Otra emergencia y los mismos perdedores, los jubilados

El temor de los expertos en previsión y, por supuesto, de los propios jubilados se relaciona con el criterio en que se definirán las recomposiciones por decreto; si incluirán a todos los jubilados por igual o si los de segmentos más altos quedarán rezagados. La base del razonamiento es que eso ya pasó entre 2002 y 2006.

Por Gabriela Origlia

La historia se repite porque el problema nunca se resuelve de raíz. Hace dos años, cuando Juntos por el Cambio, aprobó la ley de movilidad jubilatoria el kirchnerismo lo acusó –con razón- de “comerse” un incremento que les correspondía a los pasivos nacionales correspondiente a meses en que la economía se había reactivado. Ahora, después de dos años de salir perdiendo, en marzo ese segmento iba a poder resarcirse porque la fórmula mezcla inflación pasada y evolución de salarios (Ripte). No será así porque el Frente de Todos resolvió ajustar el gasto por esa variable.

La ley aprobada por el Congreso en maratónicas sesiones incluye la suspensión por 180 días de la movilidad jubilatoria; será el Ejecutivo –por decreto- el que fije los incrementos para los jubilados. La lógica indica que esa suba estará por debajo de lo que daría la fórmula. Sino, por ejemplo, se hubiera puesto en la norma que intervendría el PE “salvo” que a los pasivos los beneficiara la movilidad.

¿Por qué la decisión? Porque el gasto en Seguridad Social en la Argentina representa la mitad del gasto total del Estado y es lo primero que la administración de Alberto Fernández apuntó a desindexar. Antes de la suspensión de la movilidad, el Gobierno otorgó a quienes cobran hasta $19000 dos bonos de 5 mil pesos para diciembre y enero (es gradual en función del ingreso). La canasta básica para jubilados suma $38000.

Si se aplicara para todos, el incremento de la totalidad de los haberes sería en marzo de 11,6%, con lo cual la jubilación mínima pasaría de $14.068 a $15.700. Si el nivel de inflación tendiera a la baja en el primer trimestre de 2020, esa alza implicaría una mejora del poder adquisitivo. La clave del cambio es que con una inflación para el próximo año proyectada como menor a la de este 2019, crecerían los ingresos de las personas y también de las erogaciones del Estado por encima del alza de precios. Eso eleva el gasto y provoca, según describió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tensiones inflacionarias.

Frente a la fuerte presión de los gremios docentes (aliados del oficialismo), el Ejecutivo dio marcha atrás con la suspensión de la movilidad para jubilaciones de maestros, universitarios y científicos; para ellos sí correrá la fórmula de movilidad previsional aprobada en el Gobierno anterior.

Los ex presidentes, jueces y fiscales seguirán con la movilidad jubilatoria como hasta ahora. Diputados excluyó de la suspensión de la movilidad a las jubilaciones a varios funcionarios de alto rango del Estado nacional. En medio del escándalo, crearon una comisión para ver si los incluyen.

El temor de los expertos en previsión y, por supuesto, de los propios jubilados se relaciona con el criterio en que se definirán las recomposiciones por decreto; si incluirán a todos los jubilados por igual o si los de segmentos más altos quedarán rezagados. La base del razonamiento es que eso ya pasó entre 2002 y 2006.

La política instrumentada en ese período desembocó en el “fallo Badaro” en el que la Corte Suprema declaró inconstitucional las decisiones aplicadas y ordenó aprobar un régimen de movilidad único para todos. Hubo una catarata de demandas judiciales. La vía para evitar que la situación se repita es las subas sean porcentajes (no sumas fijas) y alcancen a todos por igual. Otro camino deriva en un achatamiento de la pirámide y en un crecimiento de la litigiosidad.

El sistema previsional argentino es una suma de parches; su déficit va acrecentándose y este Gobierno ya adelantó que no habrá reforma. Los cambios estaban comprometida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ahora pasó a revisión. En el documento de hace unos meses “El futuro del ahorro: el rol del diseño de los sistemas de pensiones en un mundo que envejece”, el organismo realiza recomendaciones concretas a la Argentina y a Brasil (que ya aprobó modificaciones).

El estudio dice que “para lidiar con los costos del envejecimiento, muchos países implementaron significativas reformas de los sistemas previsionales en los últimos años. Las reformas apuntaron en gran parte a contener el crecimiento del número de jubilados, modificando los parámetros claves del sistema; por ejemplo, incrementando la edad de jubilación, endureciendo las reglas para acceder a los beneficios o reduciendo el tamaño de las jubilaciones a través del ajuste en las fórmulas de cálculo de los beneficios”.