Docentes universitarios: calma gremial, a la espera de AF

El acuerdo paritario vigente incluye una revisión a mediados de marzo. Los gremios pusieron en stand by sus intenciones de adelantarla al inicio del 2020.

Aunque la inflación no da tregua a los bolsillos de los trabajadores, los gremios de la docencia universitaria han entrado en una etapa de calma. Las insinuaciones para revisar el salario a mediados de enero han frenado, y cualquier acción de reclamo se ha puesto en pausa hasta que, en doce días, comiencen a conocerse los lineamientos de la política económica de Alberto Fernández como presidente.
Conadu y Conadu Histórica, los dos gremios con más afiliados en la docencia de las universidades nacionales, han militado explícitamente contra el gobierno de Mauricio Macri. En el caso de Conadu, su alineamiento con el kirchnerismo ha sido explícito a lo largo de los últimos cuatro años. Es por ello que, conocida la victoria de Fernández, los gremios se han llamado al silencio.
Esta estrategia fue, de algún modo, facilitada por la actual conducción de la cartera educativa nacional que, sin mayor dilación, cumplió en meses recientes todos los compromisos asumidos en el marco del acuerdo paritario 2019. Esto incluyó la activación de la cláusula gatillo, de revisión automática de los salarios en relación al proceso inflacionario, que les valió a los profesores universitarios un aumento de 7,19 por ciento el mes pasado, totalizando un 23 por ciento en lo que va de abril en adelante.
Mientras tanto, las distintas corrientes sindicales de la docencia se han enfocado en la celebración de la gratuidad universitaria, al cumplirse 70 años del decreto del presidente Juan Perón que eliminó los aranceles aún vigentes en 1949, y en condenar o alentar, según se trate, coyunturas políticas de otros países sudamericanos.

Paritaria 2019
En marzo pasado, el Gobierno nacional y las seis centrales gremiales del sector (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA y Ctera) llegaron a un acuerdo paritario de incrementos salariales escalonados, con tres aumentos sucesivos desde abril hasta la fecha. En mayo se otorgó el primer aumento del 4 por ciento; en julio, un segundo incremento por el mismo porcentaje; y en septiembre se verificó la tercera etapa, con una suba salarial del 8 por ciento.
Además, el acuerdo establecía que las partes se reuniesen durante octubre para comparar los aumentos otorgados con la evolución que hubiese tenido la inflación, medida por el Indec, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. En caso de haber disparidades, una clásula “gatillo” obligaba al Gobierno a ofrecer un nuevo aumento. Fue así que los docentes recibieron otro 7,19 por ciento, totalizando un 23 por ciento de aumento entre abril y el día de hoy.
También se incorporaron al salario básico (con impacto en conceptos proporcionales) las sumas de la paritaria 2018 de la siguiente manera: en junio, el 5 por ciento que se dio en enero de este año, se bonificaronlos conceptos por zona y títulos (un 7 por ciento en agosto y un 7 por ciento en noviembre). A partir de noviembre se hará remunerativa la suma restante en diciembre (14 por ciento) ydesde del 2020 habrá una recomposición del nomenclador y un nuevo porcentaje que corresponda a jerarquización.
Además, cuando el Indec informe la inflación de febrero de 2020, a mediados de marzo siguiente, se deberá reunir nuevamente la mesa técnica de funcionarios y sindicalistas para volver a compensar las diferencias entre la evolución del salario y la de la inflación.
Es por esta última cláusula del acuerdo que los gremios docentes podrían mantener su “luna de miel” con Fernández durante casi los primeros cuatro meses de su gestión. El receso estival y el funcionamiento “a media máquina” que las universidades tienen durante febrero y marzo facilitarán el trabajo a los gremios.
Parece haber quedado en el olvido de los gremios el reclamo por el bono de 5 mil pesos que hasta los comicios de octubre reclamaron al gobierno nacional. Se trata del bono que la Nación otorgó a los empleados públicos luego de las primarias de agosto, que excluyó al personal de las universidades nacionales, amparándose en la autonomía de estas. Los principales gremios habían hecho una bandera de este reclamo, pero perdieron interés tras conocerse la victoria del kirchnerismo en la elección presidencial.