Sobreprecio democrático

Según el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, “a la democracia hay que pagarla. Tal vez nos estén pasando una factura demasiado alta por el producto que estamos consumiendo.

Por Javier Boher
javiboher@gmail.com

¿Cuántas veces nos pasa que en la euforia consumista navideña terminamos comprando algo que después de un rato ya no nos convence? ¿Cuántas veces compramos zapatos, celulares, computadoras o vamos a un restaurant o a un espectáculo y nos damos cuenta después de un rato que hemos pagado demasiado por la satisfacción que nos representaron? Bueno, lo mismo pasa con la política.

A raíz del duro ajuste que el gobierno nacional ha dispuesto sobre los ciudadanos bajo la excusa de la solidaridad, volvió al centro de la escena un tema que es recurrente, el del costo de la política. Conscientes de que para sostener a todo el sector público hay que cobrar impuestos (imposiciones, obligaciones sobre las que no se puede patalear) los que deben pagarlos se preguntan si no deberían ajustarse los políticos también. En definitiva, la “solidaridad” unidireccional y permanente es parasitismo si nunca se retribuye.

Esa demanda concreta por parte de la ciudadanía (básicamente dejar de pagar por una clase política mayormente mediocre, asesorada principalmente por amigos, familiares, amantes o militantes incapaces, que ejecuta a través de una burocracia hipertrofiada e ineficiente) no parece haber caído muy bien entre los profesionales de la política.

Mientras la mayor parte de la clase política prefirió mirar para otro lado, una pequeña parte decidió bajarse el sueldo o pedir por ello. Muchos con posiciones de poder declararon a favor de esta postura, sabiendo que en un tiempo se asienta la polvareda y quedaron bien aún ganando lo mismo -o más- que antes.

Una pequeñísima parte, sin embargo, decidió defender el costo de la política, como el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. En diálogo con El Destape Radio se expresó en contra del discurso “antipolítico” que pone foco en el costo de la política. “A la democracia hay que pagarla”, dijo el que como juez de la corte no pagaba ganancias, y al que ahora como jubilado de la misma tampoco le va a tocar ser solidario con los que menos tienen.

Una rápida búsqueda por internet muestra que en 2003 -recién asumido en el máximo tribunal- decía que pagaría impuesto a las ganancias. En 2013 dijo que deberían pagar. Ayer dijo que hay que pagar la democracia, por lo que es de esperar que para 2023 diga que le hace un favor al pueblo argentino al cobrar lo poco que cobra por su valiosísimo aporte pasado a la patria.

La realidad demuestra que nuestra democracia, la que nos vemos obligados a pagar, es un relato casi idéntico a lo que vemos habitualmente en cualquier cosa que consumimos habitualmente. A lo más floreado de la progresía académica no le gusta la analogía del ciudadano como consumidor, pero es lo que más se acerca.

En una situación de mercado perfecto, los consumidores/ciudadanos (¿ciudamidores, consumidianos?) deberían poder elegir a quiénes quieren brindando seguridad o administrando lo público. Aunque esa utopía libertaria es imposible (porque todos ganamos más cuando hay un monopolio estatal sobre esos elementos básicos), debería ser un parámetro para saber si lo ofrecido es lo que la gente elegiría.

La poca competencia que hay es entre partidos, todos nombres específicos de un puñado de fábricas. Hay marcas premium, segundas marcas o marcas blancas, pero en última instancia todas terminan engordando a los que han cartelizado la representación popular. Los ciudadanos/consumidores sólo pueden elegir opciones que -la mayoría de las veces- no terminan de convencerlos. Siempre consumimos una democracia con fallas, que pagamos caro y no satisface nuestras necesidades. Como en cualquier almacén soviético, despensa cubana o kiosko venezolano, sólo se puede elegir los pocos productos que nos ofrecen, el de una democracia que no es empática (ahora que la expresión está de moda) con los ciudadanos que la sostienen.

Por eso, si a la democracia hay que pagarla, hay que tratar de que no sea como esos productos de los que nos arrepentimos, sino como aquellos que amortizamos por usarlos durante mucho tiempo, los que valoramos por su utilidad, a los que agradecemos por su confiabilidad o los que nos provocan algún tipo de goce por el simple hecho de poseerlos.

La democracia no puede ser como la prenda o el juguete de moda, el destino turístico inflado por las agencias o el producto de mala calidad que no resiste al uso, que muy rápidamente nos hacen sentir que tiramos la plata. Si a la democracia hay que pagarla (y a este altísimo costo), entonces no está de más pedir que sea de la mejor calidad posible.