Llaryora 2020: ordenar, ajustar egresos, sostener ingresos

El Ejecutivo envió al Concejo Deliberante el paquete económico, al que adjuntó la triple emergencia municipal. Se mantendrá el presupuesto de Mestre y habrá un proceso de verificación de créditos contra el municipio. Facultades para re direccionar recursos, nuevas herramientas para negociar con el Suoem y un recorte a la planta política. La presión tributaria no aumentaría y se apunta a la progresividad de las alícuotas.

Por Felipe Osman

En una situación de recesión, la órbita del estado que debe crear las condiciones necesarias para motorizar la economía y superar la crisis es, sin lugar a dudas, el Estado nacional. La responsabilidad de las jurisdicciones menores -y tanto más, de la órbita municipal- es “flotar”. Mantener una situación financiera que le permita aprovechar las oportunidades que pudieran surgir llegado el caso. La apuesta de Llaryora, sin estridencias, parece ir en ese sentido.
El Ejecutivo acaba de enviar al Concejo Deliberante el “paquete económico”, integrado por la los proyectos de Presupuesto, Ordenanza Tarifaria y Código Tributario, al que adjuntó además la triple Emergencia Municipal (económica, social y administrativa) y una iniciativa para introducir modificaciones en el régimen de contrataciones de bienes y servicios.
El primer dato es que el peronismo va a mantener el presupuesto propuesto por Juntos por Córdoba y aprobado en primera lectura por el Legislativo Municipal en su composición anterior. La razón: no cuenta con el tiempo necesario para encarar la modificación de un marco normativo de semejante dimensión y complejidad, y va a suplir la deficiencia que esto pudiera generar aumentando las facultades del intendente para re-direccionar recursos por intermedio de la ordenanza de Emergencia.
En cuanto al código tributario cambiarían casi únicamente cuestiones de naturaleza procedimental que no conllevarán variaciones significativas para los vecinos, con la salvedad de que se creará un Consejo para atender a situaciones “especiales”. La intención es legislar para la generalidad de los casos y ofrecer a aquellos que escapan a la generalidad una alternativa veloz y eficaz que atienda a sus reclamos.
El proyecto de ordenanza tarifaría, en tanto, busca recuperar la inflación perdida durante 2019 con reajustes inflacionarios que van del 41 al 53 por ciento en el Impuesto Inmobiliario, siendo el aumento menor para las viviendas más económicas (categoría 3, zonas 1 y 2; y categoría 4) y mayor para las restantes. Habrá un descuento del 20 por ciento para quienes paguen una cuota única y del 10 por ciento –no acumulable con el anterior- por contribuyente cumplidor. Para las categorías menores se implementará un plan de pago de hasta 60 cuotas. En promedio el aumento de este tributo alcanzaría el 48,5 por ciento.
En cuanto a Automotores la alícuota será la que establece la Provincia y será progresiva, gravando con mayor peso a los vehículos de alta gama y disminuyendo la presión tributaria sobre aquellos que no superen el costo de $600.000.

Emergencia
El Ejecutivo propone la declaración de la triple emergencia económica, administrativa y social (la ambiental ya fue prorrogada) por el término de 1 año desde la entrada en vigencia de la ordenanza, que sería prorrogada automáticamente por igual período de no disponer el intendente su cese anticipado.
El alcance de la emergencia abarca al Legislativo Municipal, al Tribunal de Cuentas, y a todo el Ejecutivo, comprendiendo la administración centralizada y descentralizada, las entidades autárquicas municipales y las empresas y sociedades en las cuales el municipio tenga participación total o mayoritaria.
El carozo de la emergencia económica está dado por la imposición de un proceso obligatorio de verificación de créditos que tendrán que atravesar todos los proveedores del municipio con créditos anteriores al 10 de diciembre de 2019 (Art. 5) y por la disposición de “reordenamiento, reestructuración, diferimiento y renegociación de (tales) compromisos y obligaciones” (Art. 3).
También se establece que el intendente podrá implementar “estrategias” tales como “disponer medidas de racionalización del gasto público que permitan el re-direccionamiento de recursos municipales a los gastos prioritarios”, “revisar y mejorar los sistemas de contratación y adquisición” y “disponer la reorganización y reestructuración de los servicios municipales”. Uno de las innovaciones sería potenciar el método de compra por subasta electrónica por brindar, a juicio de la nueva administración, mayor transparencia en estas operaciones.

Suoem
La ordenanza de emergencia también facultará al Ejecutivo a establecer un régimen de retiro voluntario sobre la planta municipal para los empleados que estén a no más de 10 años de completar los requisitos jubilatorios (art. 16).
Además, el intendente quedaría facultado para establecer el pago de sumas no remunerativas siempre que sean de carácter extraordinario y transitorio. Esto significaría una importante herramienta de negociación para el Ejecutivo al momento discutir paritarias con el Suoem (Art. 17).

Planta política
Por último, el artículo 18 del proyecto faculta a Llaryora a realizar una reestructuración del personal del gabinete suprimiendo cargos políticos. El nuevo oficialismo espera lograr un ahorro de $160 millones anuales con esta reducción de estructuras.