La Municipalidad de Córdoba ganó una batalla en su guerra en contra de Uber. Ayer, la firma decidió suspender temporalmente sus actividades para, según expresó en un comunicado, proteger a los conductores de las multas exorbitantes que se fijaron.
La empresa comunicó que priorizará la búsqueda de consensos. “Desde hace más de un año y medio estamos construyendo puentes con autoridades locales y actores de la vida política de Córdoba. Esa construcción sigue en marcha, pero para que rinda frutos y permita avanzar, hemos decidido limitar la disponibilidad de la aplicación en Córdoba, protegiendo a nuestros socios de sanciones ilegítimas e inaplicables a su actividad”, detalló.
Así, a dos semanas de su activación, la plataforma que le posibilitó a unas 30 mil personas generar ingresos dejó de funcionar.
Las sucesivas marchas de taxistas y remiseros y el respaldo que lograron por parte de la clase política sepultaron, por ahora, la posibilidad de que los cordobeses accedan a nuevas opciones para trasladarse.
Los planes de la firma para Córdoba generaron decenas de protestas de amarillos y verdes y septiembre comenzó con cortes de calles y bloqueos en la ciudad.
El intendente Ramón Mestre negó que hubiera presentaciones formales, pero la calma no duró: el 9 de este mes, Uber confirmó su desembarco y taxistas y remiseros expresaron su descontento bloqueando los ingresos al aeropuerto y a la terminal y complicado el tránsito en distintos puntos de la ciudad.
Mestre arremetió. Adelantó que los agentes de control de tránsito ya tenían la orden de secuestrar vehículos y que la Municipalidad acudiría a la Justicia.
Pocos días después, la Cámara Contencioso- Administrativa de 2ª Nominación hizo lugar al amparo presentado por la comuna y detuvo el giro de Uber alegando que el transporte público de pasajeros está regulado por ordenanzas.
Derecho privado
Aunque reconoció que la modalidad de que implementa Uber podría estar contemplada en el derecho privado para conductores y usuarios, el tribunal estableció que su funcionamiento impone nuevas regulaciones.
Cuando los secuestros de rodados comenzaron a concretarse, un chofer cuestionó el decisorio del Judicial argumentando que la aplicación no es un servicio público.
En esa línea, sostuvo que no está prohibida a nivel nacional, provincial o local y precisó que los artículos del ordenamiento común que rigen el contrato de transporte no establecen que para celebrarlo y ejecutarlo se requiera permiso o licencia del Ejecutivo de una ciudad.
Debate
La semana pasada, el Concejo Deliberante subió las multas para los denominados “socios conductores” de la compañía norteamericana, que superarán los $ 72.000 y
Sin las voluntades de Laura Sesma y Abelardo Losano, el radicalismo acató la manda anti Uber de Mestre.
El peronismo votó con matices: Esteban Dómina, Adrián Brito y Natalia de la Sota estuvieron en contra de reactivar las sanciones.
El jefe del bloque de Hacemos por Córdoba estimó que la complejidad del tema exige análisis, porque se trata de una ordenanza que impactará en la futura gestión.
La hija del ex gobernador José Manuel de la Sota también propició abordar el asunto con tiempo y Brito pidió hilar más fino y debatir las nuevas aplicaciones.
Martín Carranza, el abogado del chofer de Uber que apeló la cautelar de la Justicia que ordenó la suspensión de la plataforma, declaró que los ediles que avalaron la suba de sanciones están moral, jurídica y socialmente “del lado equivocado”.
“Los requisitos que exige la ordenanza, más allá de las aplicaciones, son los mismos mecanismos de seguridad que tiene un chofer de Uber y las mismas condiciones personales”, añadió.
También argumentó que si la Municipalidad de Córdoba quiere reglamentar la prestación de brinda Uber, puede hacerlo porque tiene la facultad.
A su turno, al objetar la medida que dictó el fuero Contencioso Administrativo, el letrado sostuvo que la actividad de Uber se enmarca en la denominada “economía compartida”, que implica nuevas formas de ejercer el derecho de propiedad.
En la misma línea, al criticar la visión de algunos ediles, reiteró que Uber no es ilegal porque la actividad implica un uso y goce legítimo de los derechos de la propiedad privada.
Incógnita
Mientras la suerte de Uber en Córdoba es una incógnita, en Estado Unidos la firma está probando unificar sus servicios de transporte y entrega en una misma aplicación.
Además, introdujo novedades y estímulos para los usuarios y se enfocó en la seguridad, un aspecto que genera desafíos en algunas regiones del mundo.
Uber quiere cerciorarse de que el pasajero está abordando el vehículo correcto. Con ese fin, ahora el cliente podrá solicitar un PIN que deberá ser ingresado por el conductor para poder iniciar el viaje.
También ofrecerá la opción de informar problemas durante el trayecto y en algunas ciudades del mundo será posible mandar un mensaje de texto a servicios de emergencia.
