Por Gabriela Origlia
El proyecto para reperfilar la deuda ya está en el Congreso y mañana el ministro Hernán Lacunza estará en Washington para empezar su serie de reuniones con organismos internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno ya descuenta que el próximo desembolso de la institución llegará después de las elecciones más allá de que el oficialismo insiste en que el acuerdo -en la etapa auditada- se cumplió.
Desde después de las PASO, en cambio, se convirtió el letra olvidada. Primero por las medidas para intentar alentar el consumo que pusieron fin a la meta de déficit y, hace unos días, cuando el presidente del Banco Central sacó del freezer la otra que quedaba al anunciar que habrá emisión.
En la iniciativa que debe analizar el Congreso el Gobierno menciona una extensión de plazos para el pago de la deuda que sea “amigable” y voluntaria y no incluye -como se anunció- quita de capital ni de intereses. Sin embargo, las calificadoras de riesgo creen que terminará habiendo esa quita. Por ejemplo, Fitch sostiene que los tenedores de bonos argentinos tendrán que asumir un recorte, ya que el nivel de endeudamiento del país hoy es “insostenible”.
“Uno de los problemas que ha tenido Argentina es que sus necesidades de refinanciamiento han sido muy altas en el lado interno, por lo que la deuda se acortó cada vez más y se hizo más difícil de refinanciar con vencimientos largos”, afirmó Charles Seville, director senior de Fitch a Reuters.
En un análisis de Moodys también mencionó que son muchas las posibilidades de pérdidas para los bonistas; espera quitas para los bonos de mediano y largo plazo no mayores al 20%. Insiste en que el panorama fiscal de los próximos dos a tres años va a depender de la renegociación del acuerdo con el FMI y del resultado de la restructuración de deuda de mediano y largo plazo.
Por supuesto, estas posiciones de las calificadoras agregan dificultades a las que ya tiene la economía. En los últimos días recrudeció la preocupación del Gobierno por la falta de oferta de dólares (incluso trascendieron contactos con el campo para empujarlo a liquidar porque sino podría haber alza de retenciones).
Esos contactos tuvieron resultados; según la Dirección de Mercado Agropecuario desde comienzos del mes, el promedio de las declaraciones juradas venía siendo de alrededor de 460.000 toneladas pero el jueves saltó a 3,16 millones de toneladas, es decir 15 veces más.
Los analistas estiman que entre soja, maíz y trigo los productores tienen aún sin comercializar mercadería por unos US$10.000 millones. Según los datos de Ciara-CEC, en agosto los exportadores liquidaron divisas por US$2.266.086.002, una suba de 0,53% con respecto a julio último y un 41,2% más respecto de igual mes de 2018.
Los controles cambiarios generaron, como era de esperar, inconvenientes que desde la Rosada intentan paliar con resoluciones sectoriales. Las empresas reclaman porque necesitan más dólares; después de mucho trámite, los inmobiliarios consiguieron que se liberen US$100.000 a quienes tienen un hipotecario (que, por diez meses, no podrán usar su cupo de compra de divisas).
Prácticamente todos los sectores económicos del país están pidiendo, por separado, que lo declaren en emergencia. El camino más apropiado, tal vez, sería una sola a nivel nacional e intentar buscar una salida. Claro que la propia experiencia marca que la Argentina no funciona bien en ese tipo de situaciones: dos semanas pasaron ya desde que se empezó a hablar de un bono compensatorio para trabajadores privados.
Iba a ser “rápido” -según admitió el propio ministro Dante Sica- por el impacto de la devaluación y aceleración post PASO en los ingresos. Hasta ahora, no hay avances. Siguen las reuniones pero sin que se divise una salida.
El poco más de un mes que falta para las elecciones será -desde la percepción económica y política- más largo. La actividad está frenada y ya hay impacto en el mercado laboral; los indicadores sociales se resienten y el combo genera más mal humor social y movilización.
