Por Gabriela Origlia
El 10 de diciembre se acerca y la desorientación sobre qué hará en materia económica Alberto Fernández sigue. Un Twitter que circuló los últimos días ironiza acertadamente sobre el punto: “Ya hay más gabinetes de Alberto que habitantes en suelo argentino y más propuestas de canje de deuda que acreedores”, describió en su red el periodista Esteban Rafaele. La última semana no hubo, además, señales optimistas para los gobernadores, a los que el electo Presidente había confirmado como sus socios naturales en el Gobierno.
Si la situación económica de la Nación no es buena, esta vez tampoco lo es la de las provincias. El superávit que la mayoría traía hasta 2018 al cierre de este año podría darse vuelta. Hay varias que tendrán que hacer malabares para pagar salarios y aguinaldos en diciembre. Lo conversan entre los gobernadores pero todavía no reciben señales de Fernández. En los últimos días las políticas no fueron en el sentido esperado por la mayoría: Cristina Kirchner gana poder y peso en las decisiones.
Por ejemplo, ese posicionamiento de la Vicepresidenta que -según trascendidos- manejaría Anses ya empezó a ser un dolor de cabeza para las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación. Entre ellas, Córdoba. Hay temor de que lo acordado no se cumpla y esa situación implicaría un grave problema financiero hacia adelante.
Ese es solo un ejemplo de lo que los hechos políticos que se dan impactan en la economía: no hay un bloque homogéneo en el peronismo y los tironeos, como siempre, impactan en una situación ya de por sí complicada. Fernández recibe una complicada herencia de Juntos por el Cambio y las propias internas podrían empeorarla más.
Fernández analiza otorgar, por decreto, un aumento de suma fija para las categorías más bajas de trabajadores, jubilados y planes sociales. Hay una posibilidad de que el incremento se extienda a todos los salarios. El objetivo es recomponer la capacidad de compra; poner plata rápido en los bolsillos. El antecedente está en 2003 y 2004 cuando asumió Néstor Kirchner, aunque en esos años no había paritarias.
La medida iría en paralelo al proyecto de creación del Consejo Económico y Social conformado por empresarios, sindicalistas y funcionarios del gobierno, con perfil autárquico del Poder Ejecutivo y dedicado a solucionar problemas de tipo gremial y económico.
El atajo para conseguir fondos sería la emisión monetaria. Vale recordar que varios miembros del equipo del electo Presidente el problema de la inflación no se explica por la emisión. Como ejemplo ponen la era de Mauricio Macri. Y apuntan a otros factores, la dolarización de algunos rubros como tarifas y la falta de control de precios en alimentos.
Con una inflación ya altísima, el riesgo latente de más dinero en circulación es alto. En octubre, aun con cepo, la demanda de dólares fue riesgo. Cómo saber hacia dónde se pueden disparar los “varios” dólares que hay en el país con más pesos en la calle que nadie quiere.
Lo cierto es que no hay solución mágica para que la Argentina se recupere rápidamente y lo haga de manera perdurable; no es una novedad en un país que hace 50 años crece menos que el promedio mundial. Decir que habrá crecimiento cuando haya más producción es lo mismo que no decir nada.
En el baile de nombres para el gabinete, el del que ocupará Hacienda registra los mayores movimientos. Prácticamente pasaron todos los economistas que rodean a Fernández y en las últimas horas se habla de “un tapado”. Guillermo Nielsen y Matías Kulfas -dos de los primeros mencionados- trabajarán en la Rosada, pero no estarían en el cargo. Las idas y venidas no hacen más que generar más ansiedad en acreedores y agentes económicos.
El nombre no es lo de menos; será el encargado de renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que ya Fernández le advirtió que está dispuesto a pagar pero sin más ajuste. La crisis que atraviesa Latinoamérica puede ayudar al diálogo porque el organismo no quiere más problemas.