Sin buenas intenciones para escuchar, Caserio suena malintencionado

Tras el debate por la Ley de Emergencia que remarcó las retenciones y suspendió la movilidad jubilatoria, al senador cordobés le preguntaron por el esfuerzo que compete a la clase política y éste respondió que quién demanda ese tipo de esfuerzos no comprende al Estado. Mal escuchado, Caserio suena polémico, pero la conveniencia (o no) de un ajuste en el gasto que insume la política merece consideraciones mucho más profundas.

Por Felipe Osman
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Tras dos maratónicas sesiones el Congreso de la Nación aprobó la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, un eufemismo para evitar palabras incómodas tales como “ajuste”, “aumento de impuestos”, “súper-poderes”, y un largo etcétera. Al cabo de la segunda de esas sesiones el senador cordobés Carlos Caserio ofreció declaraciones a la prensa, y en un pasaje de su entrevista con TN (Todo Noticias) fue indagado sobre el esfuerzo que correspondería hacer a la clase política, habida cuenta de que acababa de sancionarse una ley que, entre otras cosas, remarcó las retenciones al sector agropecuario y suspendió por 180 días la movilidad jubilatoria.
A esto Caserio respondió -tal vez si demasiada claridad- que quien reclama este tipo de esfuerzos no conoce cómo funciona el Estado, y que la clase política “no es la que hace esfuerzos” por no ser un sector productivo del país.
A tales afirmaciones sobrevino un torbellino de críticas contra el legislador, al que se lo acusó de exigir a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad -tales como los jubilados- un esfuerzo que no sería correspondido por senadores, diputados y altos funcionarios del Estado. Ahora bien, ¿cabe inferir que esto es, realmente, lo que Caserio buscó expresar?
En primer lugar, debe decirse que al abordar la entrevista el senador habló desde una perspectiva claramente económica. Quien repase sus declaraciones lo advertirá pronto. Y desde tal perspectiva el costo que insume la política lejos está de incidir en las variables macroeconómicas de la economía nacional.
A este razonamiento, sin embargo, podría oponérsele un contraargumento -si se quiere, parcial- explicando que aún siendo simbólico (por falta de efectos operativos sobre la economía) la clase política debería achicar sus gastos, correspondiendo así al esfuerzo que demanda de los distintos sectores de la sociedad.
Es un argumento atendible. Razonable. Pero no por ello deja de ser una cuestión simbólica. Casi de modales. Cuestión que, por su parte, no es ajena a la dinámica de la política; pero que debiera ser secundaria.
Ahora bien, aún si este reproche alcanzara para desbarrancar el hecho de que un ajuste en los costos que insume la política no modifica variables de escala macroeconómica, subsistiría otro sólido argumento para resistir este “achique”: sin la posibilidad de designar asesores, de percibir sustanciosas dietas, de descontar pasajes, ¿quiénes podrían aventurarse a hacer política?
El ejercicio de la política desde un rol activo, la construcción de una estructura territorial, la contención de una red de colaboradores y, ni hablar, el afrontamiento de una campaña electoral, sólo quedarían al alcance de aquellos que hubieran amasado fortuna en el previo desarrollo de una actividad privada y que, insertos en uno o varios sectores económicos, sólo se preocuparían por defender los intereses de tal o tales sectores.
Este fundamento dista de ser novedoso, pero cabe -de tanto en tanto- recordarlo, porque no ha perdido vigencia. Y soslayarlo pude llevar a ofrecer injustificadas ventajas a partidos que, llegado el caso, llevan adelante gobiernos plutocráticos con más de un parecido con el que acaba de caducar en el país.