Ya se sabe que el reperfilamiento de la deuda es una de las claves de la próxima gestión de Alberto Fernández. El Tesoro argentino registra US$ 324.000 millones de deuda pública bruta, el 20% vence el año próximo y el 62% en los próximos cuatro años. En el 2020 Argentina deberá enfrentar vencimientos de deuda por concepto de capital e intereses por más de US$ 63.800 millones (aproximadamente 15% del PIB). Estos vencimientos están compuestos por US$ 14.800 millones de intereses y US$49.000 millones de capital.
En un contexto donde los mercados voluntarios de deuda se encuentran cerrados para el país, con un Riesgo País mayor a los 2.000 puntos básicos, es altamente probable que se habilite un mecanismo de reestructuración de los vencimientos de deuda.
Un análisis del Iaraf indica que la concentración de los vencimientos en el corto plazo se encuentra acentuada en el primer semestre de 2020, donde se hallan los vencimientos de las Letras del Tesoro reperfiladas. Los vencimientos del primer semestre 2020 alcanzan los USD 44.700 millones, de los cuales las LETES y LECAPs representan la tercera parte.
En ese contexto, Argentina debe tomar decisiones rápidas en materia de deuda para no cortar los pagos ya comprometidos y no perder aún más confianza. Los procesos de reestructuración habitualmente comienzan con reuniones de sondeo con los acreedores y luego de recopilar información el Gobierno emite una oferta general, instancia en la cual los acreedores optan por aceptar o rechazar la propuesta oficial. Hay señales de que el equipo de Fernández ha realizado ya algunos sondeos.
Frenar pagos ya comprometidos puede dar oxígeno en el corto plazo, pero para evitar futuras crisis y garantizar un ambiente económico más estable se necesita una mejora de las cuentas públicas que evite el sobreendeudamiento. El Iaraf subraya que el superávit primario, en primer lugar, evita que se siga tomando deuda para financiar el gasto y, en segundo término, permite el pago genuino de al menos una parte de los intereses de la deuda. En un proceso de reestructuración es clave realizar las reformas que permitan darle sostenibilidad al pago futuro de los compromisos externos.
Para la consultora que dirige Nadín Argañaraz, es altamente probable que haya negociaciones para pasar del stand by a un Programa de Facilidades Extendidas (EFF en inglés) con el el FMI; existen antecedentes en ese sentido. A diferencia del actual programa, el EFF permitiría extender el pago de la deuda en un plazo de 4 a 10 años. Pasar a un programa EFF, normalmente viene de la mano de una serie de reformas estructurales necesarias para asegurar la sostenibilidad de la deuda.
Los antecedentes de Ucrania y Uruguay son apropiados para la Argentina. Ucrania firmó un acuerdo Stand By con el FMI por US$17.000 millones en abril de 2014, siendo las posibilidades de poder hacerle frente a los vencimientos de deuda muy acotadas. En marzo de 2015 se pasó a un Programa de Facilidades Extendidas (EFF) con un desembolso inmediato de US$ 5.000 millones. Esta conversión extendió el cronograma de pagos de la deuda de 4 años a 10 años.
Se comprometió a ejecutar reformas estructurales de modo que pudiese honrar su deuda. Las mismas consistieron en una serie de políticas económicas orientadas a crear condiciones favorables para los negocios, mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, desarrollar capital humano, entre otras.
El acuerdo con acreedores incluyó una quita del principal de la deuda y algunas condiciones extra ligadas al PBI (cupón). Dentro de los objetivos más importantes se buscó equilibrar la balanza de pagos, generando un ahorro en amortizaciones de deuda externa de USD 15.300 millones. Se apuntó a la disminución del ratio de deuda a PBI por debajo del 71% para 2020. Y se buscó mantener las necesidades de financiamiento externas brutas aproximadamente en 10% del PBI, sin superar el 12% en ningún año.
La deuda pública como porcentaje del PBI se estabilizó y luego disminuyó desde el 80% al 57%. Esto fue posible dado el superávit primario de 1,5-2% del PBI que se generó cada año. El PBI, que había caído 6,6% en 2014 y 9,8% en el año inicial, comenzó a recuperarse al año siguiente, alcanzando un crecimiento del 2,7% promedio en los cuatro años posteriores a la reestructuración. La inflación, que había tenido picos de 25% y 43% en 2014 y 2015 respectivamente, se estabilizó en un valor promedio del 11% para los cuatro años siguientes.
