Gestión macrista en Justicia bajo fuego

Al igual que Fernández de Kirchner, Macri podría dejar el poder sin dar respuestas a la problemática del sistema penitenciario.

Hace mucho más de una década que se denuncian las deficientes condiciones de alojamiento de los internos del sistema federal, pero las preocupaciones al respecto se exacerbaron durante el año electoral. Algo similar sucedió con otras problemáticas, como los padecimientos de las personas sin hogar.
En marzo, la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional se pronunció en el marco de un habeas corpus colectivo y determinó la emergencia en el sistema por el aumento sostenido de ingresos.
En ese momento, según datos oficiales, la cantidad de presos había subido un 35 por ciento y para el tribunal, en resumen, las cárceles del país no son aptas para la condición humana.
El Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia, reconoció el agravamiento del cuadro, propiciado por la Ley de Flagrancia.
Ante ese panorama, Germán Garavano declaró la emergencia penitenciaria por tres años.
En junio, el titular de la Procuración Penitenciaria Nacional, Francisco Mugnolo, detalló que durante 2018 se llegó al récord histórico de internos y que la superpoblación ronda los dos mil.
El mes pasado, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, dictó una resolución de política criminal: pidió que los jueces agilicen pedidos de libertad o morigeración de encierros.
“El incremento notorio de la cantidad de personas privadas de libertad en el sistema de enjuiciamiento criminal federal ha llevado a que el hacinamiento, con las múltiples violaciones de derechos que engendra, sea puesto en evidencia en cada relevamiento de centros de detención”, argumentó.
El reclamo de la funcionaria -que tiene detractores, como los grupos que luchan por los derechos de las víctimas de delitos y claman por “mano dura”- incluyó un pedido concreto a sus subordinados, para que soliciten más arrestos domiciliarios y uso de tobilleras; en especial, para grupos “particularmente vulnerables”.
Garavano hizo su propia lectura. Afirmó que el exceso de presos es circunstancial y que se debe combate efectivo de la criminalidad.
Paralelamente, dijo que la crisis se dio porque durante el anterior gobierno no se hicieron obras ni se habilitaron nuevos penales y, en esa línea, sostuvo que la Administración que integra tuvo que “salvar” ese pasivo.
Esta semana, el ministro recibió malas noticias: el proyecto de reforma del Código Penal, una de las iniciativas en materia de Justicia más promocionadas, recibió duras críticas.
En el Senado, durante la primera ronda de exposiciones sobre el nuevo ordenamiento, el defensor público Santiago Marino Aguirre pronosticó que el cambio “va a triplicar la cantidad de presos”. Otros especialistas se pronunciaron en sentido similar.
“Van a obligar a los jueces a hacinar gente y vamos a incumplir los tratados internacionales”, disparó el letrado, que cuestionó que los arquitectos de la modificación legislativa no hayan formulado una proyección de cuánta gente podría ir presa si se aplican penas más altas.
“La regla es ‘todos a cumplir’ y la consecuencia serán miles de presos”, sentenció.

PASO
Hace casi tres años, el caos que llegó a los medios en la previa de las PASO ya reinaba.
En noviembre de 2016, horas después de que el juez Miguel Vaca Narvaja hiciera lugar al hábeas corpus presentado por el fiscal Enrique Senestrari y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) a favor de los internos de Bouwer y del penal de Cruz del Eje, ordenando mejoras urgentes en ambos complejos, Mugnolo expuso en la Cámara Alta y alertó sobre la importancia de contar con cifras para desactivar la bomba de tiempo que parece haber explotado:
la superpoblación.
“Alguna vez se creyó que sacando los datos de escena el problema se terminaba, pero se potenció”, afirmó.
Mugnolo, un radical nombrado por Fernando De la Rúa, siguió en su cargo durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quien dejó la presidencia sin tomar medidas efectivas para revertir la penosa situación que se vive en las cárceles, un panorama que podría repetirse con Mauricio Macri.
La ex mandataria intentó desplazar a Mugnolo en el 2008. En esa oportunidad, el Senado aprobó el nombramiento de Silvia Martínez, pero Diputados frenó su nombramiento, luego de que varias ONGs y organismos de derechos humanos objetaran su postulación, por haber adherido a un documento de la Comisión de Cárceles de la Defensoría de la Nación que negaba que la tortura fuera una “práctica sistemática”.
Además, a la candidata se le cuestionó carecer de trayectoria en la materia y haber mantenido una posición “pública y explícita” en contra de la investigación sobre maltrato carcelario que Mugnolo difundió a fines del 2012.

Desmentida oficial
Cabe recordar que Martínez le remitió al diario Página/12, que había publicado aquel relevamiento, una “desmentida oficial” desde su cargo en la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.
En el 2013, el kirchnerismo creó por ley el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con un comité integrado por 13 miembros. Como uno de ellos es procurador Penitenciario, la función de Mugnolo –y la de la repartición que encabeza, que funciona desde 1993- quedó casi diluida.