Por Felipe Osman
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Aunque la heterogeneidad de su bancada ha representado un obstáculo para el ofi cialismo casi desde su conformación, allá por 2015, las difi cultades de Juntos por Córdoba para aunar voluntades en el recinto se ha ido exacerbando con el tiempo y hoy, tras la ruptura del espacio previo a las elecciones del 12-M y la categórica derrota a manos del PJ que esto facilitó, la falta de cohesión entre los ediles de la alianza UCR-PRO alcanza uno de sus mayores picos.
Sin un liderazgo fuerte detrás del cual encolumnarse y con Ramón Mestre próximo a abandonar el Palacio 6 de Julio, dentro del recinto se empieza a cocinar la construcción de un gran bloque opositor que durante los próximos cuatro años sirva como vidriera para dirigentes que esperan pegar el salto hacia roles de mayor protagonismo dentro de la política local, pero también a disputarse espacios puertas adentro de la UCR. La situación, desde luego, hace mella la capacidad de cohesión de la bancada mayoritaria -que nunca fue demasiado buena-, y si esto no resulta ahora más evidente es porque con muy buen tino el oficialismo decidió (y logró) desembarazarse de las votaciones más controversiales antes de las elecciones municipales. Sin embargo hay por estos días algunos asuntos atascados en el Concejo Deliberante, y parece haber también una recurrente intención de la bancada oficialista (o de parte de ella) de insistir con iniciativas sin reunir las voluntades necesarias para su aprobación, llevándolas al recinto, haciéndolas regresar a comisión y votando preferencias para su tratamiento en sesiones próximas en las que el círculo vuelve a comenzar. Todo esto sin resultados aparentes, o a la espera de que en una de esas sesiones, gracias la ausencia circunstancial de ediles de la oposición, una composición no representativa de la cámara termine dando al oficialismo la ventaja que no puede construir por medios propios. Uno de estos asuntos es la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2018 o, en otras palabras, el aval del Legislativo hacia la ejecución presupuestaria realizada por el Ejecutivo durante el año pasado. Puesto a consideración del recinto por primera vez en la sesión del jueves 26 de septiembre, desde la propia bancada oficialista se interrumpió la presentación que Aníbal de Seta -presidente de la comisión de Economía- hacía del tema para pasar a un cuarto intermedio. Al cabo de este, Juntos por Córdoba decidió que regresara a comisión y voto la preferencia para su tratamiento en la sesión del jueves 3 de octubre. Pero llegada la cita, el resultado fue el mismo. El oficialismo advirtió -sobre la marcha- que no lograba las adhesiones necesarias para aprobar, pidió el regreso a comisión y volvió a votar la preferencia. Este es el mismo proceder que la bancada mayoritaria ha adoptado en relación al proyecto que busca modificar el régimen electoral de los centros vecinales, que estuvo a punto de pasar a votación en cuatro oportunidades para ser devuelto a comisión en cada una de ellas. En relación a este proyecto, la comisión de Legislación Social recibió ayer al director municipal de Políticas Vecinales, Jaime Juaneda, que volvió a criticar la iniciativa impulsada por los ediles Héctor Carranza, Juan Balastegui y Gustavo Fonseca. Juaneda negó que el proyecto surgiera de la gestión mestrista y resaltó que ni la Secretaría de Gobierno ni la oficina que él conduce tuvieron participación en su redacción, criticó que en la confección de la iniciativa tampoco se hubiera dado participación a los centros vecinales y pidió su rechazo y archivo por “inconsistencia jurídica”.
