Actualizando la doctrina del Ministerio de Inseguridad

La Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, comunicó por twitter los cambios más gruesos de la política de seguridad, que recuperan la vieja doctrina del kirchnerismo de ser tibios con el victimario.

Por Javier Boher
[email protected]

Poco más de dos semanas nos separan del cambio de gobierno por el cual el kirchnerismo volvió al poder. Como en cualquier plato navideño de los degustados esta semana, Alberto y Cristina volvieron acompañados por los que ayudan al decorado (como la lechuga que adorna a la pavita, que al no estar preparada es imposible de tragar).
Esos ministros y ministras (ministres, en estos nuevos tiempos de progresismo inclusivo) son más o menos conocidos, más o menos capacitados y más o menos leales a su jefe (también en inclusivo, para que cada uno elija al Fernández que prefiera).
En las horas previas a que arranquen las celebraciones de Nochebuena la flamante Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, publicó dos tuits para difundir algunos cambios en la política de seguridad a través de la derogación de algunas medidas insignia de la gestión Bullrich (pilar de la gobernabilidad macrista, junto a la ministra Stanley).
El primero de estos tuits decía lo siguiente: “Deroga la resolución 395. Las TASER (armas menos letales) serán usadas solamente por miembros de los cuerpos especiales de las fuerzas federales para casos de extrema gravedad como secuestros y toma de rehenes, se actualizarán los protocolos para su utilización por estas fuerzas.”
De la lectura de lo redactado por la propia ministra (antropóloga social de formación e investigadora de Conicet) salta rápidamente a la vista que para las situaciones más complejas se van a usar las armas menos letales, que a su vez son las de menor poder disuasorio.
Indudablemente que el uso de armas letales en situaciones tan delicadas como esas puede ser contraproducente. Pese a ello, la desproporcionalidad en el armamento puede ser garantía de impunidad. Pensemos, por ejemplo, en el uso de armas largas en tomas de rehenes, asaltos a blindados o -por qué no- copamientos de comisarías. ¿Cómo se repele a los agresores si sólo se van a usar unas pistolas plásticas que dan patadas como un magiclick?.
Además, se puede pensar en cómo sería la situación para los casos de menor gavedad: es difícil creer que con psicoanálisis, constelaciones familiares, biodecodificación y todos esos artilugios new age se puedan resolver un asalto, una gresca generalizada o una situación de violencia familiar de mejor manera que con armas no letales como las TASER o las macanas.
Ese posicionamiento ideológico, urbano, de clase intelectual o académica acomodada, alejada del campo de la vida real y de las problemáticas concretas de lo relacionado con la inseguridad sirven para países del primer mundo con las necesidades básicas resueltas, con sistemas educativos universales e inclusivos, con posibilidades laborales crecientes por un mercado de trabajo en expansión, y políticas constantes, continuas y serias en materia de control de la corrupción, no en un país en el que fuera del radio urbano de la ciudad de Buenos Aires se convive con la marginalidad, la delincuencia y la violencia propias de países del tercer mundo subdesarrollado.
Ese voluntarismo académico de la ministra se complementa con lo que expresó en su segundo tuit: “Deroga la res. 956 que permitía disparar sin dar la voz de alto, contrariaba los principios de proporcionalidad, racionalidad, excepcionalidad y progresividad del uso de armas de fuego y el principio legal de legítima defensa que protege tanto a funcionarios como a la población.”
Sin lugar a dudas el uso de armas de fuego debe ser el último recurso en lo referido al delito, pero no se puede dejar desprotegido a quien debe hacer respetar las leyes. Lo que muchas veces los iluminados del antipunitivismo se pasan por alto es que las sociedades funcionan porque se creen en que la justicia (más o menos) funciona, o que la gente va a ser castigada por no cumplir con las normas. Si la gente no cree en ese orden (del que las fuerzas de seguridad son parte fundamental) cualquier tipo de orden y convivencia es imposible. No se puede vivir en sociedades en las que nadie se siente responsable de sus actos.
Dentro del paquete de medidas también están la derogación del servicio cívico voluntario en valores que impulsó Bullrich como medida electoralista para recuperar las voluntades que se les habían escapado por derecha, o la decisión de dejar sin efecto la medida que creaba un centro de formación de Gendarmería en el complejo hotelero estatal de Chapadmalal.
Esta última decisión se relaciona con otra, la de volver a investigar caso Maldonado, con la intención de reescribir la historia y responsabilizar a los gendarmes de abandono de persona, exonerando a los mapuches que lo dejaron ahogar para conseguir un mártir para su causa. Política partidaria haciendo uso de la muerte, esa veta necrofílica propia de la política criolla.
Por último, nadie duda de que la desigualdad, la pobreza y la falta de educación, trabajo u oportunidades tienen mucho que ver con la desintegración del tejido social que debe funcionar como prevención ante la delincuencia. Sin embargo, no es mirando para otro lado ante las consecuencias de la misma que se resuelven los problemas. No es esperando a que las políticas de inclusión den resultado que se lleva tranquilidad al que trabaja y quiere vivir tranquilo.
El cambio de época ya es palpable. Todo el discurso zaffaroniano de los “pobres delincuentes” está de vuelta, con las consecuencias que trajo (y puede traer a futuro) para los ciudadanos comunes. Si quieren seguir a salvo de la bolsonarización, probablemente deberían empezar a revisar sus doctrinas.