Por Gabriel Osman
gosman@diarioalfil.com.ar
El poder nunca queda vacante. Su excepción es la anarquía, utópica en su formato literario o escandalosa en sus excepcionales realizaciones históricas. Esta digresión es de manual pero aplica, en parte, para los últimos 20 años en la Municipalidad de Córdoba.
Esta peripecia apareció el 10 de diciembre de 1999, cuando De la Sota le prestó poder a Germán Kammerath y a mitad del mandato -31 de enero de 2002, para los memoriosos- se lo quitó. “No se puede llegar al poder sin poder”, fue la sombría reflexión final del ex intendente.
De allí en adelante casi todo el poder lo tuvo alguien: el Suoem. Esto se verifica en números. El municipio ha dedicado históricamente entre el 50 y 60% de sus recursos a sueldos, con picos que llegaron al 74% en el ciclo 2003-2007. Su masa de recursos se compone, en promedio, de ingresos propios (60%) y de coparticipación (40%). La ruptura de la entente política De la Sota – Kammerath llevó al primero a refrendar la ruptura cortándole al municipio los giros por coparticipación (depositaba simbólicamente todos los meses en la cuenta municipal $ 1).
De la Sota ya había logrado su propósito electoral (lo urdió con su adversario Carlos Menem), que no fue otro que hacer masa crítica con el 10% de aporte de la Ucedé para romper los números que siempre lo colocaban, aunque a una cercanía respetable, por debajo de la UCR, con la cual perdió tres elecciones consecutivas (1983, 1987 y 1991). Logrado el objetivo y con Kammerath sin rumbo, puso una distancia profiláctica con el intendente y logró retener el poder cuando se lo propuso, no en la ciudad de Córdoba pero ampliamente en el interior.
Cierto, Kammerath logró completar su mandato, sorteando incluso un proceso de revocatoria impulsado por el gremio municipal y fogoneado por el peronismo. Pero fue un intendente para apenas pagar sueldos, como lo dejan claro los números antes referidos. Los medios de prensa más importantes de Córdoba y el propio Luis Juez armaron un “relato” de que la ciudad había colapsado víctima de un gobierno cleptocrático. Un disparate. La única causa que aún queda en pie de la ráfaga de denuncias del hoy diputado nacional es la llamada “radioaviso”, por un contrato por 4.000 pesos/dólares (imperaba la convertibilidad), que tuvo un mes de vigencia y que fue derogado, al igual que otros, al amparo de legislación de emergencia que sancionaron las tres jurisdicciones del Estado en la mega crisis del 2001-2002.
Luis Juez perfeccionó el empoderamiento del Suoem cuando, luego de una reducción de la planta municipal por un régimen de retiro anticipado de agentes, repobló el municipio y llevó la nómina de 5.500 empleados a 9.500. Fue en su gran mayoría con familiares de los dirigentes gremiales y de los empleados, en ese orden. Como decíamos antes, superó largamente el 70% de dedicación de recursos a sueldos.
La nómina de intendentes/víctimas a manos del sindicato se extendió luego a Daniel Giacomino que, luego de pelearse con Juez, quedó con un apoyo legislativo de solo uno de los 31 concejales. No pudo y tampoco supo lidiar con el prepotente gremio. Ramón Javier Mestre lo intentó y aunque logró contener a uno de los tres gremios que exprimen las cuentas municipales (UTA), su suerte fue cambiante con el Suoem, porque siguieron las designaciones y promociones en la planta de empleados, que ya superan generosamente los 11.000 agentes.
Casual o no, las dos históricas administraciones radicales entre 1993 y 1999, coincidieron con un gobierno provincial del mismo signo partidario. Como ahora con Martín Llaryora. Da la sensación de que con Schiaretti alcanza y sobra, pero la gestión de Llaryora contará con un gobierno federal también peronista. Para que el municipio pueda recuperar poder y contener no solo al Suoem sino a todo el arco gremial que entorna y aprieta la caja municipal, como el Surrbac y la UTA.
No por casualidad, los dos históricos intendentes radicales mencionados pudieron proyectarse a escenarios políticos mayores. Después de ellos, la Municipalidad solo ha producido ex políticos. Kammerath y Giacomino en sentido literal y con “certificados de defunción” incluidos. Los otros dos, con efectos diferidos. Después del 58% de los votos de 2003, Juez no llega hoy a los dos dígitos y Ramón Javier Mestre sacó en la ciudad al 8,5% de los votos en su pulseada por la Gobernación el 12 de mayo. “Debo empezar de cero”, reconoció tras el porrazo electoral.
