El gremialismo y su lista ponen a Saillen en cuarentena

De todos los espacios gremiales sólo uno respaldó a los Saillen: la CGT R. P., que ellos conducen. Los compañeros de lista eluden el asunto, a la espera de instrucciones porteñas, pero el silencio que llega desde Bs. As. hace imaginar una sola estrategia: el repliegue. Con dos bancas y un pase al Ejecutivo, Pablo Chacón entra.

Por Felipe Osman
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El Frente de Todos diseño, al principio de la campaña, una hoja de ruta en la que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se repartían el mapa argentino. El plan, desdoblarse para que cada uno pudiera concentrar esfuerzos allí donde más dividendos pudiera conseguir con sus actos de campaña. Desde ese momento cero, CFK tenía “vetada” su entrada a Córdoba. En Córdoba construiría, por obvias razones, Alberto.
La idea era deskirchnerizar al Frente de Todos en la provincia más hostil al kirchnerismo. Sacar del imaginario del votante las imágenes más repudiadas (principalmente por la clase media) de la era K y mostrar a esta nueva mutación de Unidad Ciudadana como algo diferente, algo capaz de esquivar –al menos parcialmente- el veto cordobés a Cristina.
Las múltiples visitas de A. Fernández a Córdoba empezaron a conseguirlo. Las PASO arrojaron un gran resultado para la fórmula presidencial (30,39 por ciento), y un resultado más que respetable para la lista (23,22 por ciento). Pero las peripecias de los Saillen frente a la Justicia, con allanamientos, detenciones e incautaciones, amenazan con revertir este proceso.
En este marco, los líderes del Surrbac pensaron en echar mano a una estrategia harto repetida desde el penal de Ezeiza: la jugada política, el “lawfare”. Según esta línea discursiva la Casa Rosada habría usado a la Justicia Federal para perseguir a sus adversarios. Pero para que este discurso “pique”, deben darse algunas condiciones que, al menos de momento, parecen ausentes en el caso puntual.
En primer lugar, los funcionarios judiciales a cargo de la “ofensiva” deben ser acérrimos seguidores del gobierno de turno. Esto no sucedió. El fiscal a cargo es Enrique Senestrari, miembro de Justicia Legítima y declarado opositor al Gobierno Nacional.
Pero aún más importante: todos los compañeros deben repetir, a coro, el argumento esgrimido por las “víctimas” de la presunta persecución judicial. Estos respaldos son los que hoy brillan por su ausencia.
Dentro del Frente de Todos nadie ha salido a alimentar esta tesis. Por el contrario, eluden cualquier declaración y minimizan su participación en las redes sociales a la espera de que desde Buenos Aires se coordine una estrategia defensiva o se fije una línea de acción conjunta.
Pero desde Buenos Aires no parece haber respuesta. Y en base a esto se tejen distintas hipótesis. La primera, que los comandos de campaña porteños prefieren dejar enfriar el asunto. Que pasen algunos días, el tema decante, y de ahí en más, con un escenario más calmo, se fije un curso de acción.
La segunda, que bien podría convivir con la anterior, es dejar en un definitivo segundo plano a la lista. Soltar el lastre en Córdoba, y no insistir con actos de campaña junto a los candidatos a diputados del Frente de Todos.
Hacerlo, entienden, no dejaría a ningún herido de relevancia, ya que Pablo Chacón, que comprometió sus relaciones con el gobierno provincial para participar de la lista k y que quedó a escasos puntos de llegar a una banca en el Congreso entraría si se lograra incluso menos que repetir la performance de agosto y Eduardo Fernández subiera a algún puesto en el Ejecutivo.
Así, todos los compromisos nacionales quedarían saldados: Eduardo Fernández entraría por el albertismo, Gabriela Estévez por el kirchnerismo duro y Chacón por el massismo.
Quien quedaría afuera sería Franco Saillen, al que entusiasmaba una mejoría en los números de la lista que habilitaran su llegada al Congreso tras el pase de Eduardo Fernández al Ejecutivo. Si esto no sucede, entienden desde Buenos Aires, los costos serían pagados por quien los generó.
Pero no sólo el Frente de Todos, con su silencio, profundiza la soledad de los líderes del Surrbac. El gremialismo, en su gigantesca mayoría, tampoco ha comprado la “tesis Saillen” de la persecución judicial. De todos los espacios gremiales que cohabitan en Córdoba sólo la CGT Rodríguez Peña, que el propio Mauricio Saillen lidera, lo ha “respaldado”. El otro aval vino de Luz y Fuerza Córdoba, que dirige Gabriel Suárez, número dos de Saillen en la referida central.
El resto de los espacios gremiales se abstienen de cualquier declaración, y repreguntados, apenas si algunos responden “es un asunto de la Justicia”. Una frase que, interpretada al pie de la letra, no hace otra cosa que refutar la idea de una persecución judicial.