Por Javier Boher
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Algunas veces las páginas y los caracteres no alcanzan para analizar la verdadera complejidad de la situación política. Las crisis de Chile y Bolivia son una clara muestra de ello. No importa cuánto se escriba sobre ambas, la tribuna estará dividida como si se tratara de algún clásico futbolero, producto de ideologías que prefieren la bruma antes que la claridad.
En ambos casos, aunque con diferencias, los sistemas políticos no lograron procesar las demandas de una población que mejora su situación económica pero sin afectar en profundidad las raíces de la sociedad. Nuevos sectores reclaman más participación en la toma de decisiones y más capacidad de intervenir en los asuntos públicos.
La crisis boliviana se viene cocinando hace mucho tiempo. Los intentos de Evo Morales por perpetuarse en el poder (por su reticencia a formar cuadros que puedan relevarlo) terminaron de fracasar cuando la gente salió a la calle a pedirle que respete la voluntad popular y dé un paso al costado, evitando transformar un autoritarismo competitivo en un autoritarismo a secas.
Esto último es fundamental: no importan las ideas que se defiendan o se enarbolen, nada justifica que un partido o un individuo se haga con el poder por medios ilegales o ilegítimos. Allí radica probablemente lo más complejo de resolver.
Quizás lo más patético que se ha escuchado hasta ahora es la carta racial que el mismo Evo trató de jugar en su retirada. Nada menos cierto ni más conservador que la idea de que la gente debería votar a tal o cual opción por alguna única categoría que puede conformar su identidad.
¿Bolivia tiene alrededor de 70% de población indígena? Maravilloso, pero eso no justifica que todos deban votar a alguien que sólo los representaría en esa dimensión. Es como creer que todos los ateos, todos los homosexuales o todos los ingenieros deberían votar a alguien que comparta esa identidad. De ser así, Obama o Kennedy no podrían haber sido presidentes de Estados Unidos, uno por negro y el otro por católico, ambas minorías frente a los blancos y protestantes.
Las elecciones no reconocen color de piel o convicciones religiosas: todos los votos valen lo mismo, y gana el que más votos junta, no aquel que representaría a más gente según alguna interpretación etnográfica fuera de lugar.
Lo anterior, sin embargo, es una regla universal a medias, porque ser capaz de canalizar al grueso de la voluntad popular no es sinónimo de obtener un cheque en blanco para hacer y deshacer arbitrariamente. La democracia es el sistema que concede a las mayorías electorales el derecho a gobernar, pero siempre respetando los derechos de las minorías -aunque sean los que durante más tiempo disfrutaron los privilegios del sistema-.
Esto último sólo es posible en la medida que hay instituciones (conjuntos de normas aceptadas por todos, que generan incentivos de cooperación y desalientan el conflicto) para procesar las crisis o los malos entendidos. A mayor grado de institucionalización, menor probabilidad de ruptura del orden democrático.
Gestionar lo público desde una óptica populista (de izquierda o derecha, sean Bolsonaro, Morales, Trump o Maduro) destruye el tejido institucional que puede actuar como la red de seguridad que evite que una caída signifique estrolarse contra el suelo. Lleva tiempo tejerla o destejerla, aunque esto último sea lo más rápido.
Esta falta de institucionalidad se agrava ante el hecho de que el andamiaje regional de la UNASUR fue desmantelado por cuestiones ideológicas, aunque ante este conflicto podría haber funcionado como una rueda de auxilio que ayude a acercar a las partes para encontrar una salida concertada y con respaldo internacional. La política exterior boliviana jugó su parte, siempre privilegiando lo discursivo por sobre lo estraégico.
Un ciclo relativamente largo de bajos precios de los commodities puso al gobierno de Evo ante las restricciones económicas lógicas que deben enfrentar todos los países que dependen de sus recursos naturales, aunque la indisciplina fiscal de los regímenes populistas conduce con mucha más rapidez a administrar desde la miseria.
Finalmente, el complicado papel de las Fuerzas Armadas y de seguridad, quitándole al gobierno la conducción sobre el monopolio del uso legítimo de la fuerza, al entender que Morales perdió la representatividad ante el pueblo. En ese sentido es grave que le hayan pedido la renuncia, porque hacer de árbitro desde afuera del sistema termina tentándolos para hacerse cargo del gobierno.
Sin embargo, la constitución reformada por el mismo espacio de Evo los habilita a participar en política, opinando y observando la carta magna. Eso hace que la línea entre golpe y no golpe sea “formalmente” tan difusa.
No hay dudas de que el discurso sectorial de Morales y sus seguidores, sumado a la segura derrota electoral que lo empujó a abrazar prácticas antidemocráticas, ilegítimas y anticonstitucionales, generaron las condiciones para que la crisis se profundice tan rápidamente.
Aunque eso no justifica la intervención militar en política, esos son ejercicios abstractos que no se llevan bien con la realidad: seguramente los opositores bolivianos recuerden cuando Evo alentaba la represión a los venezolanos con su “Dales duro, Maduro!”. Con eso solo alcanza para que entiendan que muchas veces no hay margen para dejar que el tiempo corra.
