Los precios de la carne, un test que deberá superar correctamente el próximo gobierno

Hay una probabilidad alta que la continuidad y la profundización del proceso de exportaciones genere escasez de hacienda y de carne para el mercado interno, que a su vez derive en un ajuste de precios de estos productos. Si la escasez es importante, el ajuste de precios requerido para equilibrar el mercado también puede ser relevante.

Por Juan Manuel Garzón*

En octubre se exportaron casi 96 mil toneladas de carne bovina. No hay registros, al menos en las últimas tres décadas, de una cifra tan alta como la lograda. La exportación de ese mes representó más del 30% de la producción, una participación también elevada respecto a los registros históricos. Todo indica que los envíos y la dependencia de la cadena al mercado externo crecerán en el 2020, de no mediar intervención del gobierno en la cadena.
En el proceso de aceleración de exportaciones se combinan distintos factores, aunque destacan particularmente uno de ellos, la intensidad que muestra la demanda por proteínas animales de parte de China; tan activos están los importadores chinos que vienen absorbiendo sistemáticamente volúmenes crecientes y convalidando mayores precios de compra.
Una preocupación para el 2020 es cómo sostener este ritmo de exportaciones sin que ello derive en un aumento importante de los precios internos de hacienda, que a su vez presione los precios locales de la carne.
A corto plazo, por cuestiones biológicas, la producción tiene poco margen de respuesta, un shock de demanda externa debe atenderse con el volumen disponible, lo que implica menor disponibilidad de carne para el mercado interno. Este dilema entre mercado interno y externo se rompe a mediano y largo plazos, donde mayores precios internos empujan la inversión, hacen crecer la producción y permiten abastecer consumos crecientes en ambos frentes.
Como la producción de carne probablemente no crezca el próximo año, el crecimiento de las exportaciones reducirá la disponibilidad de producto para el mercado interno, y la mayor competencia exigirá un ajuste (ascendente) de precios para equilibrar el mercado; esta corrección será más o menos intensa dependiendo de cuánta carne menos se vuelque al consumo interno, de cómo se encuentre la actividad económica en ese momento y de lo que puedan aportar las carnes sustitutas (cerdo, pollo).
¿Qué hacer frente a un aumento de precios la carne?
Como se mencionara, hay una probabilidad alta que la continuidad y la profundización del proceso de exportaciones genere escasez de hacienda y de carne para el mercado interno, que a su vez derive en un ajuste de precios de estos productos. Si la escasez es importante, el ajuste de precios requerido para equilibrar el mercado también puede ser relevante.
De producirse este fenómeno, y dado el producto que se trata, el gobierno puede verse tentado en intervenir el mercado de exportación a los efectos de limitar el proceso, redirigir producción hacia el mercado interno y de esa manera contener la suba de los precios.
El problema de la intervención del mercado de exportación es su efecto de largo plazo. A corto plazo, la política puede ser efectiva para calmar precios pero a largo tiene los efectos justamente contrarios; el desaliento de las exportaciones deriva en menor precio de hacienda y en desincentivo a la inversión ganadera, transcurridos los años la producción se reduce y por lo tanto la escasez vuelve a aparecer presionando los precios al alza.
Otra cuestión relevante es el instrumento que se utiliza para intervenir en el mercado. Existen algunas medidas más nocivas que otras. Por caso, los derechos de exportación son, en general, menos tóxicos que los “cierres temporarios de exportación”, los “cupos de exportación”, los “encajes de exportación” y cualquiera otra medida que genere incertidumbre respecto de la realización o no (en tiempo y en forma) de una operación que requiere de meses de planificación y estabilidad de reglas de juego. Durante la gestión del gobierno kirchnerista quedó muy claro que las medidas más dañinas para la cadena de la carne fueron aquellas cuya aplicación quedó sujeta a la discrecionalidad (y arbitrariedad) de un funcionario del Estado.
Lo que sí puede hacer el gobierno y tiene herramientas es defender el poder de compra, de consumo, de las familias más vulnerables, es decir, actuar por el lado de la demanda fortaleciendo ingresos o modificando condiciones de precios pero sólo para determinados grupos de consumidores. Por caso, no resultaría complejo incluir en la tarjeta alimentaria que propone el próximo gobierno una suma adicional de recursos que compense un aumento de precios de carnes. El resto de consumidores, en mejores condiciones económicas, deberá pagar por el producto lo que valga en el mercado.

(*)Economista Jefe IERAL de Fundación Mediterránea.