cumplirse los doce meses, deberá haberse cubierto definitivamente cada cargo mediante concursos abiertos de antecedentes y oposición.
Casi el 40 por ciento de los cargos se destinarán a las Facultades de Artes y de Psicología, mientras que el 60 por ciento restante se distribuye entre otras diez unidades académicas.
El reparto nacional de estos cargos se realizó tras prolongados reclamos de las centrales gremiales (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA y Ctera) al respecto de docentes que realizaban tareas sin la retribución correspondiente. El caso más resonante fue el de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que durante mucho tiempo designó docentes ad honorem, sin el correspondiente financiamiento presupuestario.
La situación de la UBA dio paso a que todas las universidades nacionales presentasen sus respectivos casos y obtuviesen financiamiento, en un acuerdo poco frecuente para el sistema universitario nacional.
De esta manera, las autoridades cambiemitas de la SPU se despidieron de la función pública con el reparto de nuevos cargos, una medida por demás beneficiosa para las universidades públicas.
