Por Pablo Esteban Dávila
Las resonantes detenciones de Mauricio Saillen y su vice Pascual Catrambone, líderes del poderoso sindicato de recolectores de Córdoba, promete tener importantes consecuencias políticas. Más allá de los ilícitos que se les imputan y de que, como cualquier ciudadano, gozan de la presunción de inocencia, es insoslayable suponer que ambos han ingresado, simbólicamente, en la misma línea del mani pulite sindical inaugurada por Omar “Caballo” Suárez, Juan Pablo “Pata” Medina, Marcelo Balcedo y Herme “Vino Caliente” Juárez.
Por de pronto, la noticia impacta duramente en el legislador Franco Saillen, hijo de Mauricio. Franco es actual candidato a diputado nacional por el Frente de Todos y uno de los referentes del kirchnerismo en la provincia. Aunque no se encuentra imputado y no debe colegirse sospecha alguna sólo por un tema de consanguineidad (un argumento siempre totalitario), la opinión pública suele no reparar en ese tipo de minucias jurídicas. Es un candidato que, amén de sus propuestas, tendrá que responder, en adelante, preguntas incómodas.
Algunas ya hay comenzado a llegar. Desde Buenos Aires algunas espadas de Alberto Fernández han pedido ampliaciones de lo sucedido ayer. El presidenciable se encuentra obsesionado por recomponer la relación con Córdoba y un suceso de este calibre no lo ayuda. Casualidad o perversión, donde hay un hecho de corrupción siempre parece haber un kirchnerista. Es una asociación que puede afectarlo en el tramo decisivo de su carrera hacia la Casa Rosada.
El problema para el campamento K es que no puede culparse a Mauricio Macri ni a nadie por las detenciones. Mal que pese, la decisión se encuentra muy lejos de la política y del proceso electoral en curso. El fiscal a cargo de la causa e impulsor de la medida es Enrique Senestrari, de reconocida militancia en Justicia Legítima y abiertamente kirchnerista. Puro fuego amigo. Nadie en el oficialismo se imaginaba una bomba de este calibre y detonada, mucho menos, por un funcionario en las antípodas del presidente. Tampoco los Saillen, como queda claro.
Tras las escandalosas revelaciones que comienzan a conocerse es inevitable que aparezcan múltiples interesados en hacer leña del árbol caído, no solamente desde el macrismo. En este sentido, la lista corta de Hacemos por Córdoba podría intentar utilizar sus influencias para sugerir, dentro del intrincado sistema de vasos comunicantes del peronismo, el abandono del barco K contaminado por el escándalo y mejorar, de tal manera, sus chances de lograr una tercera banca. Frente a los previsibles embates, una eventual renuncia de Saillen a su candidatura probablemente no haría gran cosa para recomponer la imagen de la lista que encabeza Eduardo Fernández.
Pero existe una derivación aún más notable, estructural. El episodio pone en entredicho la legitimidad del Surrbac y golpea duramente su centro nervioso. No obstante que todavía es prematuro predecir hasta donde afectará todo esto a su vida institucional, es un hecho que se verá ampliamente resentida. Los Saillen han configurado el gremio a la usanza endogámica, casi una empresa familiar, por lo que el asunto de los relevos internos es, en estos momentos, una materia vidriosa.
Alguna dificultad en su motricidad fina pudo advertirse ayer mientras se desarrollaban los operativos ordenados por Bustos Fierro. Tras una primera reacción decididamente combativa, con el paso de las horas la belicosidad del sindicato pareció remitir, pasando de una amenaza de huelga general al anuncio del estado de alerta y movilización. Aunque todo puede suceder, no es seguro que sus potenciales protestas cuenten con la necesaria licencia social para perdurar en el tiempo. Los ciudadanos no están preparados para aceptar, sin más, la aparente prosperidad de los sindicalistas, muchos menos que se les complique la vida para mantenerlos impunes bajo el pretexto de la defensa de los trabajadores.
Si las detenciones se confirman el Surrbac ingresará en un complejo período de reajuste, lo que, en buen romance, significa que el gremio sufrirá un debilitamiento relativo. Esta es una buena noticia para el intendente electo, Martín Llaryora quién, en materia gremial, asumirá con una situación bien distinta a la que les tocó enfrentar a sus antecesores. Es una confirmación de su fama de ser un hombre de suerte.
En efecto, los tres jinetes del apocalipsis sindical ya no son lo que eran. La presente crisis del imperio de los Saillen se suma a los problemas que atraviesan los otros dos gremios que, cada uno a su turno, se las arreglaron para poner de rodillas a la Municipalidad de Córdoba en más de una ocasión. También la UTA y el SUOEM se encuentran con dificultades importantes para mantener su linaje contestatario.
La UTA fue víctima de su propio caos intestino. Tras el inconcebible paro del chofer Marcelo Marín a mediados de 2017 -irresponsablemente secundado por muchos colectiveros y al margen de la secretaría general del gremio-, la conducción nacional dijo basta e intervino la seccional cordobesa para algarabía del municipio y de los usuarios. Desde aquel entonces el sindicato ingresó en un inesperado interregno de razonabilidad que todavía hoy perdura. La actual mandamás, Carla Esteban, ha logrado el milagro de pasar desapercibida en la opinión pública. Sólo Google parece guardar adecuado registro de su liderazgo.
El SUOEM, por su parte, sufre los dimes y diretes de su máximo conductor, Rubén Daniele. Los municipales supieron atar su suerte al histórico dirigente y, sin quererlo, firmaron un cheque en blanco al Departamento Ejecutivo. Cuando el intendente Ramón Mestre lo jubiló de prepo todo el andamiaje interno se vino abajo. El gremio, simplemente, no tenía sucesión. La estrategia, ejecutada de apuro, de entronizar a Beatriz Biolatto a la usanza de Héctor Cámpora se reveló como fútil. Dos años después de la maniobra Biolatto continúa a disgusto en la Secretaría General mientras que Daniele, lejos de sucederla con pompa y circunstancia, se encuentra juntando los papeles de su retiro. Puede que la generosa política municipal en cuanto a incrementos salariales haya contribuido a la pax que goza el Palacio 6 de Julio actualmente, pero no puede negarse que esta orfandad ha obrado como efecto balsámico.
Llaryora es, por consiguiente, el principal beneficiario de lo requerido por Senestrari y refrendado por Bustos Fierro. El suyo será, inicialmente, un cogobierno con la justicia federal. Esto le proporcionará solaz y enfoque en sus primeros 100 días que, como la evidencia lo certifica, son claves para soldar las alianzas implícitas que requerirá su gestión. El resto dependerá de él y de su mentor, el gobernador Schiaretti, no obstante que el primer paso será con el pie derecho. Ni la UTA ni el SUOEM lo complicarán en demasía; ahora tampoco pueda que lo haga el Surrbac. Debería aprovecharlo.
