Por Felipe Osman
Desde el triunfo de Hacemos por Córdoba en las elecciones del 12 de mayo, en las que el peronismo no sólo retuvo el Centro Cívico sino que amplió además sus dominios al Palacio 6 de Julio, el actual oficialismo municipal asumió en el Concejo Deliberante una posición terminante: “somos gobierno hasta el 10 de diciembre y hasta el 10 de diciembre vamos a gobernar”.
La sentencia, repetida por varios ediles de Juntos por Córdoba en las sesiones que siguieron a los comicios provinciales, buscaba hacer énfasis en que el oficialismo no daría por concluido su periplo al frente de la Municipalidad tras el revés electoral, convirtiéndose en un mero administrador del Estado municipal, sino que avanzaría en cambios de fondo si conseguía hacerlo. De hecho, el adelantamiento de los comicios había generado una transición extraordinariamente larga que bien pudo justificar esta predisposición de la bancada mayoritaria a no abdicar a estas intenciones durante los primeros meses.
Pero el tiempo fue pasando, los términos para asistir al cambio de mando acortándose, y esta predisposición de introducir cambios de fondo quedó intacta, chocando con la sola barrera de la propia incapacidad del oficialismo para construir mayorías.
En la sesión de ayer, dos de las iniciativas que ediles de Juntos por el Cambio han buscado aprobar en los últimos meses quedaron al filo de extinguirse, prácticamente afuera del calendario legislativo de 2019 y (casi) sin chances de encontrar respaldo después que el Concejo Deliberante cambie su composición, tras la asunción de las nuevas autoridades municipales.
Una de ellas es el proyecto que busca modificar el régimen electoral de los centros vecinales, poniendo en cabeza de funcionarios de la Justicia Municipal potestades relativas al control de los procesos electorales vecinales, despojando a la Dirección de Políticas Vecinales y a los mismísimos centros vecinales de competencias que la legislación actual les reconoce.
Esta iniciativa ha sido rechazada a coro por toda la oposición, que lee detrás de la jugada la intención del radicalismo de menguar las facultades de las que dispondrá la próxima administración para participar en los procesos electorales vecinales, facultades que serán puestas en cabeza de jueces municipales designados por la actual gestión.
Pero además de la oposición, los mismos centros vecinales han rechazado el proyecto, junto con parte del oficialismo. De hecho, la mismísima Dirección de Políticas Vecinales se ha declarado en contra de la aprobación de este proyecto, ya que vacía de competencias a una oficina que, entienden, ha cumplido sus funciones con amplía eficiencia, logrando la regularización del 97 por ciento de los centros vecinales según los números oficiales.
Ayer se desarrolló la 32da sesión del año. Sólo restan tres. Pero en la sesión de ayer el oficialismo no pidió la preferencia de dos sesiones que acostumbra pedir para llevar la iniciativa a votación. En este escenario, la bancada mayoritaria sólo podría aprobar el proyecto en las sesiones que restan con una mayoría agravada o solicitando la preferencia para abordar el asunto durante la última sesión del 2019. Desde luego, aprobar un cambio de esta clase en la legislación electoral en la última sesión resultaría, cuanto menos, muy desprolijo, y conseguir el apoyo de dos tercios de la cámara cuando en más de cinco oportunidades no se logró reunir la simple mayoría absoluta resulta muy improbable.
El otro tema que parece estar escapando a la agenda 2019 es la iniciativa que busca instaurar el cupo trans en la Municipalidad.
Originalmente elaborado por la concejala Nadia Fernández, de Hacemos por Córdoba, el proyecto no contemplaba un cupo, sino una estructura de contención de otra naturaleza. Pero la iniciativa sería luego “usurpada” por la edil mestrista Miriam Acosta, presidenta de la Comisión de Género del Concejo Deliberante, que sustituyó el texto original por la instauración de un cupo del 3 por ciento para personas trans en los planteles municipales.
En la sesión de ayer, en un episodio confuso, se pidió la preferencia de dos sesiones para el tratamiento de proyecto pero no logró ser aprobada, con lo que el tiempo para lograr la sanción de esta iniciativa también parece haber quedado prácticamente agotado.
