Por Yanina Passero
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El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, prometió a su sucesor en el cargo, Martín Llaryora, que no tomaría decisiones que impacten en la futura administración, en especial, aquellas que impliquen compromisos salariales. El cumplimiento de su palabra generará repercusiones políticas.
La presunta buena voluntad del radical invitó al Suoem a declararse en estado de alerta por las bonificaciones salariales y prolongaciones de jornadas que no fueron autorizadas de manera anual, cada mes de septiembre, como es habitual.
Sucede que el radical firmó un decreto que, en vez de aliviar el desembarco del peronismo en el Palacio 6 de Julio, tendrá a la comisión directiva del sindicato en niveles de movilización que no se observaron en el último tiempo. A las exigencias públicas por la renovación de 200 contratos y las efectivizaciones de 78 agentes, el gremio espera que Mestre extienda los plazos del último decreto Nº 2.382 que firmó e involucra casi el 50% de los ingresos brutos de los empleados públicos.
El responsable del gobierno de la ciudad autorizó el pago del plus salarial sólo hasta el 9 de diciembre. En concreto, la medida adoptada respeta el marco legal vigente pero trae a cuento consideraciones políticas porque el gremio comandado por Beatriz Biolatto y Daniel Fernández entiende que la administración peronista no autorizará pagos salariales sin antes haber analizado las cuentas públicas.
El pasado jueves, el Intendente prorrogó la vigencia del decreto 133 publicado el 25 de enero de este año, a través del cual “autorizó, de modo excepcional, a la Subsecretaría de Recursos Humanos, a disponer de la continuidad del pago de los haberes al personal contratado y transitorio, y de las bonificaciones especiales y por prolongaciones de jornada establecidas en los artículos 8 y 15, respectivamente de la Ordenanza Nº 7974, por el período comprendido entre el 1º de enero al 30 de abril de 2019”.
En la oportunidad, la medida se había tomado con el objetivo de que los municipales no sufrieran atrasos en los pagos por problemas burocráticos. Además, aliviaba el gasto público que producían las demoras una vez iniciados los reclamos administrativos y, por último, evitaba protestas sindicales por las dilaciones salariales.
Al menos las prolongaciones y bonificaciones de diciembre quedarán boyando en el limbo de la transición municipal. Es por eso que el Suoem terciará por un “lugar” en la mesa de trabajo UCR-PJ que comenzará a funcionar oficialmente hoy.
Pero lo cierto es que se abre un escenario de incertidumbre porque el equipo de Hacemos por Córdoba se limitará a recibir información, pese a que tendrá que atender estos asuntos apenas asuman la conducción del municipio.
Esto es, no opinarán bajo ningún punto de la gestión mestrista. La comisión que quedará inaugurada hoy respetará a raja tabla la máxima del “silencio respetuoso” que pidió Llaryora. El PJ se limitará a recibir los informes que el mestrismo viene preparando desde hace unas semanas en materia de personal, finanzas públicas, conflictos legales, entre otros temas.
Saben que explotarán conflictos y reconocen que el Suoem les demandará la atención que ya empezaron a reclamar con la amenaza de asambleas hasta fin de año. De hecho, fuentes sindicales confirmaron a Alfil que en el transcurso de esta semana engordarán la agenda de reclamos/preocupación surgidas del cambio de signo político en el municipio.
